Arrecia la polarización de cara a las elecciones presidenciales del 2014

Analistas aseguran que la demanda interpuesta por el Centro Democrático contra el presidente Santos hace parte del juego de las estrategias electorales.

La demanda que interpuso esta semana el Centro Democrático ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en la que denuncia un carrusel de puestos y contratos para garantizar la reelección del presidente Juan Manuel Santos, es ante todo el ‘abreboca’ de la confrontación político-electoral que se avecina en el 2014.Esa es la interpretación que han hecho diversos analistas y congresistas sobre la denuncia realizada por el candidato uribista al Senado Ernesto Macías quien reveló un supuesto archivo en el que se detalla la manera como fueron distribuidos 1975 cargos directivos y 597 contratos de prestación de servicios entre 164 congresistas de diferentes partidos políticos.Aunque los sectores afines al movimiento del expresidente Álvaro Uribe aseguran que en la historia del país no se había visto un caso semejante de corrupción, algunos especialistas en el tema político sostienen que esa ha sido la forma com se ha manejado la política en todos los gobiernos y que fue para la reelección de Uribe donde se vieron los peores casos.El exministro Camilo González aseguró que lo único nuevo en esta denuncia del CD es que el expresidente Uribe sabía la información y decidió utilizarla para esta batalla electoral, “pero todo es parte del sistema no transparente que hay en el país”.“Estas no son más que estrategias en la coyuntura electoral porque esa es información que siempre ha existido en la Presidencia de la República, el famoso computador de cuotas, y lo han tenido muchos presidentes, incluido el propio Uribe”, dijo el exministro González.Para el politólogo Alfredo Rangel la situación no es tan simple porque “nunca en la historia de Colombia se había presentado un acto de corrupción tan grande y que explica por qué el país ha perdido 16 puestos en la lista de Transparencia Internacional en materia de corrupción.“Lo que hay de fondo es una denuncia sobre la manera como el gobierno Santos quiere someter al Congreso mediante el ofrecimiento de esas prebendas, como está plenamente comprobado con los documentos que se han presentado a la Comisión de Acusaciones y lo que se intenta es que la opinión pública conozca esa acto de corrupción por parte del Gobierno y de buena parte de los miembros del Congreso y que eso sea conocido y tramitado por la justicia”, dijo Rangel.La demanda que vieneEn diálogo con El País, el responsable de la demanda contra el presidente Santos, Ernesto Macías, aseguró que ya los abogados del CD analizan una nueva denuncia contra el Gobierno por las irregularidades que se vienen presentando con los llamados cupos indicativos que se les otorga a los congresistas para obras en sus regiones.“En el país estamos viendo candidatos con mucho dinero, regalando electrodomésticos y motocicletas en sus reuniones y eso plata de esos auxilios. Lo que uno se pregunta es, primero, de dónde sale esa plata y, segundo, si ese dinero está en los libros que exigen las autoridades y el Consejo Nacional Electoral para el control de partidos y candidatos”, indicó Macías.Los cupos indicativos surgieron tras la eliminación de las antiguas partidas parlamentarias y lo que hacen es permitir que los congresistas sugieran inversiones en obras para sus regiones, pero no son ellos quienes manejan los recursos.De hecho, el fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró esta semana que no hay nada de ilegal en los cupos corporativos otorgados a congresistas.Al respecto, el analista y politólogo Fernando Giraldo resaltó que lo que está haciendo el uribismo con estas demandas es “crear un cierto protagonismo y cerrar el año en punta y con este tema seguir colocando el CD en el centro del debate político-electoral”.