Cidh definirá solicitud de medidas cautelares en caso Petro

Enero 11, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa

Abogado del Alcalde Mayor dijo que la próxima semana esperan pronunciamiento de la Corte.

Uno de los abogados del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el jurista Rafael Barrios, aseguró que el Mandatario capitalino ya se encuentra a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- resuelva la solicitud de medidas cautelares para evitar su destitución. “Confiamos en que los comisionados otorguen, en el término de la semana entrante, las medidas cautelares para evitar daños irreparables al Alcalde y sus electores”, ratificó el abogado Barrios. En ese sentido, el abogado confirmó que todos los documentos, requeridos por la CIDH, ya fueron enviados por la Cancillería de la República, “el Gobierno colombiano envió la información requerida a la Comisión”, señaló. Por la destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos, decisión de la Procuraduría a finales del año pasado, los simpatizantes de Petro se volvieron a reunir en la plaza de Bolívar en la tarde de este viernes. La sanciónEl procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por irregularidades a la hora de definir un nuevo esquema de aseo de Bogotá, en hechos presentados en diciembre del año pasado. La sanción está relacionada con la contratación, y el manejo que se dio a ella, para que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos (Uaesp) asumieran la prestación del servicio público de aseo de manera exclusiva, sin tener en cuenta que no tenía la experiencia ni la infraestructura para ello. Ordóñez afirmó también que en ese proceso se vulneraron los derechos a la libre empresa, porque se impidió de manera deliberada que operadores distintos al Distrito recogieran los desechos. El procurador Ordóñez señaló que el acalde Petro actuó en todo este proceso de manera consciente y voluntaria “en la medida en que él sabía que sus decisiones eran irregulares, como lo habían advertido en forma oportuna varias entidades nacionales y distritales, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública; la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente”. Igualmente, Ordóñez rechazó los argumentos del alcalde Petro según el cual este cambio de modelo de aseo se debía, en parte, para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional de incluir a los recicladores. Aquí Ordóñez, señaló que la Corte no condicionó la adopción de un determinado modelo de aseo: “Dicho de otro modo, no era indispensable que para cumplir con las órdenes de la Corte se asignara la prestación del servicio de aseo únicamente a entidades del Distrito, y menos aun cuando estas empresas eran absolutamente incapaces de asumirlo”. De hecho, este fue el mismo argumento que utilizó la Procuraduría para destituir e inhabilitar, en decisión conocida este mismo lunes, al ex gerente de la EAAB Diego Fernando José Bravo Borda y a Henry Romero Trujillo, en su calidad de director General encargado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp).

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