Alertan ‘mico’ en ley para desmovilizados

Diciembre 20, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co I Bogotá
Alertan ‘mico’ en ley para desmovilizados

Las declaraciones de algunos desmovilizados de las autodefensas serían cruciales para definir la situación jurídica de varios congresistas y funcionarios involucrados con la llamada parapolítica.

Artículo impide que declaraciones de los desmovilizados se usen en contra de terceros, lo que genera es que se les limite la denuncia de hechos que ellos cometieron y que no se tengan en cuenta para adelantar procesos que aclaren los posibles nexos de políticos con este grupo irregular.

Un artículo de la ley que da el marco legal para sacar del limbo jurídico a más de 30.000 paramilitares rasos desmovilizados abrió la polémica debido a las advertencias de sectores políticos sobre lo que sería un ‘blindaje’ a los procesos de la parapolítica que podrían denunciar los reinsertados.La legislación, aprobada la semana pasada, dice en un inciso del Artículo 4 que “la información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros”.Este aparte, según analistas, lo que genera es que los excombatientes de las AUC se les limite la denuncia de hechos que ellos cometieron y que no se tengan en cuenta para adelantar procesos que aclaren los posibles nexos de políticos con este grupo irregular.En su momento, el ponente de la iniciativa, senador Roy Barreras, justificó la vinculación de este artículo argumentando que éste “no pretende otra cosa que hacer efectivos los procesos de reconciliación nacional, los cuales no son obstáculo para la recepción de la verdad dentro de los procesos judiciales”. Al ser cuestionado sobre la diferencia de esta ley y una amnistía, Barreras aclaró que “la ley está limitada a desmovilizados rasos, a los que portaban el uniforme, a los que no tienen prueba alguna del Estado que cometieron otro delito, su obligación es contar la verdad y no volver a delinquir jamás, pero además se les aplica una pena de concierto para delinquir agravado y de porte de uniformes y armas de fuego. En la amnistía no se aplica pena, en ésta es perdón total igual que el indulto”.Los críticosAprobada la iniciativa y con el anuncio del Gobierno de que la sancionará hoy mismo, sectores políticos salieron al paso al supuesto ‘mico’, argumentando que hay un alto riesgo de impunidad.El representante a la Cámara, Iván Cepeda, señaló que “hicimos el intento para modificar el inciso de ese artículo porque es absurdo e inconstitucional pretender que los jueces obvien los delitos que serán declarados, incluso, muchos de ellos de lesa humanidad”.Para el congresista “la plenaria de la Cámara no permitió hacer esta modificación” por lo que alertó que “no sólo ese artículo, sino la ley está viciada debido a que la votación se suspendió por falta de quórum y luego se reabrió, lo que lanzó por tierra todo el trámite de la iniciativa”.Recalcó que lo aprobado por el Congreso lo que generará es que “se anule la posibilidad del derecho a la verdad y termina por maniatar a los jueces en su deber de investigar, juzgar y sancionar los delitos que se declaren, incluso, repito, muchos de lesa humanidad”.La representante Alba Luz Pinilla anotó que “esta es una ley de impunidad”, al considerar que al no tenerse en cuenta las declaraciones de los desmovilizados para procesos judiciales, no se conocerá la verdad de los que resultaron beneficiados con estos grupos ilegales.No es blindaje Pese a las críticas, hay sectores que consideran que lo aprobado en el Congreso no representa una ley de impunidad o que sea un eventual blindaje para futuros procesos de parapolítica.El ex comisionado de Paz Camilo Gómez manifestó que “no creo que se trate de un blindaje para el tema de la parapolítica, lo que se trata de prevenir con este artículo es el tráfico de declaraciones que se sospecha existe”.Reiteró que “lo que se observa es que, también, se quiere evitar el tráfico de esas declaraciones y de las negociaciones que se pueden dar en este sentido”.El analista Alfredo Rangel dijo que “la ley cumple con el propósito de evitar que los desmovilizados vayan a la cárcel, luego de haber confiado en la palabra del Estado”. “Ellos no pueden inculparse en delitos distintos a los que se refiere la ley, como la utilización ilegal de prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y el porte de armas, por lo tanto el propósito no es iniciar procesos judiciales en contra de ellos o de terceros”.Enfatizó que “es poco probable que estas personas inculpen a terceros sin que ellos mismos terminen vinculados” por lo que cree que ante el alto número de desmovilizados, habrá que buscar mecanismos para sus declaraciones, pero nunca para que “se abran más procesos judiciales”.

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