Así serán las penas por ataques con ácido

Uno de los coautores explica la norma y pide al Presidente que agilice la reglamentación. Conozca el testimonio de una caleña atacada con esta sustancia.

El representante a la Cámara por el movimiento Mira, Carlos Guevara, coautor de la ley aprobada por el Congreso que eleva a delito autónomo los ataques con ácido, destacó este jueves los alcances de la norma y pidió al Gobierno que le dé una pronta reglamentación para que no se quede en el papel.

Antes de esta ley, el ataque con ácido era  tipificado como lesiones personales con una pena máxima de 12 años. Sin embargo, con la reforma se busca que la pena máxima sea de 50 años de prisión.

“Era necesario tipificarlo y darle una categoría especial, y no solo por una lesión personal, esto no es una cosa sólo de golpes a la mujer, esto no es un moretón, son lesiones muy graves y tienen que ser sometidas a esta categoría”, destacó el representante.

Guevara recordó que en la legislación actual sobre este tipo de acciones violentas la pena va máximo hasta 12 años, pero tienen descuentos que favorecen al atacante y por eso se disminuyen hasta 3 ó 4 años. “Esta era la principal preocupación de las víctimas, que los victimarios salían muy rápido y podrían volver a cometer delitos”. La sanción en lo económico se sube hasta 250 salarios mínimos.

Explicó que con lo aprobado, y que deberá ser sancionado por el presidente Juan Manuel Santos, se tendrán penas hasta de 50 años dependiendo del nivel de agresión, “si es contra una mujer o un niño tendrá una pena mayor”, explicó el legislador.

Para el congresista, más allá de las sanciones, la ley es un mensaje a la sociedad colombiana para que entienda que una agresión de esa categoría tendrá una pena ejemplarizante, “todo el accionar estará con las víctimas y para capturar a los delincuentes”.

Guevara aclaró además que si bien es común escuchar que los ataques con ácido son contra las mujeres, en el caso de los hombres las denuncias sobre esas acciones han aumentado. “Hay miles de casos de agresiones con ácidos que no han sido reportados porque se piensa que no se pueden judicializar”, sostuvo.

La norma que deberá ser reglamentada después de ser sancionada, señala que estos ataques tendrán una política especial de atención del estado, desde el punto de vista judicial para saber como se lleva el caso, pero también para que  la atención médica sea la especializada y no sólo como una emergencia más.

Grupos de víctimas y activistas resaltaron el aumento de las penas. Natalia Ponce de León, quien se convirtió en un símbolo para las otras víctimas de ataques con ácido y fue al Congreso a dar su testimonio,  expresó en la radio que “esta ley va hasta los 30 años. Ya no es una lesión personal porque es que esto no es una lesión personal, esto es una tortura, es una muerte en vida. Es un delito autónomo, consiste en que cada ataque va a ser independiente, estudiado independiente, dependiendo de cómo fue la sevicia, cómo fue el daño a la persona”.

22 meses sin justiciaA Yolima Sánchez hace un año y diez meses le lanzaron ácido. Un hombre se le acercó cuando conversaba con una amiga y le arrojó la sustancia. Y pese a todo el tiempo que ha pasado, esta mujer, madre de dos hijos, todavía se pregunta quien estuvo detrás de su agresión.“Yo no me había enterado de esa noticia de la ley contra los atacantes con ácido, si usted no me dice no me entero porque no puedo ver televisión ni leer nada. La semana pasada me hicieron una nueva operación para prepararme para una tomatoprotesiss, es como un ojo de muñeco”, dice desde su casa del sur de Cali. Al explicarle del aumento de pena para los agresores, dice que  “es una buena noticia. Claro que en mi caso  a quién van a condenar si nadie ha sido detenido. Yo me he sentido olvidada. Desde el comienzo, cuando estaba en el hospital, les insistí que hicieran un retrato hablado del agresor y solo lo hicieron más de tres meses después, cuando ya no me acordaba de él. Y así ha sido todo”. Yolima sufrió graves quemaduras por el ácido que hicieron que perdiera un ojo y le quedaran cicatrices en la mitad del rostro, un brazo y una pierna. Las heridas -ya lleva varias operaciones y aún le faltan más- la obligaron a dejar de trabajar. Ella y sus dos hijos viven con su hermana, quien los ayuda económicamente, pues lo que les pasa el padre de los pequeños es muy poco. “Yo me cansé de insistir en mi caso, ahora me preocupo es por mi recuperación. Luchar por salir adelante por mis hijos. La última vez que supe de las autoridades fue hace tres meses que el investigador me llamó y dijo que venía a entrevistarme otra vez, pero nunca vino”.