Abren proceso de responsabilidad fiscal a exsuperintendente de Salud

Según la contraloría, se están investigando a los presuntos implicados para establecer responsabilidades en la apropiación de recursos parafiscales del Sector Salud.

La Contraloría General de la República cerró indagación preliminar y abrió proceso de responsabilidad fiscal por más de $898 millones de pesos contra el exsuperintendente de Salud Conrado Gómez, y otros funcionarios de esa misma entidad. La indagación preliminar se originó en una denuncia que recibió la Contraloría sobre “…la apropiación de recursos parafiscales del Sector Salud, como consecuencia de la contratación que hacen las EPS de asesores, consultores o auditores, al parecer impuestos por el Superintendente Nacional de Salud, así como por irregularidades en la intervención forzosa administrativa, presuntamente sin existir causal legal, en las Empresas Promotoras de Salud EPS Condor, Emdisalud, Humana Vivir Eps y Multimédica Eps”. Al cerrar la indagación, la Contraloría Delegada para el Sector, a cargo de Carlos Eduardo Umaña, recomendó abrir proceso de responsabilidad fiscal teniendo en cuenta que las medidas cautelares de adopción de vigilancia especial “no se adecuaban a la situación financiera de las EPS individualmente consideradas”. Además, se indicó que “no obstante haber desaparecido en algunos casos los fundamentos de hecho que en teoría motivaban su adopción, se extendieron injustificadamente en el tiempo, lo que generó el pago de honorarios sin corresponder a la situación que pretendía corregir; no lograron el fin para el cual se dispuso su correspondiente adopción en algunos casos, y no fueron proporcionales a la situación financiera de las EPS cobijadas con dichas medidas y, en conclusión, corresponden a una gestión fiscal antieconómica”. La Contraloría General de la República vinculó como presuntos responsables fiscales a Conrado Adolfo Gómez Vélez, Superintendente Nacional de Salud para ese entonces; Claudia Constanza Rivero Betancur, Superintendente Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos para la Salud. Otros de los presuntos implicados son Gilberto Álvarez Uribe, Superintendente Delegado para la Atención en Salud; Juan Carlos Corrales Barona, Superintendente Delegado para la Protección al Usuaruo y la Participación Ciudadana; Virginia Suárez Niño, Secretaria General de la Superintendencia Nacional de Salud; y Flor Marina Pachón Garzón, Asesora encargada de las funciones de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales. Además, se vinculó a la firma Valencia Consultores & Outsorcing Limitada – VCO LTDA.