"54 municipios están en riesgo por la amenaza de grupos armados ilegales": presidente de la Judicatura

El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y asistente al Consejo, magistrado Hernando Torres Corredor, explicó qué va a suceder en el corto plazo con la creción de los jueces nacionales

Si la declaratoria de Conmoción Interior, que el martes sonó como posibilidad para combatir crímenes y excarcelaciones, causó confusión por la falta de motivos reales para invocarla, las conclusiones que hasta ahora arroja el Consejo de Política Criminal convocado por el Presidente de la República no esclarecen mucho más el asunto; por lo menos, en lo que respecta a la Judicatura.Medidas como la creación de 30 jueces, que se encargarán exclusivamente de delitos relacionados con el concierto para delinquir y que funcionarán en 15 municipios donde las condiciones de seguridad son críticas (según los informes de la Policía Nacional), podrían ayudar frente a las intimidaciones que sufren algunos jueces. Sin embargo, aún persiste la duda acerca de qué papel cumplirá la policía judicial a la hora de efectuar una captura y así evitar que un funcionario judicial se vea en la obligación de ordenar una libertad.Estás dudas serán las que intentarán resolver en los próximos días los integrantes del Consejo de Política Criminal, quienes se reunirán con la idea de elaborar un plan estratégico que les permita a dichas entidades, junto a los directos responsables de toda la cadena judicial (Policía Judicial, fiscales y jueces) , diseñar un mecanismo coordinado para cumplir los procedimientos que les corresponden, sin generar situaciones como las que llevaron a esta coyuntura.También podría haber reformas legales como la ampliación a los términos para la legalización de las capturas, que hoy está en 36 horas. Al respecto, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y asistente al Consejo, magistrado Hernando Torres Corredor, explicó qué va a suceder en el corto plazo.¿Qué hecho motivo la convocatoria del Consejo de Política Criminal y la posibilidad frustrada de decretar la Conmoción Interior?Las bandas criminales tienen nuevas modalidades de delinquir, nuevas formas de operar, tienen más armas y más inteligencia. Por eso se configura una nueva manera de combatir estos delitos.¿Qué es lo que se persigue con este tema de nuevas estrategias judiciales?Hay que hacer una claridad. Lo que se quiere es estructurar una lucha para combatir las bandas emergentes, en particular el llamado delito de concierto para delinquir, en cuanto está relacionado con el porte ilegal de armas y demás hechos particulares del concierto.Y en el tema que a los jueces corresponde ¿qué conclusiones sacaron de la reunión del Consejo de Política Criminal?Están relacionadas con el estudio de las libertades concedidas a estas personas, al igual que a los beneficios relacionados con la casa por cárcel.Mucho se habla de decisiones impartidas por presiones o intimidaciones a jueces en zonas de alto riesgo. ¿Qué se dijo al respecto?Lo primero que se determinó fue la creación de 30 jueces de control de garantías que tendrán una cobertura mucho mayor de la que tienen ahora. Como he dicho, estarán exclusivamente destinados a casos sobre concierto.¿Dónde operarán esos jueces?Según informes de la Policía Nacional, cerca de 54 municipios están en riesgo por la amenaza de grupos armados ilegales. Estos están ubicados, entre otras partes, en Antioquia, Córdoba, Sucre, Valle del Cauca y Putumayo.¿Cómo se debe proceder frente a las capturas que hoy se presenten por el delito de concierto para delinquir?La idea, de cara a la seguridad que deben tener los jueces, es que los funcionarios se desplacen a los sitios donde se reporten el tipo de delitos de los que hemos hablado. En Medellín, por ejemplo, va a haber 2 ó 3 jueces de control de garantías que se desplazarán y podrán conocer la legalización de capturas, al igual que la recepción de imputaciones y audiencias de medidas de aseguramiento.¿De qué depende la efectividad de estas nuevas medidas?Lo que debe suceder es una coordinación y una efectividad. Para percibir este tipo de delitos debe haber efectividad de parte de las organizaciones estatales (Fiscalía, Defensoría del Pueblo y jueces) . Los jueces son itinerantes, móviles, todo con tal de resguardar a los funcionarios.¿Cómo van a responder las otras entidades?A la judicatura no le corresponde la prevención del delito, eso es de la Policía Nacional y del Ejecutivo. A la Rama Judicial le corresponde la judicialización de los hechos una vez se materializan.¿Qué más se espera a futuro?Estamos reunidos en el Consejo de Política Criminal para coordinar las acciones y para que cada quien trabaje de manera coordinada. Lo que queremos es que los procedimientos se den de manera coordinada. Lo que se quiere es materializar una gerencia colectiva.