30 años después, todavía hay batallas por el Palacio de Justicia

Noviembre 05, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co|Colprensa
30 años después, todavía hay batallas por el Palacio de Justicia

Cada 6 de noviembre, los familiares de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia se reúnen en la plaza de Bolívar y realizan manifestaciones simbólicas para que el país no olvide la tragedia que allí se vivió.

Un año después de la condena de la Cidh, el Estado no inicia trámite para indemnización de los afectados.

Diez mil novecientos cuarenta y nueve días ha durado la lucha jurídica que busca establecer el paradero de trece civiles y once guerrilleros que desaparecieron en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Lea también: No me arrepiento de haber sido del M-19: senador Everth Bustamante. Una lucha que también ha cobijado a los familiares de las 94 personas que, según las cifras oficiales, perdieron la vida entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 en la máxima sede de la justicia colombiana. El inicio de esa batalla por la verdad ha sido liderada desde siempre por los seres queridos de los empleados de la cafetería del Palacio y de quienes ese día se encontraban ocasionalmente de visita en la edificación. Los primeros días y meses después de los trágicos hechos la misión de todos, algunos en grupo y otros en solitario, era recorrer el Hospital Militar, el Cantón Norte, las sedes del Instituto de Medicina Legal. Luego, algunos empezaron a visitar los cementerios de Bogotá y otras poblaciones aledañas, al igual que los demás centros asistenciales de la región. Unos más tocaron las puertas de la propia Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la Nación, en tanto que la Rama Jurisdiccional empezó investigaciones que años después terminaron en un informe del Tribunal Especial de Instrucción Criminal que hizo una primera referencia a que tras los hechos del  Palacio había personas desaparecidas. Ese es el proceso que sigue hasta el 2006, cuando la Comisión de la Verdad que creó la Corte Suprema de Justicia para que investigara el caso recoge las declaraciones de muchos de los implicados y concluye y ratifica las desapariciones. Pero ya desde los 90 los familiares de las víctimas venían trabajando conjuntamente logrando que en el 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, admitiera las denuncias sobre desaparición forzada de personas. Al caso se le  adicionaron las quejas por torturas y el del magistrado Carlos Urán, puesto  que para la época ya se había probado por  videos y declaraciones que había salido vivo del edificio, pero que después su cuerpo había sido entregado por el  Instituto de Medicina Legal conjuntamente con los guerrilleros del M-19, siendo identificado como NN. Como se sabe, en noviembre del año pasado la Cidh  condenó al Estado colombiano a indemnizar a las víctimas, proceso que todavía está pendiente, porque  no se ha establecido ante qué entidades se deben hacer las respectivas reclamaciones. Sin embargo, según el abogado Eduardo Carreño, a partir del próximo sábado 14, al cumplirse el primer año de promulgación del fallo, el Gobierno Nacional queda expuesto a que la OEA lo requiera para que entregue un avance de las investigaciones. Otros procesos En cuanto a los procesos que tiene a su cargo la justicia colombiana, los esfuerzos de los  familiares de las víctimas se han centrado en batallar para que se investigue a  los militares que desaparecieron a sus seres queridos. Producto de esa persistencia, dicen ellos, el coronel Alfonso  Plazas Vega fue condenado en decisión de segunda instancia por dos casos: el de Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería, y el de la  guerrillera Irma Franco Pineda. La misma decisión  tomó la justicia frente al general Armando Arias Cabrales, al hallarlo culpable de la desaparición de esas dos mismas  personas además de Luz Mary Portela León, quien el día del holocausto visitaba ocasionalmente el Palacio; Bernardo Beltrán, mesero de la cafetería, y David Suspes, administrador de la misma. De acuerdo con el abogado Carrero, Arias Cabrales  también está implicado en el proceso que se sigue por la muerte del magistrado Urán, junto a los también generales Rafael Hernández López y Carlos Alberto Fracica Naranjo, quienes fueron indagados al respecto hace cinco años sin que hasta ahora se les haya resuelto la situación, “cuando  es una decisión que jurídicamente se tenía que resolver en quince días”. Sin embargo, su hija Anahí es pesimista: “No hay ningún interés en sacar la verdad. Se han dicho algunas verdades para hacer sentir a la sociedad que se está caminando en esa dirección”. Cuerpos que no son Otro es el drama que desde el pasado 20 de octubre están viviendo varias  familias cuyos destinos también cambiaron para siempre tras el holocausto del Palacio. Ese día, personal de Medicina Legal llamó a René Guarín para informarle que habían aparecido los restos de su hermana Cristina del Pilar, quien para el día de la tragedia llevaba poco más de un mes como cajera temporal de la cafetería y de quien solo se supo, por una fotografía, “que había salido viva  en custodia de un hombre del Ejército” y que lucía una falda escocesa. Y aunque el ver un  trozo de tela de la falda de su hermana le significó algo de certeza y ya está haciendo planes para enterrarla fuera de Colombia,  en el corazón de   René aún hay lugar para la duda, no solo porque estos aparecieron a pocos días de cumplirse los 30 años de la tragedia, sino justo después de la firma de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc para búsqueda de personas desaparecidas.Como si fuera poco, su alivio significó incertidumbre para los familiares de María Isabel Ferrer   de Velázquez, ya que por años se dijo que esos restos pertenecían a ella. Una paradoja similar  padecen los seres queridos de Luz Mery Portela,  cuyo cuerpo había sido entregado como si fuera el de Libia Rincón Mora.     De la misma equivocación fue víctima el magistrado Pedro Elías Serrano Abadía, quien  había sido enterrado en Cali, pero tras ser exhumado quedó en evidencia que ese cuerpo correspondía a una mujer, que ahora tampoco se sabe quién es.Por eso Guarín insiste en que “hay que seguir luchando para que los militares y los civiles que dirigieron la retoma del Palacio nos digan la verdad plena que por 20 años el Estado se empeñó en ocultar”.La misma verdad y la misma justicia que muchos temen que, tras la conmemoración de los 30 años de la tragedia, volverán a sumirse en la impunidad, a menos que aquellos a quienes llevan en la sangre el dolor por muertos y desaparecidos, sigan tocando sin descanso a las puertas de la justicia nacional e internacional.

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