Así operaba el 'Cartel del Sida' en Córdoba

Así operaba el 'Cartel del Sida' en Córdoba

Enero 28, 2018 - 09:52 a.m. Por:
Alejandra Bonilla - Colprensa / El País
Cartel del Sida

Cobros por tratamientos de VIH inexistes es uno de los motivos de investigación.

Archivo El País

Perplejidad. Los avances de la investigación de la Procuraduría General sobre el llamado ‘Cartel del VIH’ en Córdoba dan cuenta de la existencia de un sofisticado entramado de corrupción para robarse los recursos públicos, con cobros sobre tratamientos inexistentes a pacientes con VIH o con falsos diagnósticos del virus y de personas fallecidas presentadas como destinatarios de atenciones en salud.

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Las pesquisas del Ministerio Público no empiezan en la Gobernación de Edwin Besaile, hoy suspendido, sino desde el 2004, con Libardo Cabrales y su secretario de salud, Manuel Troncoso, cuñado del paramilitar Salvatore Mancuso, pasando por la administración de Alejandro Lyons, también investigado por el robo a las regalías del departamento.

El ‘Cartel del VIH’ se relaciona con estos pacientes que hacen parte del sistema subsidiado de salud, ya que es el departamento quien paga los servicios NO POS que requieran.

Teniendo esto claro, la Procuraduría tomó como punto de partida la Caja de Compensación Comfacor, que asumió el traslado de pacientes de EPS liquidadas como Sol Vida o Caprecom y que contrató con cinco IPS el modelo de salud integral para pacientes de VIH: Oportunidad y Vida, Mediser, Oncovihda, Medifuturo e IPS de la Costa, según reveló una fuente.

Sin irregularidades, el modelo debe funcionar así: la EPS afilia a la población con VIH, registrada en una base de datos del Departamento, y le paga a la IPS por la atención que recibe cada paciente $650.000 mensuales, pues antes, sin la regulación de precios de medicamentos, estaba en $1,5 millones. Y cuando hay un pago extra, de un servicio NO POS obtenido por tutela, por ejemplo, las EPS lo autoriza y luego lo recobra al Departamento, que paga con recursos del Sistema General de Participaciones y con recursos propios.

Pero en Córdoba este modelo era aprovechado para apropiarse de los recursos, según arrojan las investigaciones, en una réplica del modelo del ‘Cartel de la hemofilia’ y por el que se viene otro más: el cartel de los pacientes de Síndrome de Down.

“La Procuraduría cuenta con denuncias donde las IPS que atienden los afiliados de VIH no prestan el servicio y tiene pruebas. Les pagan mensualmente por afiliado $650.000, pero no le dan el servicio y se la roban. Y para tener a la gente tranquila, porque se trata de población vulnerable y rural, los tranquilizan dándoles plata en efectivo. Hay denuncias que dicen que les dan $100.000, que les dan un mercado”, reveló la fuente.

En ese mismo sentido, entre los cobros que se hacen a la EPS se estarían incluyendo servicios a pacientes fallecidos, pacientes inexistentes (nombres y cédulas falsas) y pacientes con falso diagnóstico de VIHm a lo que se suman sobrecostos por medicamentos.

Los hallazgos indican una articulación entre IPS, EPS, Secretaría de Salud y Gobernación y fallas en las auditorías de los pagos por servicios NO POS que se deben dar en cada entidad por aparte. “Cuando una IPS da un NO POS, se supone que tiene una autorización de la EPS y ahí empieza la complicidad. Con ese No POS inexistente, el Departamento paga porque tampoco audita”, agregó.

Por solicitud del Ministerio Público, la Secretaría de Desarrollo de la Salud en Córdoba suspendió el proceso de selección de la firma auditora que tendrá a su cargo autorizar el pago por recobros no POS entre 2010 y 2015.

Los investigadores tienen pruebas que evidenciarían que en la actual Gobernación se habrían hecho pagos por este concepto, servicios NO POS a pacientes de VIH, incluyendo el periodo de enero a junio de 2016, e incluso después de julio de ese año, cuando entró a regir una medida que el Ministerio de Hacienda tomó cuando estalló el escándalo del ‘Cartel de la hemofilia’, consistente en no girar los recursos del sistema de participaciones.

Contratos sin hojas

La Procuraduría también investiga presuntas interferencias de personas relacionadas con Comfacor y la Gobernación en las cinco IPS contratadas. Incluso, hay una denuncia que refiere la supuesta participación de Francisco Lyons en el escándalo.

Además, se indaga el robo de una auditoría que hizo Comfacor, que revelaría algunas de estas irregularidades y que fue robada a plena luz del día apareciendo luego incompleta.

El viernes, el viceprocurador Juan Carlos Cortés reveló el robo de 60 bultos de esa auditoría con facturas de recobros por servicios No POS, ocurrido el sábado 23 de diciembre a las 7:00 de la mañana, según lo registran los videos de las cámaras de seguridad en poder de las autoridades.

Además, el Ministerio Público ha encontrado inconsistencias en las bases de datos de pacientes con VIH de la Secretaría de Salud y de Comfacor, teniendo esta última más enfermos a cargo. Y se han hallado documentos incompletos como contratos a los que les faltan las hojas en donde debe estar consignado el valor y la forma de pago.

En este complejo panorama, la Procuraduría, a través de cuatro delegadas y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, avanza en la determinación de responsabilidades individuales tanto en Comfacor, las IPS, la Secretaría de Salud y la Gobernación.

Los estimativos señalan que el desfalco será superior a los $50.000 millones y en más pacientes que los afectados en el ‘Cartel de la hemofilia’.

Por otro lado, el Viceprocurador anunció la apertura de investigaciones a la gerente y a la junta directiva de la ESE Hospital San Jerónimo de Córdoba por modificar en diciembre pasado la planta de personal, pese a la prohibición del Artículo 38 de la Ley de Garantías, que entró en vigencia el 11 de noviembre.

Cortés señaló que, además, el Ministerio Público, agotada la etapa probatoria, evalúa la eventual formulación de cargos al gobernador Besaile, al exgobernador Lyons y a los secretarios de Salud Edwin Preciado y José Jaime Pareja, por la contratación de neuroterapias.

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