Así será la reforma a la Justicia del gobierno de Santos

Agosto 25, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

La iniciativa incluye puntos como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la ampliación de la oferta de justicia y la creación de la doble instancia para casos específicos. Se contempla la posibilidad de que el Fiscal ejerza control disciplinario de los funcionarios de policía judicial.

Con la reunión entre las altas cortes y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se dio inicio formal al proceso de discusión de uno de los proyectos centrales dentro de la agenda legislativa del nuevo gobierno.No obstante, pese a que sobre el tema han sido discutidos puntos como el cierre del Consejo Superior de la Judicatura (punto que fue propuesto por el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez) no se tiene pleno conocimiento sobre la totalidad de una de las apuestas centrales de la administración Santos.Por tal razón, se presentan algunos aspectos fundamentales de lo que sería la reforma:Consejo Superior de la Judicatura pasa a ser Consejo Superior JudicialUno de los puntos más destacados de la propuesta santista es la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que pasará a ser el Consejo Superior Judicial.De acuerdo con el texto presentado esta nueva instancia estará compuesta por una Sala de Gobierno y por una Gerencia de la Rama Judicial. Las diferencias de ambas células son que mientras la instancia de gobierno será un órgano de formulación de políticas de la rama cuya función será planificar, regular y controlar las mismas.Esta estará integrada por 7 miembros: Los Presidentes de las Altas Cortes, los delegados de las Altas Cortes, un delegado de magistrados y jueces. En dicho órgano estarán presentes tanto el Fiscal General de la Nación, el Ministro de Justicia y del Derecho como el Gerente de la Rama Judicial, quienes tendrán voz pero no voto en las decisiones.Por su parte la gerencia judicial se encargará de ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto, así como la administración del recurso humano, y del Sistema Único de Información y Estadísticas Judiciales, de la carrera judicial. Esta será nombrado por la Sala de Gobierno.Competencias disciplinarias entre las altas cortesDe acuerdo con el texto, los funcionarios que tendrán la función del control disciplinario del Consejo de Estado serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A su vez los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán objeto de control disciplinar por parte de los magistrados de la Corte Constitucional.Por último, y para completar la triada de control disciplinario, el sistema de balances jurídicos prevé que los magistrados de la Corte Constitucional sean controlados por los integrantes del Consejo de Estado.Otro punto relevante de la reforma es que se impulsará la creación del Colegio Nacional de Abogados, que será el encargado de ejercer el control disciplinar del ejercicio de las funciones jurídicas a nivel nacional.Independencia del poder judicialComo primera medida establecida por el proyecto de reforma está el hecho de que se constitucionalizará la carrera judicial. Además, la reforma pretenderá implementar la obligación de mantener un equilibrio entre magistrados provenientes de la carrera judicial, de la academia y los abogados en ejercicio.Adicionalmente y a partir de ese criterio de paridad entre selección de magistrados y altos jueces provenientes del ejercicio laboral y del trabajo académico, se busca que la Sala de Gobierno del Consejo Superior Judicial sea el encargado de elegir los nombres de quienes conformarán la Corte Suprema y el Consejo de Estado mediante concurso. Posteriormente cada Corporación designa a sus elegidos entre las listas de candidatos propuestos.Además, se cambiarán algunas competencias electorales de las Altas Cortes tales como el cargo de Procurador General de la Nación. Este se elegirá en el Senado de una terna presentada por el Ejecutivo.Por su parte, el Contralor General de la República será elegido por el Congreso de aspirantes que se inscriban ante esa misma institución, mientras que los contralores departamentales y municipales serán electos de ternas enviadas por el Contralor General a las asambleas y concejos regionales.Seguridad jurídicaUno de los polémicos puntos de esta propuesta es que busca que se permita el otorgamiento de facultades por parte del Congreso al poder Ejecutivo para la expedición y reforma de códigos jurídicos.También, se pretende establecer el control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional para proyectos de ley que versen sobre materias penales, tributarias, de asuntos relacionados con los parafiscales, así como el ahorro público.En este marco también se impulsará la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda suspender temporalmente normas demandas ante ella, cuando advierta la necesidad de preservar el orden constitucional o estas fueran demandadas como contrarias al orden mismo.Se fortalecerá el principio de no retroactividad para los fallos de la Corte Constitucional, así como el permiso de que se puedan devolver las normas inexequibles constitucionalmente al Congreso para que éstas sean revisadas. Esto sólo aplicará en caso de que los fallos sean subsanables.El texto también busca establecer que haya aval constitucional para que se puedan entablar acciones de tutela contra providencias judiciales. Sin embargo constituirá la obligatoriedad de actuar a través de abogado en tales casos. Además, establece que las tutelas contra providencias de las Altas Cortes se tramitan en única instancia ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado y serán revisadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional.Dentro de los puntos del fortalecimiento a la justicia, la reforma contempla la posibilidad de que el Fiscal General de la Nación ejerza control disciplinario de los funcionarios de policía judicial, a la par que consagra el principio de igualdad de derechos procesales entre la víctima, la fiscalía y la defensa.Por último, se determina que se creará un mecanismo procesal constitucional para garantizar que congresistas y ministros sean investigados y juzgados en dos instancias por parte de la Sala Penal de Corte Suprema, dividiendo en tres la Sala Penal de la misma corte.

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