Cidh rechazó argumentos de la Nación en caso de Gustavo Petro

Presidenta de la Comisión dijo que las naciones deben acatar las medidas cautelares obligatoriamente, rechazando la posición de Colombia en el caso del exalcalde de Bogotá.

Luego de la reunión que sostuvo la canciller María Ángela Holguín con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta de este órgano rechazó la posición del Gobierno colombiano de no acoger las medidas cautelares en favor del destiuido alcalde de Bogotá Gustavo Petro, y afirmó que estas son de obligatorio cumplimiento para los estados. Tracy Robinson, presidenta de la Cidh, explicó que sin importar el motivo, las medidas cautelares deben acatarse. Además, advirtió que hasta ahora Gustavo Petro no ha solicitado medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y agregó que rechazaron la posición de Colombia frente al caso porque el argumento de que las medidas cautelares son sólo para cuestiones que implican la vida e integridad del individuo, no es aceptado como válido por la Cidh. "Hay muchos precedentes en la Cidh sobre medidas cautelares en una amplia gama de derechos, además de la protección a ala vida y la integridad", señaló Robinson. Previamente, la Canciller había visitado Washington para "explicar en detalle la posición del Gobierno frente a la reciente solicitud de medidas cautelares que hiciera la Comisión a favor del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro". En el encuentro, Holguín reiteró la disposición del Gobierno de seguir atendiendo las inquietudes que surjan en esta materia, "así como el compromiso de Colombia con el Sistema Interamericano", según señala el comunicado. Por su parte, el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, afirmó durante su visita a la capital vallecaucana que si el Consejo de Estado falla a su favor, retomaría de inmediato la alcaldía de Bogotá. Se espera que a más tardar la semana entrante la Corporación se pronuncie sobre una acción de nulidda y restablecimiento de derechos, con la que busca anular la deciisón de la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.