Condenan a la Nación por tortura y muerte de miembros del ELN

Junio 21, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Condenan a la Nación por tortura y muerte de miembros del ELN

Varios de los soldados implicados en los hechos fueron ascendidos años después.

El Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional a pagar más de $734 millones por la tortura y muerte de varios integrantes el ELN ocurridos en noviembre de 1993.

El Consejo de Estado condenó a la Nación por la detención ilegal y tortura de la que fueron víctimas dos miembros del ELN y la muerte y tortura atroz de otro, entre el 2 y el 5 de noviembre de 1993 en Cúcuta (Norte de Santander). La Sección Tercera de ese tribunal condenó al Ejército Nacional a pagar más de 734 millones de pesos por los actos violatorios de los derechos humanos en que incurrieron militares que adelantaban un operativo para dar con el paradero de un ciudadano que había sido secuestrado. Se trata de integrantes del Grupo CAES del Grupo Mecanizado número 5 'Maza' del Ejército, que estaba al mando del entonces teniente, hoy mayor retirado, César Alonso Maldonado Vidales, que estaba preso por otros hechos en la cárcel La Picota de Bogotá luego de que intentara fugarse de la prisión militar de Tolemaida. En desarrollo del operativo, los miembros de la Fuerza Pública llegaron a un establecimiento comercial y detuvieron a tres personas, todos miembros del ELN; dos de ellos fueron conducidos y llevados al Grupo Mecanizado Maza y posteriormente liberados. Del otro detenido no se supo su paradero, hasta el 5 de noviembre cuando apareció muerto con visibles signos de tortura, en una zona despoblada a las afueras de Cúcuta. Según certificó el Instituto de Medicina Legal, fue incinerado vivo.De acuerdo con el Consejo de Estado, se demostró que los tres fueron víctimas de tortura y de tratos crueles e inhumanos por parte de dos tenientes del Ejército, posteriormente ascendidos al grado de capitán, uno de ellos llegó al grado de mayor; dos sargentos, y varios soldados voluntarios. La Sección Tercera señaló que aunque la Fuerza Pública se encontraba en cumplimiento de su deber, debía sujetarse a los mandatos de protección de los derechos humanos como estipula la Convención Americana de Derechos Humanos: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Por tanto, se configuró la falla en el servicio por el incumplimiento e inobservancia de los deberes y exigencias constitucionales, legales y del derecho internacional de los derechos humanos. En el proceso se demostró que la detención fue ilegal porque los supuestos guerrilleros nunca fueron presentados ante una autoridad judicial competente y se determinó que el procedimiento militar fue anormal, ilegal y desproporcionado, pues fueron sometidos a torturas, golpes y de intentos de ahogo en una fuente de agua. Luego, dos de los integrantes del ELN fueron liberados sin ningún proceso judicial que esclareciera la conducta por la cual fueron retenidos. Con respecto al otro retenido, dice la sentencia que fue objeto de muerte violenta y que en su “cuerpo se encuentran huellas físicas de padecimientos, tratos crueles o de actos propios de tortura a los que habría sido sometido (…) Encuentra la Sala que su cuerpo fue encontrado incinerado, un acto de la mayor crueldad y sevicia que pueda existir, ya que no se tuvo la más mínima consideración de la dignidad del sujeto que fue reducido a su más mínima expresión antes de expirar su vida”. Por tal razón, la Corporación ordenó al Estado medidas que comprendan la garantía de no repetición de los hechos violatorios de los derechos humanos y que se envíe copia de la sentencia al Centro de Memoria Histórica. Finalmente, el Consejo de Estado decretó que los miembros del Ejército involucrados reembolsen, proporcionalmente a su grado militar, las sumas pagadas por la Nación-Ministerio de Defensa por concepto de perjuicios morales en el presente caso.

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