Caos en Estupefacientes, más grave de lo previsto

Caos en Estupefacientes, más grave de lo previsto

Julio 29, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Argemiro Piñeros, Colprensa
Caos en Estupefacientes, más grave de lo previsto

Múltiples irregularidades estructurales, administrativas, financieras y de corrupción, que comprometen cifras billonarias, son algunas de las razones que llevaron al Gobierno a decidir la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE.

Múltiples irregularidades estructurales, administrativas, financieras y de corrupción, que comprometen cifras billonarias, son algunas de las razones que llevaron al Gobierno a decidir la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE. Ese proceso, si bien está definida, aún está a la espera de los decretos respectivos. Por la magnitud de las cifras, que incluyen demandas en contra de la DNE por más de un billón de pesos, el fenecimiento de multas a favor por más de otro billón y doble contabilidad en empresas que administra, se puede estar hablando de otro gran escándalo en una entidad pública.Colprensa tuvo acceso al documento matriz (de 115 páginas) con el cual el Gobierno decidió acabar con la DNE.Allí se detalla la forma irregular en la que se han manejado los bienes incautados al narcotráfico y otros grupos ilegales y concluye que la DNE es incapaz de cumplir su objetivo misional.El informe, revisado y aprobado por el Jefe del Estado, fue realizado luego de las auditorías que adelantaron en los últimos meses la Contraloría General, la Auditoría General, y el Archivo de la Nación.Lo que dicen las auditoríasLa Contraloría dice que hay debilidades de seguimiento y control, se reportan datos que no son aceptados al ser verificados por la Oficina de Planeación y debilidades al formular las metas del Plan de Acción.Se encontró que la DNE en 2010 “no presentó en la cuenta fiscal, en el informe de gestión, ni en el Plan de Acción, indicadores de economía y equidad que permitan determinar si los recursos del Estado se utilizaron con austeridad y mesura” y los reportes enviados a la Oficina de Planeación llevan cifras tachadas, sobrescritas a lápiz y desactualizadas”.Agrega que “no se ha depurado el inventario de bienes incautados y de los que cuentan con extinción de dominio, relacionados con divisas, dineros en moneda nacional, tiquetes aéreos, títulos valores, cuentas bancarias y demás elementos susceptibles de monetización, ésta no se ha logrado, con la gravedad que no cumplan con el objeto de destinación para financiar la Política Antidrogas”.Hay imprecisiones en las actas de incautación de bienes y no hay un manejo adecuado de estos, lo que ha aumentado demandas de propietarios contra la DNE. Mientras que a cierre de 2008 había demandas por $276.103 millones, para 2009 y 2010 la Contaduría halló que los costos de los procesos ascendieron a $1 billón y $1,6 billones, respectivamente.El documento final del Ministerio del Interior dice que: “El seguimiento a los informes de depositarios no es conforme a los protocolos, hay desconocimiento de los funcionarios de la DNE de la información que reposa en los expedientes de sociedades incautadas y en los de sociedades extinguidas no se evidencian actas de entrega por parte del depositario saliente al que recibe”.Otro hallazgo fue que en varios casos “el depositario removido fue reemplazado por un depositario que tuvo injerencia directa en la administración de bienes de las sociedades antes de su incautación”.Al no actualizar cada tres meses los inventarios, la DNE no tiene conocimiento de su existencia, ubicación, estado, ni aparecen registros en el sistema Faro, (de administración de bienes).Problemas de administraciónOtro elemento que impide el conocimiento de los bienes administrados es la falencia procedimental en diligencias de incautación, ya que en algunos casos no se precisan características del acta de entrega.El sistema utilizado para inventario y seguimiento de bienes no es seguro ni confiable y deja la DNE en riesgo extremo en cuanto a filtración de información, inadecuado manejo y pérdida de ésta.El Gobierno identificó que falta un instructivo para las pólizas, promover la liquidación de las sociedades en causal de liquidación, por decisión de los socios o por expiración de su vigencia, definir las licencias ambientales, así como fijar canales de comunicación con la Dian, cámaras de Comercio y la Supersociedades.Se halló, además, insuficiencia logística para administrar medios de transporte (17.664 bienes), incertidumbre para inicio de la chatarrización, dificultad