“En realidad aquí no hay nada novedoso porque es la segunda vez que se vota la reelección y es la segunda vez que se hace uso de los recursos políticos y materiales de alguien que está en el poder, como ya lo había hecho el expresidente Uribe y no está bien que él presente como una novedad algo que él puso en marcha cuando estrenó la reelección”, dijo.Agregó que en esta batalla por la Presidencia se verán todo tipo de instrumentos de polarización. “Tampoco me cabe la menor duda de que el Presidente está apelando al poder que tiene para lograr que sea reelegido y eso es malo desde el punto de vista político, pero no tiene mucho peso en materia legal”. Hablan los congresistasAlgunos de los congresistas que hacen parte de la Unidad Nacional rechazaron la actitud mostrada por el expresidente Uribe y sus amigos y recordaron que fue para lograr la reelección en el 2006 que aparecieron graves denuncias como la ‘Yidispolítica’, la entrega de notarías y muchos cargos burocráticos para garantizar el segundo periodo del exmandatario.El presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, del Partido Conservador, aseguró que cualquier persona tiene derecho a denunciar si cree que tiene argumentos para eso. “Hacia allá no se debe orientar el debate político de las elecciones que se vienen, creo que el debate debe orientarse a las ideas, a la política pública, a los actos de gobierno, a los proyectos ejecutados, pero si este debate político que viene va a estar en torno a denuncias, cuestionamientos eso no le hace bien a la democracia”, dijo.El vocero de Cambio Radical en el Senado, Carlos Fernando Motoa, dijo que parece “un chiste” la denuncia del uribismo “porque estoy convencido de que este Gobierno no actúa con el chantaje que lo hizo la administración pasada”.“Nosotros (Cambio Radical) fuimos perseguidos por el gobierno del presidente Álvaro Uribe por no estar de acuerdo con la segunda reelección; y que yo sepa, ni Santos ni ninguno de sus ministros ha presionado a algún congresista o líder político de la manera que lo hicieron en la administración pasada”, dijo el senador Motoa.Entre tanto el senador Aurelio Iragorri, del Partido de la U, calificó como “patadas de ahogado” la denuncia del uribismo e indicó que “si hay un gobierno que ha sido justo con todos los colombianos y que ha atendido con complacencia a todos los sectores de opinión con asiento en el Congreso, ha sido el del presidente Santos”.“Lo que pasa es que la política permite ese tipo de caminos y cuando a algunos les va mal, tienen que salir con ese tipo de armas bajas que no guardan relación con la realidad”, indicó el senador Iragorri.Por su parte el analista Rangel aseguró que los órganos de control deben entrar a investigar el hecho de que se les esté otorgando a muchos congresistas unos cupos que nada tienen que ver con las necesidades de las regiones y que representan actos claros de corrupción.Los vallecaucanos salpicados en las denunciasEntre las actas que sustentan la demanda del Movimiento Centro Democrático contra el presidente Juan Manuel Santos se detalla la manera cómo a varios congresistas del Valle del Cauca, inscritos en los partidos de la Mesa de la Unidad Nacional, les entregaron varias cuotas burocráticas.Quien más menciones tiene, sin que se haya conocido el listado completo, es el senador liberal Édinson Delgado, de quien dicen los archivos que ha recibido supuestamente cupos en el Incoder, el Seguro Social, el Servicio de Aprendizaje (Sena), el Ministerio de Minas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Salud, en Colpensiones y en la Superintendencia de Servicios Públicos.Igualmente, dan cuenta los documentos entregados, que el expresidente del Congreso Roy Barreras recibió varios cargos en Caprecom, entre ellos la subdirección de esta EPS, en la que figura como titular su esposa, Gloria Elena Arizabaleta.Al senador del Partido de la U también le habrían entregado participación burocrática en la Superintendencia de Notariado y Registro, en el Invías, en la sede de la Escuela Superior de Administración Pública del Valle, en la empresa prestadora de Salud Selvasalud, en la Aeronáutica Civil y en el Ministerio de Relaciones Exteriores.Incluso, al senador Mauricio Ospina, del Polo Democrático Alternativo, le figuran dos anotaciones: una sobre una supuesta participación en el Ministerio de Salud y otra en el Ministerio de Relaciones Exteriores.En una de las actas también figura el nombre de la exsenadora Dilian Francisca Toro, del Partido de la U, pero no es posible leer el detalle de las cuotas que habría recibido la excongresista de manos del Gobierno Nacional.Sobre los representantes a la Cámara Juan Carlos Martínez Gutiérrez, del Partido de la U, y Heriberto Sanabria, del Partido Conservador, también uno de los documentos asegura que ambos tienen cuota de participación burocrática en la sede de la Aeronáutica Civil en el Valle.