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Consejo de Estado admite demanda de nulidad presentada por Gustavo Petro

La decisión fue tomada luego de la Corte Suprema de Justicia dijera que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH eran de obligatorio cumplimiento.

10 de abril de 2014 Por: Elpais.com.co | Colprensa

La decisión fue tomada luego de la Corte Suprema de Justicia dijera que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH eran de obligatorio cumplimiento.

El Consejo de Estado admitió en la mañana de este jueves la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. Lea aquí: Medidas cautelares de la Cidh son obligatorias: Corte Constitucional El alto tribunal remitió la solicitud de medidas cautelares a la Procuraduría para que esa instancia se pronuncie. Esto lo que significa es que el alto tribunal no adoptará ninguna medida de manera urgente en favor del exalcalde, pero no se descarta más adelante. Como respuesta ante la admisión de la denuncia, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, insistió en que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no son de obligatorio cumplimiento cuando no se trate del derecho a la vida. Ordóñez señaló que en su criterio, “las decisiones reiteradas de la Corte Constitucional hacen referencia al derecho a la vida y a la integridad personal pero no a los derechos políticos”. Según indicó, “no hay antecedentes de decisión judicial respecto a los derechos políticos y por eso no es aplicable esos precedentes”. Ordóñez insistió en que sí el estado Colombiano hubiera aceptado las medidas que la CIDH le dio al hoy destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entonces habría “un desquiciamiento” del ordenamiento jurídico. El Procurador se pronunció sobre este tema luego que el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, explicara, sin referirse directamente al caso Petro, que las medidas sí hacen parte del Bloque Constitucionalidad y en ese sentido son de obligatorio cumplimiento. Preguntado al respecto, Ordóñez estimó que lo que dijo Vargas Silva “es cierto referido al derecho a la vida y a la integridad personal”. Además, Ordóñez se ratificó en su postura en el sentido de que las medidas cautelares no son obligatorias por estar en el reglamento de la Comisión y no en la Convención Americana.

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