“Con el terror pretenden sabotear la Ley de Víctimas”: Angelino Garzón

El vicepresidente de la República habló sobre las amenazas de muerte que han recibido algunos líderes que participan del proceso de restitución de tierras.

¿Qué ha pasado con los casos de corrupción en el país que fueron destapados?Están en manos de los organismos de control y de justicia, el presidente Juan Manuel Santos ha sido reiterativo en la política del Gobierno Nacional de cero tolerancia con la corrupción y la impunidad, que son dos buenos aliados de la criminalidad organizada. El Gobierno Nacional continuará colaborando con la Procuraduría y la Fiscalía para que sean sancionados todos los servidores públicos que estén comprometidos con prácticas corruptas.Hace unos meses el presidente Santos anunció que el país conocería un escándalo de corrupción en el Valle del Cauca, ¿qué pasó con ese tema?Lo único que sé es que no sólo en el Valle del Cauca sino en todo el país vienen actuando la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía con toda la investigación en materia de corrupción, pero no nos podemos anticipar a las decisiones de los órganos de control.Cambiando de tema, ¿Cómo está Colombia en el camino del respeto a los Derechos Humanos?Colombia es un país ejemplo en todo el sistema de Naciones Unidas en materia de defensa de los Derechos Humanos, somos ejemplo de país que defiende los procedimientos de los organismos internacionales y que está siempre abierto a cooperar en todo lo referente a Derechos Humanos y Derecho Internacional. En esa perspectiva se ha acordado la realización de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos para diciembre del 2012. Es una experiencia que estamos construyendo sin antecedentes en ningún país del mundo, en la que el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional nos hemos unido, para consolidar una política de Estado permanente de Derechos Humanos.Es paradójico que acá no sólo sean los grupos armados ilegales quienes violan los derechos humanos, sino que los agentes del Estado participan de ello…Todo servidor público que se haya visto comprometido en violación de derechos humanos y violación del Derecho Internacional Humanitario tiene que responder ante la justicia.¿Hasta dónde esa política social de derechos humanos puede abrirles camino a los acuerdos comerciales?Partimos del siguiente principio: Colombia necesita —en su perspectiva de desarrollo económico— acuerdos comerciales con otros países del mundo. Por eso, ya se han firmado acuerdos de libre comercio, los últimos fueron con Suiza y Canadá y aspiramos a que el TLC con Estados Unidos sea una realidad este año y que el TLC con la Unión Europea entre en vigencia. No sólo se han globalizado los acuerdos comerciales sino los Derechos Humanos y el DIH, por lo tanto partimos del criterio de que un buen camino para el respeto a los Derechos Humanos en el mundo entero es ligarlos a la firma de acuerdos comerciales.¿Qué solución de raíz puede ofrecerle el Gobierno a los líderes que han participado de la construcción de la Ley Víctimas y que han sido amenazados de muerte?En el desarrollo de la aplicación de la Ley de Víctimas el Estado no sólo tiene el compromiso de acompañar a las víctimas sino de protegerlas y, obviamente, condenamos cualquier amenaza. Estamos enfrentando a tanto criminal que, con el terror de la amenaza, pretende sabotear la reparación a las víctimas.Pero las personas que han sido amenazadas dicen que incrementarles la seguridad no es una solución definitiva…A esos grupos y a las víctimas les decimos que el Estado no se va a paralizar, no va a volver atrás. Seguiremos adelante por volver una realidad el derecho de las víctimas a ser reparadas, a que se les restituyan las tierras y a que haya verdad y justicia.La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tiene listas las recomendaciones para la aplicación de la Ley de Víctimas. La principal es que la implementación sea colectiva y no individual, ¿el Gobierno la acogerá?Lo fundamental en un proceso de reparación a las víctimas de la violencia es la reparación colectiva, porque permite sensibilizar no sólo a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad para que hechos que han causado tanto daño y dolor, como la violencia, nunca más se vuelvan a repetir en este país.Se acerca la época de diálogos para concertar el incremento al salario mínimo. ¿Cree que hay disposición de los empresarios y del Gobierno para que sea concertado y no impuesto?Como ciudadano y como vicepresidente les estoy recomendando a los empresarios y al propio Gobierno que hagan todos los esfuerzos por concertar el incremento del salario para el próximo año y que esté por encima de la inflación causada. A quienes más les conviene enviar un mensaje de diálogo social y concertación es a los empresarios, porque eso contribuirá a que las empresas sean más productivas y competitivas y además a que la población tenga mayor capacidad de compra.La reforma pensional no quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, pero el Presidente Santos insiste en la necesidad de discutir el tema. ¿Qué piensa?El país necesita una reforma pensional y en mi opinión tiene que partir de lo que es la verdadera bomba pensional: en Colombia de 20 millones de trabajadores y trabajadoras solamente están cotizando —de manera permanente al sistema— tanto al privado como al público, 6 millones de personas, esto significa que hay casi 14 millones que no están cotizando.¿Y qué solución plantea?Creo que el primer problema a resolver es ver cómo garantizamos que se amplíe considerablemente la cobertura y eso se logra con empleos decentes y salarios justos. Lo segundo, es cómo logramos que aquellas personas que ya tienen una edad por encima de los 65 años y les falta 50, 100 ó 200 semanas para pensionarse logren una pensión. Hay un tercer tema que tiene que ver con quienes tienen más de 65 años y están en condiciones de total pobreza y no cotizaron al sistema pensional o cotizaron muy poco. Para ellos, una solución sería que a esas personas se les reconozca un subsidio de ayuda permanente.