Cámara dejó sin dientes el Estatuto Anticorrupción

Marzo 09, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País | Bogotá

Los procesos que se adelanten en contra de quienes cometan actos de corrupción no prescribirán a los 15 años como pretendía el Gobierno, sino a los 5 como funciona actualmente.

Los procesos que se adelanten en contra de quienes cometan actos de corrupción no prescribirán a los 15 años como pretendía el Gobierno, sino a los 5 como funciona actualmente.Así lo definió ayer la Comisión Primera de la Cámara de Representantes al negar dos artículos del Estatuto Anticorrupción, en los cuales se buscaba ampliar los términos de caducidad de los procesos para garantizar el castigo a los corruptos y acabar con los altos índices de impunidad que se registran por estos casos.Uno de los mayores defensores de esta ampliación fue el procurador General, Alejandro Ordóñez, quien insistió que “existen varios casos de corrupción que se conocen años después de ocurridos, por lo que el término de cinco años es muy corto para hacer las investigaciones que terminan prescribiendo”.No obstante el llamado del Jefe del Ministerio Público, la Comisión Primera tomó la decisión de negar los artículos que se referían a estos temas.Ante la decisión, el representante Germán Varón, ponente del proyecto, salió al paso de la decisión adoptada por sus colegas y enfatizó que esto va a determinar que “la impunidad siga viva”.Otro representante que acompañaba la propuesta de ampliación de los términos, Germán Navas aseguró que “cientos de hechos de corrupción se descubren mucho tiempo después y como se parte de la fecha en que se dio el hecho y no cuando se descubrió, se complica la indagación”.El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, manifestó que el Gobierno siempre defendió que se ampliaran los términos de las investigaciones para evitar que éstas terminaran en el archivo.Por ello, el Ministro propuso una fórmula en la que en el momento en que se inicie una investigación por cualquier caso de corrupción “se suspendan los términos de la prescripción”, es decir que no finalice el proceso a los cinco años.Pero Vargas Lleras fue más allá. Durante su intervención, el titular de la Cartera enfatizó que en la Rama Judicial existen muchos casos de corrupción. Por esto, aseguró que es necesario facultar al Consejo Superior de la Judicatura para que, en determinados casos, pueda ejercer un poder preferente.Llamó la atención sobre la manera como se están disciplinando a los miembros de esta rama y añadió: “Hoy a los operadores de la justicia no hay quien los investigue o sancione. Cuando el Consejo Superior de la Judicatura llama a un juez, éste delega su responsabilidad en sus secretarios”.Financiación política, sin debateDe otro lado, ayer volvió a quedar en el limbo el artículo del Estatuto que buscar ponerles freno a los contratistas que financien campañas políticas para que no puedan contratar con el Estado.La propuesta mantiene divididos a los ponentes de la iniciativa, quienes hasta ayer no tenían un artículo consensuado sobre este tema.Sobre este punto, el representante conservador Humprey Roa, enfatizó que “no podemos castigar a todos los que contratan con el Estado para que no puedan financiar a candidatos”, por lo que anunció que una subcomisión trabaja en la redacción del artículo con el fin de modular sobre cómo será el tratamiento de los contratistas en las diferentes regiones del país.Hoy continuará el debate de esta iniciativa en la Comisión, en la que el Gobierno espera que se terminen de votar la totalidad de los artículos que se encuentran represados.Ley de víctimasUn duro debate entre liberales y conservadores, en torno a la financiación de la Ley de Víctimas enmarcó el inicio del estudio de la iniciativa en la Comisión Primera de Senado.El senador liberal Juan Fernando Cristo, coordinador de ponentes, aseguró que frente al tema de la financiación se está generando un “terrorismo fiscal” por una carta en la que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, le dijo al Congreso que sólo hasta que se conozca el número de las víctimas a reparar se conocerá el costo de la iniciativa.De inmediato fue reputado por el conservador y ponente Hernán Andrade, quien dijo que su partido no es enemigo de la Ley de Víctimas por hacer observaciones y recalcó que “el Ministro de Hacienda debe responder por el tema fiscal”.De otro lado el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda aseguró que, sin importarle el costo político, va a pedir que en la ley de víctimas se les reconozca esta condición a los miembros de los grupos armados ilegales.

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