Así sería la reforma electoral que este miércoles presentará el Gobierno al Congreso

Con la certeza de que las Farc no incidirán en la redacción del articulado, el Gobierno Nacional presentará este miércoles ante el Congreso el texto de la esperada reforma electoral que tendrá modificaciones importantes, pero que de lleno se empezarán a sentir hasta después del 2019.

El lunes el Gobierno terminó la serie de contactos con los partidos políticos, mientras que este martes lo llevará a la comisión de seguimiento del acuerdo final, en donde recogerán recomendaciones adicionales de las Farc.

Según se conoció, en el texto final que entrará en la Cámara de Representantes, el Gobierno no presentará la lista cerrada sino que se propone para el 2018 que se use de forma parcial, es decir, lista cerrada pero no bloqueada. La aplicación total sólo se daría para las elecciones regionales del 2019.

En normas nuevas de control de financiación de campañas, el Gobierno espera que el Congreso apruebe que las campañas no podrán seguir financiándose los días previos a la elección o la misma fecha de la contienda electoral. 

Se ordena además que la financiación privada que se haga a las campañas las mismas se deberán inscribir y declarar ante las autoridades electorales. Si el dinero se encuentra que fue mal utilizado por los candidatos, será responsable penal tanto el donador como el aspirante y su partido.

El Gobierno también propone crear un registro nacional de proveedores, en el cual se deberán inscribir todos aquellos posibles empresas o particulares que vayan a prestar un servicio a los candidatos o los propios partidos en las elecciones.

También el Gobierno desistió que haya financiamiento completo de las elecciones tal y como se había propuesto, se planteará en el articulado que tenga preponderancia del Estado. En tal sentido se plantea que el transporte será pagada por el Gobierno en el día de las elecciones, como también la propaganda para televisión y radio.

Un artículo más que llevará la reforma es que se prohíbe a los candidatos los regalos o donaciones a los ciudadanos, esto con el fin de frenar el llamado pago de los votos con tejas, ladrillos u otro tipo de artículos que les dan a sus electores.

Se plantea la creación de un consejo electoral en reemplazo del actual Consejo Nacional Electoral, la nueva institución tendría funciones de policía judicial para adelantar investigaciones en momentos de la campaña a los candidatos que para la organización política susciten dudas en financiamiento.

El nuevo consejo electoral entraría en vigencia en septiembre del año pasado cuando termina funciones el actual, seguirá compuesto por nueve magistrados, pero que de ahora en adelante los escogerá el presidente de la República y el Consejo de Estado.

Frente a la Procuraduría se mantiene su función que pueda destituir a alguna personas que haya sido elegido para un cargo uninominal o corporación, pero no podrá inhabilitarlo de forma inmediata.

Otras normas que se esperan incorporar están la reducir la edad para ser senador de 30 a 25 años, mientras que en la Cámara de Representantes se baja de 25 a 21. Se busca implementar el voto electrónico y por correo, para lo cual iniciarán con los colombianos en el exterior.