en la ubicación, guarda y custodia de motonaves y aeronaves, incrementando costos por administración, y casos en los que la deuda por parqueo supera el valor del bien.Entre los bienes tipo dinero, cuyo manejo no es transparente, existen bonos, CDT, cuentas bancarias, letras de cambio, cheques, pagarés, tiquetes aéreos, pesos colombianos y divisas de otros países.La suma de riesgo identificadoDebido al manejo inadecuado de la documentación, el informe calificó como “riesgo extremo” el trabajo de la DNE.En máxima advertencia quedaron otros procesos: la formulación de estudios técnicos, apoyo técnico y la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, documento clave para la lucha contra el narcotráfico.Respecto al sistema de información Faro (por su sigla: Fácil Acceso Rápido y Oportuno) para la administración de los inventarios, éste no dispone de la documentación técnica ni los conocimientos para su correcta administración o para hacer actualizaciones de seguridad en el sistema operativo, o, en caso de requerirse, para recuperar información.De los 267 módulos de Faro se desconoce cuántos y cuáles están siendo utilizados por la Subdirección de Bienes u otras dependencias, además de que se siguen manejando bases de datos paralelas en Excel, como el sistema SAI (para bienes rurales y urbanos extinguidos).Llama la atención la situación de los servidores de la DNE, pues no se tiene cobertura en suministro de partes de los fabricantes porque las garantías están vencidas. De los 22 servidores que soportan la operación de la DNE, 19 son obsoletos, en cuanto a “Memoria, Procesador y Espacio de Disco Duro”.Análisis contable Se identificó que el pasivo corriente no presenta un incremento proporcional al que tuvo el activo corriente, y que el 50% de la cartera es considerada de difícil cobro, por lo que afecta la situación real a corto plazo.En el año 2009 el presupuesto de ingresos fue de $344.769 millones, de los cuales la venta de activos era el 60%, es decir $204.166 millones con una ejecución del 51%, equivalente a $105.150 millones. En el 2010 el presupuesto se aforó en $346.265 millones y la venta de activos era el 40% equivalente a $138.960 millones, pero su recaudo fue del 43%.En la actual vigencia, a pesar de que se proyectaron $69.513.5 millones, sólo se han recaudado $2.718 millones con corte a mayo.El gran total de la deuda de la DNE a la Nación al 30 de junio de 2011, asciende a $434.919 millones.La cartera de la DNE al 31 de diciembre de 2010, sobrepasa la suma de cinco billones de pesos, lo que genera que el patrimonio de la entidad se encuentre sobrevalorado en esa misma cuantía. La cartera corresponde al producto de las multas por infracción a la Ley 30 de 1986 (la llamada ley antidrogas) , clasificada como cartera vigente, cartera de difícil cobro y cartera irrecuperable.El gran volumen de ella la forman multas de difícil cobro, porque son obligaciones cuya cuantía supera los 33 salarios mínimos mensuales legales vigentes y el ejecutado no tiene la solvencia económica que permita garantizar su pago, por no poseer bienes susceptibles de embargo, porque no se logra ubicarlo; o, lo más común, porque se encuentra detenido purgando largas penas. Por eso en agosto de 2010 se ordenó descontar 1,1 billones de esas multas.Política antidrogasEl desgreño en la DNE no fue lo único que prendió las alarmas. Lo que más angustió fue la notificación de que la principal función de la entidad, que es el diseño y control de la política antidrogas, no se está cumpliendo, porque la entidad es incapaz de hacerlo.El profundo análisis a la DNE mostró que el Observatorio de Drogas de Colombia, ODC, “se encuentra desactualizado y no presta un servicio idóneo para la investigación y generación de políticas (…) El Gobierno no cuenta con información que le permita la toma de decisiones en materia de drogas, pues no tiene cifras oficiales sobre los resultados en la lucha contra las drogas, lo que se ve reflejado en pérdida de la credibilidad por no suministrar información valida y en tiempo real”. También estableció que “la investigación científica relacionada con drogas es deficiente y no se cuenta con las herramientas necesarias para establecer nuevos proyectos relacionados con la materia”.Se insiste en el documento que debido al estado irregular de los datos de la DNE “el Gobierno y el Consejo Nacional de Estupefacientes no cuentan con la evidencia técnica que les permita la toma de decisiones y la creación de políticas de lucha contra las drogas”.

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