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“Asilo a ex directora del DAS puede generar impunidad”

La SIP dice que quienes violan la libertad de expresión no deben ser sujetos de asilo. Uribe insiste en que no hay garantías para sus ex funcionarios. La entidad consideró que podrían “quedar en la impunidad las graves acusaciones de espionaje".

3 de diciembre de 2010 Por: Agencia EFE y Colprensa

La SIP dice que quienes violan la libertad de expresión no deben ser sujetos de asilo. Uribe insiste en que no hay garantías para sus ex funcionarios. La entidad consideró que podrían “quedar en la impunidad las graves acusaciones de espionaje".

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresó ayer su preocupación por el asilo territorial que el Gobierno de Panamá le concedió a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado. La SIP consideró que, como consecuencia del asilo otorgado a Hurtado, podrían “quedar en la impunidad las graves acusaciones de espionaje cometido en contra de periodistas y medios de comunicación colombianos”. Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, aclaró que la institución no hace evaluaciones ni análisis de las causas e implicaciones políticas de las discrepancias entre los dos países por el asilo otorgado a Hurtado.El 22 de noviembre, Panamá concedió asilo territorial a Hurtado, quien se desempeñó como directora del DAS entre 2007 y 2008. “Lo que lamentamos es que la medida de asilo político pueda extender un manto de impunidad sobre un flagrante delito contra la libertad de prensa en Colombia, como lo representan las escuchas clandestinas en contra de periodistas y medios de comunicación”, expresó Marroquín. El DAS fue responsable de grabaciones telefónicas ilegales contra jueces, líderes políticos y periodistas en años recientes. Si bien hay acusados y responsables presos, la Fiscalía todavía no definió la responsabilidad de Hurtado y otros funcionarios supuestamente involucrados.En el comunicado Marroquín dijo que las violaciones a la libertad de prensa deberían ser consideradas un condicionamiento para el otorgamiento del asilo político. “Se trata de un principio reconocido como fundamental para la democracia, como se constata en todas las constituciones de los estados democráticos”, expresó Marroquín.

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