Así es el ‘conflicto’ que armó el Marco Legal para la Paz

La propuesta, que está en la recta final de su aprobación en el Congreso, ya generó amores y odios.

La apuesta del presidente Juan Manuel Santos de tener un marco legal para la paz está a un paso de consolidarse en el Congreso. Sin embargo, existen resistencias frente al contenido de la propuesta, de la que se dice, incluso, que es un proyecto ‘cargado de buenas intenciones’.Desde el momento en que se le dio el primer sí en el Congreso, el promotor de esta iniciativa Roy Barreras, aseguró que el Jefe de Estado tenía “las llaves de la paz”, palabras que para el congresista Roberto Gerlein fueron delicadas, porque de inmediato el país le pidió al Presidente que las mostrara, lo que –a su juicio- es “una injusticia decir que el Mandatario mantiene las llaves de la paz en el bolsillo”.No en vano, en el penúltimo debate, Gerlein aseguró que estos son proyectos “cargados de buenas intenciones, llenos de ilusiones, aprobados por un grupo de soñadores, pero que no concuerdan con la dura realidad nacional”, al salir al paso sobre la posible panacea que esta norma sería para la solución al conflicto.Esta mirada del veterano congresista (quien en últimas votó afirmativamente) se sumó a las críticas que han surgido en su contra, tanto que este proyecto logró lo que no se pensaría nunca y era poner de acuerdo a dos contradictores como el expresidente Álvaro Uribe y el director Ejecutivo de la Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.Si bien se ha dicho que el expresidente Uribe ha cedido en algunos de sus planteamientos que ha hecho a la iniciativa, en su cuenta de Twitter insistió en que el proyecto abre el camino “a la impunidad” y otorga beneficios a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, entre otros puntos.Algo similar ha manifestado Vivanco, quien aún mantiene su preocupación sobre la posibilidad de que personas que han delinquido al margen del conflicto terminen beneficiadas con esta justicia transicional lo que, según él, determinaría que Colombia “quede expuesta ante una acción de la Corte Penal Internacional” por la posible impunidad que se puede dar.Esta visión es compartida por el senador Juan Carlos Vélez, quien aseguró que el Gobierno no puede desconocer que en el bloque constitucional el Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, está incorporado, por lo que señaló que ese Tribunal Internacional podría iniciar “procesos de oficio”.Estos planteamientos han sido refutados por el Gobierno, que insiste en que este marco no es de impunidad, tal y como lo señaló el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien descartó de plano que los delitos de lesa humanidad y los de guerra queden sin sanción.Esguerra destacó que la selección de los delitos que hará el Fiscal General lo que propende es, precisamente, determinar los más graves de los demás y ha dicho que “serían precisamente las masacres, las desapariciones forzadas y las violaciones sexuales, entre otros, los que serían perseguidos penalmente”.Mientras este debate se da por fuera del Capitolio, esta semana el Congreso se apresta a darle el último sí a la enmienda, que, de ser aprobada, primero, requerirá de la conciliación de Senado y Cámara y si tiene vía libre pasará a manos de la Corte Constitucional para su análisis de exequibilidad.El País analiza los puntos más polémicos del proyecto que se encuentra en la recta final de su aprobación.La alerta por la posible impunidadUna de las mayores preocupaciones que existe sobre el marco legal es que sea un camino a la impunidad, tanto que el analista Alfredo Rangel asegura que “es una amnistía anticipada” que ni siquiera tiene un atractivo para que la guerrilla se anime “a dejar las armas”.Para Rangel es posible que el perdonar delitos de lesa humanidad sea algo que el país “no esté dispuesto a aceptar”, lo que seguramente “determinará demandas ante la Corte Penal Internacional”.Para el excomisionado de Paz, Camilo Gómez, es claro que con esta norma se puede abrir el camino a que “haya más probabilidad de impunidad” porque en lo que se está aprobando “se desconocen tratados internacionales que son muy claros en temas de los delitos de lesa humanidad”.Sobre el tema, el ministro del Interior, Federico Renjifo, insistió en que no habrá impunidad, sino que lo que se busca es otorgar “herramientas jurídicas” para que el Gobierno pueda definir en qué momento se puede llegar a la búsqueda de la paz.La preocupación de los analistas surge porque en el proyecto se habla de que a través de una ley estatutaria se podrán establecer los criterios para que, en