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Cara a cara: ¿debe aprobarse actuación en política de funcionarios?

El proyecto de ley que busca reglamentar las actividades proselitistas de los servidores públicos aún genera dudas.

17 de noviembre de 2011 Por: Redacción de El País

El proyecto de ley que busca reglamentar las actividades proselitistas de los servidores públicos aún genera dudas.

El proyecto de ley estatutaria que actualmente cursa en la Comisión Primera del Senado y que busca reglamentar la participación activa de cualquier servidor público del país en campañas políticas o actividades proselitistas, sigue dividiendo opiniones sobre sus implicaciones. Aunque el proyecto busca delimitar las reglas de juego para que los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, congresistas y el propio Presidente de la República puedan participar en actividades políticas estando en el ejercicio de sus funciones públicas, para algunos sectores hay temas “complejos” que podrían convertir esa “buena intención” en una puerta abierta para los abusos de poder. Una de esas posturas corresponde al senador del Partido Liberal Juan Fernando Cristo, quien considera que uno de los mayores riesgos es que los recursos del Estado “se coloquen no al servicio del interés público, sino de intereses particulares y politiqueros”.Por su parte, Carlos Enrique Soto, senador del Partido de la U, insiste en que ya es hora que en el Congreso se legisle sobre la reglamentación al Artículo 127 de la Constitución, toda vez que no incluye las prohibiciones para la participación en política de los funcionarios públicos. “No soy partidario de que los gobernadores, alcaldes o ministros puedan ir a concentraciones políticas, pero sí puede participar en foros, en la elaboración de la propuesta programática, fuera del horario de su trabajo correspondiente, definamos las reglas para que todos podamos participar adecuadamente”, sostuvo.“Sería abrir la puerta para más excesos”: señador Cristo¿Se debe o no reglamentar la participación de los servidores públicos en la política? Lo ideal es que no. Me parece que el argumento que se ha utilizado para autorizar la participación en política de los funcionarios públicos es equivocado y hasta perverso. Uno no puede decir que porque todo el mundo lo hace, entonces hay que legalizarlo. Me parece que sería abrir la puerta para que se cometan más excesos con el presupuesto y con la nómina oficial de los que se están cometiendo hoy, cuando supuestamente está prohibida esa intervención. Cualquiera que sea la decisión debe hacerse sobre la base de evitar la posibilidad de que alcaldes y gobernadores y el propio Jefe de Estado utilicen los planes del Gobierno para beneficiar a candidatos de su preferencia.¿Cuál es el riesgo que se corre al permitir que el ejercicio político se mezcle con la función pública?Que el presupuesto, que la nómina, que el derecho social de los colombianos se coloquen no al servicio del interés público, sino de intereses particulares y politiqueros.¿Al reglamentar esa participación se estarían entonces legitimando prácticas indebidas, que hoy funcionan bajo la mesa?Creo que el camino más fácil es autorizar la intervención en política porque, supuestamente, ya se hace. Lo más difícil y complejo es desarrollar unos controles, unas autoridades autónomas que puedan evitar que sucedan estos episodios de utilización indebida de recursos públicos en campañas. A mí no me asusta que un presidente, gobernador o alcalde pueda opinar sobre política, lo que hay que blindar es la utilización de cheques oficiales para defender intereses particulares.¿Será entonces una tarea difícil evitar los abusos de poder?A mí lo que me parece, por ejemplo, es que es muy difícil trazar la línea de cuáles funcionarios sí y cuáles no y en qué momentos se podría estar incurso de una autorización indebida del poder o no. Es más, hay muchos sectores en el Congreso que desde hace años están insistiendo en la reelección de alcaldes y gobernadores, qué tal estos mandatarios utilizando las nóminas y los presupuestos para conseguir su propósito, no durante los dos o tres meses de campaña sino durante toda su gestión.“No hay riesgo si se regla con claridad”: senador Soto¿Por qué se debe regular la participación de los funcionarios públicos en la política?Porque los constituyentes de 1991 lo dejaron claramente definido en el Artículo 127: No pueden participar en política las Fuerzas Armadas, el sector judicial, los organismos de control, los órganos electorales, los demás podemos todos participar en política y le dejó al Congreso la definición, la reglamentación de cómo deben participar en política y qué no deben hacer dentro de lo que es participación en política.Una de las cosas que hay que definir es que los gobernantes, cualquiera que ellos sean o el servidor público en general, no puede usar mal los bienes del Estado de cualquier tipo para hacer política partidista; tampoco puede hacerlo, por ejemplo, presionando a sus subalternos, y eso es lo que nosotros buscamos con la reforma que presentamos al Congreso. Lo que aquí ha existido en este país es una doble moral, una careta que tienen los empleados públicos que en su gran mayoría participan en política, pero lo hacen camufladamente.¿No es riesgoso permitir que el ejercicio político se combine con la función pública?No hay riesgo siempre y cuando el Congreso regle con claridad. Lo que decimos es que los recursos, los presupuestos no se pueden utilizar para las campañas partidistas. No soy partidario de que los gobernadores y alcaldes o ministros puedan ir a concentraciones políticas, pero sí puede participar en foros, en la elaboración de la propuesta programática, fuera de su horario de trabajo.¿Se estarían, entonces, abriendo la puerta a prácticas indebidas?Indebido es lo que se está haciendo hoy, eso sí es indebido. Indebido es que un funcionario público se levante en un foro y hable dentro de un proceso a favor de un proyecto político y que lo sancionen diez o doce años, cuando el Artículo 127 no se lo prohíbe, porque el Congreso no ha reglado.¿Por qué hasta ahora se busca definir las reglas de juego político para estos servidores?Yo lo he tocado en varias oportunidades, no de ahora, desde hace tres o cuatro años estoy en esa insistencia. El Congreso está incumpliendo con una misión que le dejó el Constituyente del 91.

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