Condenados Sabas Pretelt y Diego Palacio por la 'Yidispolítica'

Los exfuncionarios deberán pagar seis años y seis meses de cárcel por dar y ofrecer prebendas a congresistas para que votaran positivamente en 2006 el proyecto que permitía la reelección presidencial.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a los exministros del Interior Sabas Pretelt y de Protección Social Diego Palacio, quienes fueron funcionarios del gobierno del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez.

La decisión se da por el delito de cohecho propio por dar y ofrecer prebendas a congresistas para que votaran positivamente en 2006 el proyecto que permitía la reelección presidencial, o lo que se ha conocido como la 'Yidispolítica'.

En fallo proferido este miércoles en Sala de Conjueces, la Corte aprobó la ponencia que indicaba que los exministros son responsables de ofrecer y entregar dádivas a la congresista Yidis Medina, hechos por los cuales fue condenada en el 2008 luego de aceptar su participación y confesar este entramado por el que también fue procesado el exsecretario de Palacio, Alberto Velásquez. 

La Sala Penal condenó a Pretelt y a Palacio a 6 años y 6 meses (80 meses); cada uno; y a cinco años (60 meses) a Velásquez. De la misma manera ordenó su captura.

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En el juicio en la Corte, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron la condena de los exfuncionarios por estimar que con sus actos, los acusados propiciaron la corrupción al interior del Estado al ponerle precio a la función pública y permitir que puestos y notarías se convirtieran en un botín. 

“Con sus actuaciones, los acusados propiciaron además la corrupción al poner precio a la función pública parlamentaria y generaron que el mencionado trámite (de la reelección) se surtiera con la intervención de los parlamentarios que actuaron permeados por las promesas, en lugar de hacerlo basados en sus propias convicciones”, señaló el fiscal delegado del caso, Álvaro Osorio en su momento. 

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La Procuraduría

Por su parte la Procuraduría estimó que los exfuncionarios hicieron un “vulgar negocio de compraventa", cambiando las reglas de la democracia, para que Medina cambiara su voto y apoyara el proyecto y para que Teodolindo Avendaño se ausentara de la sesión el día de la votación. 

El Procurador delegado Jorge González Vásquez en los alegatos en la Corte estimó que este caso no era el producto de una venganza de Medina si se tiene en cuenta que las denuncias que realizó la llevaron a la cárcel y le quitaron la posibilidad de por vida de hacer política. Igualmente, cuestionó una reunión de Palacio con Avendaño.

"¿En un Gobierno con ese interés político, en un Gobierno caudillista, de quien se ha dicho, no sin razones que no tenía ministros sino viceministros, iba a pasar al margen del tema principal la conversación entre Diego Palacio y Teodolindo Avendaño?"' señaló. 

En este proceso, la testigo principal fue la propia Medina quien se ha enfrentado recientemente con Pretelt de la Vega en declaraciones públicas que se han realizado desde que se conoció el sentido de la ponencia. Mientras Medina insiste en que sí le hicieron ofrecimientos de cargos en hospitales públicos por ejemplo para sus allegados, el exembajador insiste en que no hay pruebas para condenarlo y que el hecho que ella haya sido condenada no es un indicador pues se acogió a sentencia anticipada y no fue vencida en juicio.