“Aquí hubo una orgía de títulos mineros”: Amylkar Acosta, ministro de Minas

Amylkar Acosta, ministro de Minas, habló sobre responsabilidad del Gobierno en tragedia minera de Santander de Quilichao.

Tras la tragedia ocurrida en una mina del corregimiento de San Antonio, zona rural de Santander de Quilichao, donde doce mineros murieron sepultados por un derrumbe, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, visitó el norte del Cauca para analizar soluciones a la minería ilegal. En entrevista con El País, reconoce que este es un problema que se dejó crecer y responde a los cuestionamientos sobre la responsabilidades del Gobierno frente a este tema.Desde el 2008 la multinacional AngloGlod Ashanti tenía título minero en San Antonio, donde murieron doce personas por un derrumbe en una mina ilegal. ¿A quién le tocaba vigilar esta zona? Allí había un título para exploración, pero para que se pudiera llevar a cabo la tarea de explotación como tal era indispensable contar, adicionalmente, con la licencia ambiental. La información que yo tengo es que no se había finiquitado ese proceso de licencia y en el entretanto la zona fue invadida y ocupada por terceros que no tenían ningún título sobre el área. ¿Era tarea de la Agencia Nacional Minera verificar lo que estaba ocurriendo en la zona, si había título minero? Las comunidades han dicho que hubo omisión en este caso por parte del Gobierno... Sin evadir la responsabilidad que como ministerio y como autoridad minera que tenemos, el hecho es que efectivamente sí se había pedido que se cerrara la mina, no es que nosotros hubiéramos esperado a que se diera la tragedia. La Agencia Nacional Minera verificó y constató los hechos y los puso en conocimiento de las autoridades competentes. La Agencia no tiene facultad para cerrar una mina. ¿Para qué sirve entonces la Agencia Nacional Minera?De acuerdo con la ley que creó la Agencia, le dio la función de la titulación y la fiscalización. Por lo tanto, la labor se circunscribe al control de la minería legal. El Ministerio expide el título y después de que se le otorga la licencia, a partir de ese momento, ese polígono entra en el radar de la Agencia. Pero lo que se cuestiona es que la autoridad minera no tome medidas ejemplares sino que delegue esa responsabilidad a los alcaldes del país. El Mandatario de Santander de Quilichao, por ejemplo, ha dicho que ya no sabe cómo controlar la minería ilegal...No es propiamente una delegación, se trata de competencias. El Alcalde de Santander de Quilichao fue diligente puesto que en varias oportunidades pidió el amparo policial para hacer los operativos, pero la Policía en sus procedimientos encontró la resistencia y la oposición de quienes estaban ejerciendo esta actividad en el área.La Policía también se queja de los vicios que tiene el marco jurídico para combatir la minería ilegal. Justo donde ocurrió la tragedia, por tener título minero, dicen, no se pudo intervenir la maquinaria. Aseguran que tampoco pueden actuar en sitios que no estén declarados como zona de protección ambiental...En esto de la minería no estamos tratando con angelitos. Nos estamos enfrentando a un flagelo de gran complejidad por los intereses que están en juego. Nuestro estado de derecho es garantista. Eso muchas veces es aprovechado por quienes recurren a todo tipo de artilugios jurídicos para evadir las acciones de la justicia. No pocas veces en las investigaciones que se inician, maquinaria incautada debe ser reintegrada a sus reclamantes por falta de pruebas y se frustran los procesos. La falta de pruebas también se debe al imperio de la ley del silencio que imponen los violentos. Eso hace mucho más difícil la tarea, pero no quiere decir que el Gobierno va a deponer su lucha.¿Se le salió de las manos la minería ilegal al Gobierno?La ley, de alguna manera, no tiene la suficiente eficacia y este fenómeno que se ha incubado en los últimos seis u ocho años tal vez no se preveía en su momento cuando se expidieron normas como el Código Penal o el nuevo Sistema Acusatorio de Justicia. No se pensó que este tipo de delitos pudieran llegar al desbordamiento que hemos llegado y eso nos plantea un reto, hay que revisar la normatividad y fortalecer los organismos de investigación. Estamos avanzando, pero dejamos crecer este problema. Estamos cosechando lo que se sembró en el pasado, aquí lo que hubo fue una orgía de títulos mineros, una especie de piñata en la que se otorgaron a tutiplén y que generaron un caos en la minería en medio de una debilidad institucional. La situación minera en el Cauca, dicen las autoridades locales, ya está sobre diagnosticada ¿Qué va a hacer el Gobierno para frenar este problema en esta región del país?Vemos con buenos ojos la iniciativa planteada por el Gobierno Departamental de declarar la emergencia pública y ambiental porque aquí hay una situación dramática y extrema, que exige que se apliquen planes de choques concretos. El Gobierno quiere hacer en el Cauca un plan piloto integral de erradicación de la minería ilegal, que no solo tenga represión y persecución, sino que se ofrezcan alternativas a esas gentes que por la precariedad de sus ingresos, por la falta de oportunidades, se juegan la vida a diario en una mina sin saber si volverán a sus casas.Piden declarar emergencia públicaLa Gobernación del Cauca solicitó al Gobierno declarar la emergencia pública y ambiental para combatir con más fuerza la minería ilegal. Dicha declaratoria vendría de Minambiente o de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC.La petición se hizo durante la mesa multiétnica y multicultural de las comunidades del Cauca, que reúne a pueblos indígenas, afro y campesinos, en la que se exigió a la Nación acciones concretas a este tema.Investigar responsabilidades, proteger la minería artesanal y mitigar daños ambientales fueron algunas de las exigencias. “Si no se toman acciones, lo haremos por nuestra cuenta y el Gobierno será responsable de lo que nos pase”, advirtió Feliciano Valencia, vocero de la mesa.Por su parte, el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, indicó que la mina ‘Agualimpia’, donde murieron los doce mineros, quedó sellada.”Hay Policía en la zona, pero necesitamos que el Gobierno determine tapar los huecos que quedaron para no regresen ni la gente ni las máquinas”, indicó.