Candidatos burlan la reforma política a punta de firmas

Se revisaron los antecedentes de más de 131 mil candidatos, de los cuales 2.200 tenían procesos pendientes ante los jueces.

Una evidente dificultad para determinar los antecedentes penales de los candidatos que se inscriben avalados por firmas, puso en evidencia ayer el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien aseguró que muchos de estos aspirantes optan por esta figura luego de que los partidos políticos les hubieran negado el aval para sus pretensiones.Durante el debate de seguridad electoral realizado en la Comisión Segunda del Senado, el titular de la cartera anunció que mañana se conocerán los nombres de los candidatos inscritos a través de las firmas y destacó que la última reforma política establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la facultad de revocar las inscripciones de los aspirantes que tengan antecedentes penales o disciplinarios.Vargas Lleras no descartó que este fenómeno se haya presentado porque algunos “candidatos no avalados por los partidos resolvieran acudir al procedimiento de firmas para inscribir las candidaturas”.En su intervención, el Ministro resaltó la función de la ‘ventanilla única’ y dijo que hubo 131.190 consultas de los partidos sobre candidatos. “Fue un récord de los partidos que utilizaron esta herramienta y le pararon bolas a los resultados, porque hubo 2.223 aspirantes con antecedentes, de los cuales a más de mil les fueron revocados los avales y el resto no se les concedieron”.Ante esta situación, el Ministro del Interior anunció que la semana entrante se va a reunir con los presidentes de todos los partidos con personería jurídica vigente para solicitarles la autorización para la publicación de los nombres de las personas que tenían algún tipo de aspiración y que tienen antecedentes, con el fin de “alertar a los electores y así contribuir a ejercer un mayor control”.Seguridad, sin respuestasEl senador del Polo, Camilo Romero, denunció que en el país se han incrementado en un 65% los ataques en contra de los candidatos y, además, “978 municipios del país están en riesgo electoral, que representan más del 90% de los municipios del país”.Romero denunció, con base en cifras de la Misión de Observación Electoral, MOE, que se han presentado 28 asesinatos de aspirantes, 66 están amenazados, 11 han sido atacados y ha habido cinco secuestros, por lo que enfatizó que “está en juego la legitimidad de las elecciones de octubre”.El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que “se habla de un universo de más de cien mil candidatos inscritos y hay 30 asesinados” y aclaró que “para el Gobierno un solo asesinato es preocupante”. Rivera le otorgó un cierto grado de responsabilidad de la situación a los partidos políticos, de los cuales dijo aún les falta más rigor en el otorgamiento de avales, por lo que sentenció “ante la duda es mejor abstenerse a otorgar avales”.El Ministro aseguró, además, que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos y adoptando todas las medidas para garantizar las elecciones de octubre y la seguridad de los candidatos.Por su parte, el senador de la U, Juan Lozano, dijo que “en el partido hemos hecho esfuerzos para depurar listas de candidatos”, pero insistió en que este esfuerzo de los partidos parece que es en vano, debido a que “nosotros negamos los avales, pero los ilegales siguen influyendo los procesos”.Sistemas de protecciónEl Ministro del Interior también anunció que ya le solicitó al Gobierno Nacional la modificación del decreto que volvió a darle vida a esta cartera para que todo el esquema del Sistema Nacional de Protección quede en manos de esta cartera y no en 14 organismos como sucede en la actualidad.Comentó que en la actualidad el Sistema Nacional de Protección atiende a 10.800 personas que demandan recursos que superan los 144 mil millones de pesos.