A plenaria de la Cámara proyecto que modifica la Defensoría del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseguró que la inversión necesaria para las modificaciones de dicha institución son del orden de 120.000 millones de pesos.

En Comisión Primera de Cámara de Representantes se aprobó el proyecto de ley que facultará al Presidente de la República para realizar modificaciones orgánicas a la Defensoría del Pueblo. La iniciativa ahora pasa a debate en plenaria de Cámara de Representantes. Además, durante la sesión, fue aprobada la creación de una Comisión de Seguimiento que deberá rendir informes sobre el uso de las facultades otorgadas al Jefe del Estado. Esta comisión funcionará de manera análoga a la Comisión de Seguimiento que se creó con la Ley de Víctimas y estará conformada por dos representantes y dos senadores de las comisiones primeras de Cámara y Senado. De acuerdo con el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, la inversión necesaria para las modificaciones de dicha institución son del orden de 120.000 millones de pesos. Según Otálora, la Defensoría tiene un déficit de funcionarios de más de 1.200 personas y requiere de 1.300 defensores públicos más para realizar un acompañamiento a las víctimas y en temas de restitución de tierras. El representante Heriberto Sanabria, ponente de la iniciativa, defendió la urgencia de modificar la Defensoría del Pueblo, para dotarla con las herramientas necesarias en la atención de las necesidades que surgirán ante un eventual panorama de paz. El único opositor del proyecto de ley fue el representante Germán Navas, del Polo Democrático, quien consideró que la medida le otorga al Presidente una “carta blanca” para realizar las modificaciones que quiera en la Defensoría del Pueblo. Además, recordó que los representantes a la Cámara fueron elegidos por voto popular para legislar y por lo tanto “no hay razón para entregar esa labor sagrada”. Sus declaraciones produjo la reacción de varios representantes de la Comisión Primera, entre ellos, el ponente Heriberto Sanabria quien se defendió argumentando que la medida representa un voto de confianza al Gobierno Nacional. Además argumentó que, por “economía legislativa” y a escasos 20 días para finalizar la actual legislatura, es necesario permitirle al Presidente expedir decretos ley para reformar la Defensoría del Pueblo, de modo que pueda ajustarla a las necesidades que surgirán si se firma un acuerdo de paz con las Farc. Otros representantes, como Victoria Eugenia Vargas, recordaron que las facultades que se le otorgarán al Presidente son específicas, tienen un lineamiento determinado del que no podrá salirse el primer mandatario y serán concedidas únicamente por seis meses. Entre las modificaciones que están contempladas para la estructura de la Defensoría se destacan la creación de una Unidad Permanente de Atención a los Derechos Humanos que funcionará durante 24 horas y en apartados lugares del territorio nacional, la creación del Instituto de Derechos Humanos para promover investigación sobre la materia y de una dependencia de Asuntos Internacionales para atender a los colombianos en el exterior.