Consejo de Estado aceptó demanda contra reelección del Procurador

El jurista Rodrigo Uprimmy, quien instauró la demanda, asegua que se habrían presentado varias irregularidades en el proceso de votación y posterior elección del procurador Alejandro Ordóñez como jefe del Ministerio Público.

El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda contra la elección para su segundo período del Procurador General de la Nación, Alejando Ordóñez Maldonado. El pasado 22 de marzo, el magistrado Alberto Yepes Barreiro de la Sección Quinta de la Corporación, aceptó la demanda presentada por 10 juristas, en cabeza de Rodrigo Uprinmy, cuya pretensión principal es que se anule el acto administrativo por el cual el Senado de la República eligió a Ordóñez Maldonado como Procurador General en la sesión del Senado el día 27 de noviembre de 2012. Esto porque se habrían presentado varias irregularidades en el proceso de votación y posterior elección de Ordóñez como, por ejemplo, que en esa sesión no se tuvo en cuenta la declaratoria de impedimento por conflicto de intereses que manifestó un grupo de congresistas porque tenían familiares trabajando en la Procuraduría. “Aunque se plantearon 28 recusaciones y 39 impedimentos para tal ocasión, ninguno de ellos prosperó, aun cuando el mismo Procurador General de la Nación, Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, confirmó que 12 parlamentarios tenían abiertos procesos disciplinarios al momento de la elección y que varios congresistas tienen familiares y personas cercanas trabajando en la Procuraduría”, afirma la demanda. Igualmente, la demanda afirma que al menos 59 senadores que votaron a favor de Ordóñez, de un total de 80, al momento de la elección tenían algún conflicto de interés, por lo que pide que estos votos sean restados. El demandante, además, argumenta que Ordóñez no podía ser ternado por la Corte Suprema de Justicia, puesto que familiares de varios magistrados se desempeñan en el Ministerio Público. “(…) Al haber nombrado a familiares de quienes eran competentes para intervenir en su reelección como Procurador, quedó inhabilitado para ser reelegido como Procurador, pues con esos nombramientos se afectan los principios de transparencia, moralidad administrativa, imparcialidad, la igualdad y eficacia. El señor Alejandro Ordóñez nombró en la Procuraduría a familiares de personas que eran competentes para intervenir en su reelección como Procurador, dice el texto. Un tercer argumento señala que la postulación Ordóñez a la terna del Procurador por parte de la Corte Suprema no contó con la mayoría de votos válidos por obtener supuestamente sólo 14 de un mínimo necesario de 16. “Aunque en las actas consta una votación a su favor de 17 votos, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia que votaron a favor emitieron su voto con violación al artículo 126 de la Constitución y a pesar de la existencia de un conflicto de intereses; por lo tanto, estos votos deben restarse de la mayoría obtenida en un principio”, dice el texto. De acuerdo con la demanda, “se puede decir” que Ordóñez ha usado su facultad discrecional de nombrar funcionaros “para beneficiar en el acceso a cargos públicos a los familiares de las personas competentes que intervendrán para intervenir en su designación, específicamente a los familiares de los magistrados Javier Zapata Ortiz, Jorge Mauricio Burgos Ruiz, y la magistrada Ruth Marina Díaz y José Leonidas Bustos, quienes tenían la facultad de postularlo”. Aunque se aclara que Bustos no estuvo presente en el momento de la elección. La demanda admitida, única que ha prosperado hasta el momento, también solicita que se declare la nulidad del acto administrativo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia por el incluyó en la terna a Procurador a Ordóñez Maldonado.