Columna: Ante la crisis de la justicia

Marzo 27, 2015 - 12:00 a.m. Por:
José G. Hernández | Especial para El País.

Lo que más conveniente para la Rama habría sido la renuncia o suspensión de los jueces cuestionados.

Es evidente que estamos ante la más grave crisis, no solo de la administración de justicia, sino de la institucionalidad, en particular de la Corte Constitucional, que debe salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución, la protección  de los derechos fundamentales, la defensa de las libertades públicas en el más alto nivel de la jurisdicción. 

Algo  lamentable, que  no parte de una condena en firme y ni de un llamamiento a juicio, y por tanto no hay certeza sobre la culpabilidad de los implicados, ni desde lo penal ni disciplinario. El reconocimiento de la presunción de inocencia y del debido proceso, que son derechos  de toda persona y que deben ser respetados a la luz de la Constitución y de tratados, no puede sobreponerse al interés general implícito en la respetabilidad de las instituciones.  Lo que más habría convenido en este caso, para bien del sistema jurídico y de la credibilidad, habría sido la renuncia o suspensión de los jueces cuestionados mientras se les adelanta el debido proceso, para evitar la confusión entre el interés particular y la respetabilidad de las instituciones.

El Presidente de la República ha formulado propuestas que vale la pena evaluar: compartimos   que aquí no se trata de arrasar con las instituciones. Y no es el caso de proponer la supresión de la Corte Constitucional u otro tipo de soluciones absolutas. 

Acierta  con la  necesidad de despojar a las cortes de responsabilidades de nombramientos, ternas y listas, atribuciones que, en vez de despolitizar los procesos de elección de Procurador, Contralor, Defensor del Pueblo, Registrador  o magistrados, ha significado infortunadamente la politización de cortes   e  integrantes. 

 Acierta  al señalar que  el origen y juzgamiento de magistrados no puede ser político.  Y tiene razón en que se necesita una mejor preparación de los abogados para ejercer el Derecho. Y  concordamos en que hay que  incentivar  actividades de control ético y jurídico en colegios y asociaciones de abogados. Eso se previó en la Carta de 1991 y no se aplicó. 

Pero también caben  observaciones.  Aunque tiene razón el Presidente en lo indebido del lobby  ante  jueces y cortes, que muchas veces implica corrupción, no hay necesidad de consagrar nuevas normas que lo prohiban. Ya está prohibido en todos los reglamentos. Lo que hay que hacer es cumplirlos  y adelantar  procesos disciplinarios para sancionar con dureza a  magistrados infractores. Y también  a  abogados que lo practiquen. 

 Del  trámite del proyecto de Equilibrio de Poderes, muchos tememos que varias  ideas surgidas en la crisis no se podrán llevar a  segunda vuelta, pues ya hay un texto de lo aprobado en la primera legislatura, y el Artículo 378 de la Constitución prohíbe incluir  en segunda lo que no fue propuesto y discutido en la primera. 

 Está bien  que el  Tribunal de Aforados se constituya con los más acreditados e insospechables magistrados, pero por ello debe dársele plena competencia para conocer de infracciones, investigarlas y sancionar, sin pasar de nuevo por el Congreso, porque entonces  solo  se está cambiando el nombre de la Comisión de Acusaciones por el del Tribunal. En definitiva, nada. Eso sí: hay que hacer algo ante esta profunda y delicada crisis. No podemos sacrificar a las instituciones. 

Y de todas manera, señor Presidente, el gran problema no es de normas. Es de seres humanos.

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