algunos casos, haya “suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados”.De los beneficios a los agentes del EstadoOtro elemento que ha generado inquietudes es el que tiene que ver con la aplicación de esta justicia transicional en los agentes del Estado, es decir la Fuerza Pública.El senador Juan Carlos Vélez dejó claro que no es posible que quienes “están en la institucionalidad resulten beneficiados con un marco que está dirigido a los ilegales”, por lo que insistió en que no es viable que los militares sean medidos con “el mismo rasero que los guerrilleros”.El general en retiro Harold Bedoya dejó claro que “los militares nunca han pedido eso” y aseguró que los uniformados no están “dedicados a cometer crímenes y lo único que quieren es condenarlos como en el Palacio de Justicia para que después reconozcan la posible falta y comiencen a acusar a sus superiores”.No lejos de esta visión se encuentra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, quien dijo que una justicia de este tipo no se ajusta a quienes están en la institucionalidad porque su obligación esencial es “garantizar los derechos de los ciudadanos y no a violarlos”.Alfredo Rangel, entre tanto, consideró que lo que el país debe buscar es que los militares tengan garantías en sus juzgamientos en la Justicia Penal Militar y no “igualarlos con la guerrilla en una justicia transicional”.La norma aprobada en séptimo debate en el Senado la semana pasada establece que “una Ley estatutaria podrá autorizar un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo”.Derechos políticosDurante el trámite de la iniciativa en el Congreso se ha dicho que se abre la puerta a que los miembros de la guerrilla puedan recuperar los derechos políticos, lo que les permitiría acceder a cargos de elección popular o por nominación.Sin embargo, el senador Roy Barreras ha dicho que los beneficios de vocería política sólo serán para los responsables de delitos políticos (rebelión y asonada y los conexos), que no estarán relacionados con las prácticas de tráfico de drogas.Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe ha considerado que no solo se deben excluir a quienes han cometido delitos políticos o conexos, por lo que insistió en que “el narcotráfico debe ser aclarado en este punto”.Adicionalmente, el senador Juan Carlos Vélez, al hacer referencia a la vocería y posible llegada de los insurgentes desmovilizados al Congreso, recordó que no se ha tenido en cuenta el Artículo 134 de la Constitución que se refiere a que nadie puede reemplazar a quien salga de la curul si han “financiado, pertenecido o auspiciado grupos ilegales”.Mientras tanto, el excomisionado de Paz, Camilo Gómez, tiene claro que “este es el punto menos crítico de la reforma, debido a que -definitivamente- el tema de los delitos de lesa humanidad son los más espinosos”.Por su parte, el ministro del Interior, Federico Renjifo, dejó claro que este es un tema precipitado, debido a que “es muy difícil anticiparse a qué dirán las leyes estatutarias que el Congreso”, sobre todo en lo que “tiene que aprobar sobre la vocería o elegibilidad”.Los delitos conexos, el otro vacíoEn un artículo transitorio del acto legislativo se establece que “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”.Estas líneas se han convertido en la comidilla de analistas y políticos que consideran que se abre la puerta a que muchos delitos graves, cometidos en el marco del conflicto, terminen asociados con los de menos ‘densidad’, es decir los que se catalogan como perpetrados por alzados en armas con fines políticos.El problema, para algunos sectores de opinión, es que se puede abrir un camino peligroso, debido a que si en la Constitución se establece la posibilidad de los delitos conexos, otros miembros ilegales, como los paramilitares, acudirían a la tutela para obtener los beneficios.Y no es para menos. El proyecto plantea que si el Gobierno lo determina, con el aval del Congreso, los miembros de grupos armados ilegales que dejen las armas podrían participar en política, situación que podría ser aprovechada por los desmovilizados de las AUC, argumentando igualdad de derechos.Sobre el tema el expresidente Uribe ha dicho que “la propuesta del Gobierno de no dejar explícita esta exclusión y simplemente decir que no habrá elegibilidad política más allá de delitos políticos y los conexos, modifica la Constitución al agregar conexos y crea el riesgo y la incertidumbre de una interpretación amplia de conexidad”.Cosa que refutó el mismo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, cuando aseguró que ese será un tema “que definirá la ley”.