"A las Farc no se les pueden poner penas simbólicas": procurador Ordóñez

Abril 19, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Alfonso Ospina | Colprensa.

Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, dice que el mecanismo de refrendación no puede ser escenario de una nueva guerra entre partidarios y críticos de lo que se acuerde. Ratifica que no será candidato presidencial.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, sigue siendo uno de los críticos más severos de la forma como marcha el diálogo entre el Gobierno y las Farc. 

Mientras espera que el presidente Juan Manuel Santos le responda las 45 preguntas que hizo sobre ese proceso, también lanza señales conciliatorias, como que “el mecanismo de refrendación de los acuerdos no puede ser un escenario de una nueva guerra entre los partidarios y críticos de lo que se acuerde”. 

Al tiempo, descarta las insinuaciones respecto a sus supuestas aspiraciones políticas y se sorprende del “afán del presidente de candidatizarme. Se lo agradezco, pero no. La única candidatura que acepto es la de ser el mejor procurador”. 

En entrevista con Colprensa, Ordóñez también habló sobre la crisis en la justicia. Se muestra convencido de que  no se soluciona únicamente con nuevas normas. Y expresa “muchísima preocupación” porque en la reforma de Equilibrio de Poderes se proponga que el Presidente terne al Procurador. “Esto significa convertirlo en otro ministro del Ejecutivo”. 

Es un nuevo acto de barbarie que nos arrebató a once miembros del Ejército Nacional; ratifica el por qué la sociedad tiene desconfianza y plantea inquietudes frente al proceso de paz. Es un hecho que  rechazo y condeno como Procurador General de la Nación. Reitero mi abrazo solidario a los familiares de nuestros héroes y a toda la Fuerza Pública. Y dejo una reflexión: si el secuestro del general Alzate significó la suspensión del proceso de paz, ¿qué puede significar el asesinato de 11 soldados de la Patria? 

Muy sencillo. En materia de justicia transicional hay que aplicar las dos sentencias de la Corte Constitucional relativas al Marco Jurídico para la Paz y que hoy se las quieren birlar. Debe haber proporcionalidad entre la pena a imponer y la gravedad del crimen cometido, como indicó la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Eso implica que la cúpula no puede gozar de penas simbólicas como trabajo comunitario o excusas públicas. Frente a los crímenes atroces se requiere cárcel. Y no nos engañemos, cárcel es cárcel, no construir otra ‘Catedral’ para los autores de tanta barbarie. 

La respuesta puntual y precisa a las 45 preguntas no es un peaje para apoyar o criticar el proceso. Es una obligación constitucional del señor Presidente. Es, además, una oportunidad que tiene el Gobierno para generar confianza ciudadana en las conversaciones con las Farc. Si el Presidente insiste en negarse a contestarlas le hace un mal al proceso, afecta su transparencia y aumenta el escepticismo. ¿Cómo avanzar hacia un Pacto para la Paz con los críticos del proceso si el Gobierno no está abierto a dialogar sobre preguntas concretas? 

Sobre el mecanismo de ratificación (consulta popular, referendo o constituyente) para los acuerdos a los que lleguen, ¿cree que los colombianos que no están de acuerdo tendrán manera de ser escuchados? 

El mecanismo de refrendación no puede ser escenario de una nueva guerra entre los partidarios y críticos de lo que se acuerde. No debe profundizar las diferencias, sino contribuir a la construcción de consensos. Tampoco puede jugar a barrer a los críticos con la excusa de la paz. La firma de un acuerdo o inclusive su refrendación no es garantía de reconciliación; por el contrario, si se hace con torpeza puede ser fuente de nuevos conflictos en la sociedad. 

Más allá del debate jurídico sobre cuál sea el mecanismo de refrendación, es conveniente que resulte de un Pacto para la Paz entre todos los sectores de la sociedad, incluidos  los críticos del proceso. Hay que pensar cómo blindar los acuerdos y la única forma posible es un candado jurídico–político,  un Pacto para la Paz entre los críticos del proceso  y sus defensores. 

Me llama la atención el afán del presidente Santos de candidatizarme. ¡Lo veo muy entusiasta! Se lo agradezco, pero no, gracias. La única candidatura que acepto es la de ser el mejor procurador. Esa es mi tarea y a eso estoy dedicado. No me voy a dejar distraer de mis funciones constitucionales y como dije hace algunos días, cuando recordaba alguna frase de una canción de Alejandro Sanz: ‘Te lo agradezco, pero no’. Déjenme seguir siendo procurador, que yo los dejaré seguir siendo lo que sean. 

No es correcto que haya peticiones de renuncia a un magistrado por parte de funcionarios públicos. Ello desconoce dos pilares del Estado colombiano: de un lado, la pisión de las ramas del poder público, que demanda autonomía e independencia entre ellas. Por el otro, la presunción de inocencia y el debido proceso. No es aceptable en un Estado de derecho responsabilizar a alguien sin que se adelante un juicio y se ejerza el derecho a la defensa. Corresponderá a las autoridades competentes tomar las decisiones pertinentes. Sobre motivaciones ocultas, no me corresponde opinar.  Pretelt ha dicho públicamente que existen tales motivaciones, con señalamientos muy graves. Deberá la justicia esclarecerlas. 

A todo investigado, inclusive a la doctora  Patrón, debe garantizársele la presunción de inocencia y el debido proceso. Si llega el momento, deberá la Procuraduría pronunciarse sobre si las acusaciones por las cuales se le investiga en lo penal guardan alguna relación con el deber funcional de la doctora Patrón. 

La crisis no se soluciona únicamente con nuevas normas. La solución tiene otras dimensiones. Una de ellas es la formación de nuestros jueces, la cual debe estar marcada por la ética. Si queremos decisiones justas debemos tener jueces éticos. Si no contamos con jueces celosos del bien común, fácilmente vemos a jueces presos de sus intereses privados. ¿Cómo procuramos a nuestros jueces esa eticidad? Empecemos por lo más elemental, garanticemos su autonomía e independencia del Ejecutivo, para así evitar que la justicia se politice y que la política se judicialice. 

Como dije anteriormente, la solución al problema de la crisis de la justicia no está exclusivamente en las normas, pero estas pueden ayudar a rescatar la credibilidad institucional, claro está, si se hacen bien. Y parece ser que éste no es el caso. Y para ello opino sobre la Procuraduría. Me preocupa muchísimo que en la reforma denominada ‘Equilibrio de poderes’ se proponga que el Presidente sea quien terne al Procurador. Esto significa convertir al procurador en un ministro más. Ello rompería el equilibrio entre los poderes, pues el controlador del gobierno termina siendo un apéndice del mismo. Eso sería una “involución” a la Constitución de 1886, pues vuelve a ser el procurador un designado del presidente. Esta propuesta no es consecuente con el clamor social de pisión de poderes y de autonomía de la justicia y de los órganos de control. El real equilibrio de poderes debería estar marcado por la imposibilidad de que el Ejecutivo interfiera en las demás ramas del poder público. En concreto, no debería el Presidente incidir en la elección de magistrados, ni del Fiscal ni del Procurador. Así tal vez habría en realidad equilibrio de poderes. 

Mentiría si afirmo que la Procuraduría está exenta de este fenómeno, porque es imposible controlar a todos los servidores de la entidad. Sin embargo,   hacemos grandes esfuerzos  para evitar que nuestros funcionarios flaqueen al lobby de  los abogados.

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