Tutelas de buses tradicionales frenan gestión de la Secretaría de Tránsito de Cali

Veinte tutelas diarias está conociendo la Secretaría de Tránsito, muchas por fallas en la salida del colectivo. Hay vulnerabilidad jurídica. Problema de fondo es económico.

El semáforo para la Secretaría de Tránsito parece estar en amarillo por estos días. Hay alerta en las oficinas encargadas de manejar la movilidad de Cali, luego de que un juez ordenara seis días de arresto contra el secretario Alberto Hadad por no acatar un fallo de tutela.El problema es que ya en febrero pasado otro juez había tomado una decisión similar por incumplir una tutela a favor de los carretilleros. Y, según se conoció, aún hay en camino tres incidentes de desacato a decisiones judiciales. Un solo abogado tiene doce tutelas, nueve demandas y otro número similar de denuncias penales relacionadas con todo el proceso de desvinculación de los buses del transporte colectivo. Los procesos son muchos.La chatarrización de los buses se volvió una ‘papa caliente’ en manos de la Secretaría, pues mientras Hadad hace todo lo posible por sacar de circulación esos vehículos —alrededor de 900 que aún están vigentes—, los afectados responden con tutelas y denuncias alegando violación de normas y del debido proceso.Detrás de todo esto, según los analistas, lo que hay es un lío económico que no han podido superar los operadores del MÍO para comprar esos buses antiguos que hacen falta y lograr sacarlos de circulación. Pero el problema le ha rebotado al Tránsito que es la autoridad competente para eliminar el viejo transporte colectivo.A todo lo anterior se añade que el grupo de abogados de Tránsito que se encarga de velar por la seguridad jurídica de la Secretaría y cubrirle la espalda al Secretario en los actos administrativos que profiere, deja mucho que desear.El propio secretario Alberto Hadad reconoció que “es muy vulnerable la parte jurídica y estoy muy indignado con mi equipo jurídico porque (lo que pasó) es falta de control, pero también tienen que entender que yo firmo a diario 20 tutelas”.Un exfuncionario del Tránsito que pidió reserva de su identidad, sostuvo que no se entiende cómo se comete una falta tan elemental como la de dejar de notificar una resolución mediante la cual se acata una tutela como la que tiene hoy al borde de la cárcel al Secretario. Expertos consultados por este diario consideraron que las herramientas jurídicas que tiene la Secretaría de Tránsito para sacar definitivamente los buses del colectivo de circulación son limitadas y por eso se han perdido las tutelas y los jueces han aceptado las demandas.El principal argumento que esgrimen los demandantes contra el proceso de chatarrización de los buses es que los contratos firmados con los operadores del MÍO dicen que el sistema colectivo (los buses viejos) se eliminará cuando se declare cumplida la fase 2 del Sistema de Transporte Masivo.Metrocali aún no ha declarado dicha fase porque el sistema no se ha implementado en un 100 %, va en el 80 %, por tanto hay un 20 % remanente de transporte no cubierto por el MÍO del cual se pegan los transportadores del colectivo para seguir circulando.Ese es el caso de las empresas de transportes La Ermita, Río Cali y Decepaz, entre otras, que aún tienen rutas vigentes autorizadas por el Tránsito. “Es entendible que Hadad quiera sacarlos porque el MÍO registra hoy un déficit de 200.000 pasajeros y tiene la presión de los operadores, pero no puede hacerlo a plumazo limpio ni con operativos, debe cumplir la ley y las normas establecidas para ello”, advirtió uno de los demandantes que aseguró que esto no es una cosa personal contra Hadad.Pero Hadad manifiesta sus dudas y pregunta si detrás de todo no hay “una intención de desestabilizar la Secretaría”. Por eso ha buscado una nueva artillería de juristas para defenderse de la ráfaga de tutelas, demandas, denuncias y desacatos que hay en su contra. Ya en su equipo asesor han rodado cabezas por los ‘pecados’ jurídicos cometidos.Según el abogado Víctor Hugo Vallejo, detrás de estas acciones jurídicas “la intención es mantener un modelo tradicional que se nutre en sus utilidades económicas del desorden, la falta de control y la informalidad. Y ahora están en este pataleo de mantener el negocio viejo, simple y llanamente en defensa de unos intereses particulares, pero no del interés colectivo que defiende el transporte masivo”.Sin embargo, Ángela Patiño, personera delegada para el Tránsito y la Movilidad, sostiene que hay fallas y desconocimiento de la Secretaría en algunas actuaciones sobre el debido proceso, como se pudo ver con la cancelación de algunas tarjetas de operación de buses colectivos, lo cual generó tutelas de los afectados, porque no les notificaron dicha cancelación. Ese proceso hubo que rehacerlo.Por otra parte, “muchos fueron sacados de circulación sin tener en cuenta lo establecido en los documentos Conpes y resoluciones que ellos mismos (Tránsito y Metrocali) habían hecho, sobre la manera como se iban a retirar los vehículos del colectivo, hacer la reducción de oferta y la chatarrización”.El punto, según la Personera delegada, es que “la desvinculación de buses debió hacerse en la medida en que fueran comprados por los operadores y eso no ha ocurrido en la realidad”. Muchos vehículos salieron y no han sido adquiridos y los que están trabajando deben comprarse por los operadores para que puedan salir, según las normas existentes, advirtió la funcionaria.El alcalde Rodrigo Guerrero, por su parte, ha intervenido para que esta reducción de oferta se efectúe de manera justa y oportuna y que los vehículos sean comprados por los operadores. La Superintendencia de Puertos y Transportes propuso crear una tabla de precios para la compra de los vehículos que hacen falta, pero aún no se ha establecido.La salida que finalmente ha dado la presidenta de Metrocali, María del Pilar Rodríguez, es contratar un crédito por $90.000 millones para apalancar la chatarrización de los operadores, pero esos recursos aún no están listos. Con esa plata en la mano, los problemas jurídicos del Tránsito por cuenta del colectivo se acabarían, porque ya no habría excusa para no adquirir y sacar los buses actuales.Por ahora son 900 los vehículos pendientes de salir, lo que implicaría un número similar de tutelas o demandas si no se hace bien. De acuerdo con los fallos y normas vigentes, la Personería y otros analistas sugieren que mientras esos buses salen habría que organizar su circulación, definir mejor sus rutas en zonas donde aún no llega el MÍO y asegurar los recursos para pagar su chatarrización. De lo contrario, el Tránsito no resistiría la artillería judicial en su contra y el MÍO y la ciudad terminarían pagando las consecuencias.