Conflicto mantiene en grave crisis a miles de habitantes en Chocó

Abril 30, 2017 - 11:55 p.m. Por:
Redacción El País
Desplazados Chocó

Drama humanitario. En el Coliseo del Centro de Buenaventura permanecen 119 adultos y 35 niños que se desplazaron desde la cabecera del Bajo San Juan.

Henry Ramírez / El País

El confinamiento -restricción de la movilidad de miles de familias en varios municipios del Chocó- es la terrible realidad de una región que no parece vivir en este siglo. El mismo defensor del Pueblo, Carlos Negret, señala que este fenómeno no se vivía en el país sino solo esporádicamente.

¿La razón? El fortalecimiento del ELN en la región, así como de las Autodefensas Gaitanistas y de otras bandas delincuenciales que se dedican al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. ¿Las consecuencias? Falta física de comida, dificultades para cazar y recolectar y vulneración de derechos.

De 4605 familias afectadas por el confinamiento, 706 se ubican en el Bajo Calima, 2092 en el Bajo San Juan; 518 en el Baudó, 317 en el Alto Atrato, 815 en el Bajo Atrato y 155 en la Costa Pacífica Colombiana. A estas familias se suman 977 que se han tenido que desplazar forzadamente en lo que va del año. En total: 21.718 personas afectadas.

De hecho, el alcalde del Litoral de San Juan, Willinton Ibargüen, anunció que decretó la urgencia manifiesta porque “estamos en un 60 % en confinamiento”.

“Las comunidades están prácticamente sin alimentación. No han podido ir a sus parcelas y estamos muy preocupados. El alcalde está amenazado, la personera también, queremos una reunión con el director de la Unidad de Protección”, señaló.

En ese sentido, Ibargüen solicitó que haya un enlace de cada Ministerio directamente con el departamento para poder tener una respuesta efectiva y pronta de la situación.

Muchos de los desplazados han llegado a Buenaventura. En el Coliseo del Centro del puerto permanecen 119 adultos y 35 niños que se desplazaron desde la cabecera del Bajo San Juan.

Según el representante de esta comunidad, “tememos que ocurra una masacre como la de Carrá, Chocó, esa es una comunidad muy cercana a nosotros y por eso nos dio miedo quedarnos ahí”.

En marzo pasado cinco campesinos fueron asesinados en esa población. El Ejército atribuyó el hecho al ELN.

“Desde el 2014 se vienen presentando inconvenientes de orden público por enfrentamientos, hace un mes hubo uno y los niños de la comunidad lo presenciaron”, expresó el líder.

La Corte había alertado

Ya la Corte Constitucional había lanzado una alerta a comienzos de año, al advertir un cuadro generalizado de restricción a la movilidad de los grupos étnicos que habitan en el Bajo San Juan y Bajo Calima. Las cifras en el primer trimestre de 2016 eran más bajas, pero igual de preocupantes. En el municipio del Litoral del San Juan resultaron afectadas 4166 personas; en el Alto Baudó, 1604 personas; y en el Medio Baudó, 200 integrantes de comunidades étnicas.

En el Sistema de Alertas Tempranas-SAT, la Defensoría del Pueblo dio a conocer las graves afectaciones a la existencia física y cultural del Pueblo Indígena Wounaan de los municipios del Litoral del San Juan, Jurado, Bahía Solano, Nuquí, Istmina, Medio San Juan y Sipí-Chocó.

Esto, dijo la Corte, a raíz de la alta exposición de la población indígena a minas antipersonal y artefactos explosivos instalados por grupos al margen de la ley; la presencia de actores armados ilegales y la decisión de algunas comunidades indígenas de no volver a desplazarse; y los controles de ingreso y salida de personas, con el único objetivo de utilizar a las comunidades como escudos humanos durante los enfrentamientos.

Desnutrición y mortalidad

A este escenario se le suma un registro de, al menos, 16 niños fallecidos para mediados del 2016, pertenecientes a las comunidades indígenas que agrupan la Organización Indígena Orewa, según denunció dicha comunidad en una tutela que fue fallada a su favor por el Consejo de Estado.

De acuerdo con información que el Departamento Nacional Administrativo de Estadística (DANE) entregó en enero de este año al Consejo de Estado, la Tasa de Mortalidad Infantil en el departamento es de 43,35, mientras que la nacional es de 19,20, teniendo en cuenta cifras de 2014, las últimas disponibles.

Las tasas más altas registradas estuvieron en Bagadó, Lloró, Medio San Juan, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, el Medio San Juan e Istmina.
De acuerdo con información que el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) entregó al Alto Tribunal en enero en la regional Chocó de la entidad, se atendieron el año pasado 21.134 menores de edad de la comunidad Embera, 565 Embera Chamí, 1615 Embera Katío, 265 Tule y 643 Donan.

El ICBF indicó que “los porcentajes de desnutrición que presenta la población indígena son superiores a los promedios nacionales, siendo el pueblo Emberá él más afectado”.

Acnur lanzó alerta por desplazamientos

La Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, denunció que este año se han registrado seis mil desplazamientos y confinamientos en Chocó.

Además, alertó sobre el aumento de reclutamientos por parte de grupos armados y el riesgo que corren niños y adolescentes en esta zona del país.

“Ante la situación recurrente de desplazamientos forzados y confinamientos que se han presentado en estos primeros meses del año en toda la Costa Pacífica, Acnur reitera la importancia de garantizar una respuesta integral y coordinada entre las instituciones nacionales y locales”, se indicó en un comunicado.

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