Traslado de las familias del jarillón debe hacerse este año

De 7857 hogares, han sido reubicados 1129. Salida de las familias, proceso accidentado.

A lo largo de los 17 kilómetros del jarillón del río Cauca hay 7852 hogares. Todos, sin importar si la vivienda es de esterilla, cartón, latas o cemento, están en zona de alto riesgo no mitigable, encima del dique que protege a Cali de una inundación, si el río Cauca llega a desbordarse. El riesgo no atañe únicamente a estas familias. De fracturarse el jarillón, la inundación afectaría a todo el Distrito de Aguablanca, donde vive hoy casi un millón de personas, según los estudios hechos por una comisión de expertos holandeses para la CVC y el Fondo Nacional de Adaptación.Además, dejaría sin el servicio de acueducto al 70 % de la ciudad, porque la planta de tratamiento de agua de Puerto Mallarino está justo en el área considerada como inundable.Por ello, desde el año pasado comenzó la reubicación de las familias que viven sobre la estructura y, según el secretario de Vivienda de Cali, Juan Carlos Rueda, este proceso deberá hacerse en su totalidad en el 2015, para que la CVC y Emcali puedan realizar el reforzamiento del jarillón.Hasta la fecha, 1129 hogares han sido trasladados a los programas habitacionales que el Estado ha construido para los residentes en el dique. 1066 se reubicaron el año pasado y 63 en lo que va corrido del 2015.Pero mientras algunos se van felices, otros se resisten a salir, dando primero la pelea buscando mejores condiciones. De hecho, 23 personas interpusieron una acción de tutela para suspender el traslado ante el Juzgado 16 Civil Municipal, cuyo despacho ordenó provisionalmente dejar de mover las familias mientras resuelve la petición. No obstante, esta decisión fue echada para atrás hace algunos días.Razones de la inconformidadMariela López vive en Venecia, uno de los 25 asentamientos que tiene el jarillón. Ella dice que habita hace ocho años allí, pero que no aparece en el censo que hizo la Alcaldía porque el día que fueron no estaba en su casa. “O sea que a mí me sacan a la calle, porque no tengo, según los del Municipio, derecho a nada. En cambio, mucha otra gente que nunca ha vivido aquí resultó en la lista y ahora vive en los apartamentos que están entregando”, aseguró.William Vásquez sí está en el censo. Pero no quiere aceptar el apartamento que ofrece el Estado porque allí no podrá dedicarse al reciclaje, que es de lo que viven él y su familia.El abogado Rodolfo Yanguas, que representa a los que interpusieron la tutela (y quien también puso la tutela de los Embera Katío, que frenó el proyecto de Ciudad Paraíso, en El Calvario), dice que la gente sabe que vive en zona de alto riesgo y entiende que tiene que irse. “Pero muchos tienen unidades productivas de las cuales derivan su sustento e incluso generan empleo. No es solo sacar a la gente y entregarles una casa para habitar, ellos necesitan una opción de vida”, explicó.Razones del EstadoEl secretario de Vivienda, Juan Carlos Rueda, explicó que entiende el temor de la gente. “Es difícil asumir cambios, sobre todo cuando se pasa de la informalidad a la legalidad. Al convertirse en propietarios tendrán que pagar impuestos, servicios públicos con el consumo real que hacen en el hogar”.Reconoce que en el lugar hay negocios de los que viven las familias, pero “este es un proyecto donde el Estado debe proteger la vida de ellos y de los demás caleños que se inundarían si se rompe el jarillón”.Explicó que por ley no puede hacer distinciones en la compensación que le da el Estado. “No puedo darle más al que tiene la casa de cemento que al que vivía en un cambuche”. Sin embargo, dijo que se estudian soluciones para que la gente tenga, además de la vivienda, una alternativa para generar ingresos.El gerente del Fondo de Adaptación, Germán Arce, dice que tampoco se trasladan negocios y aseguró que los traslados no se pueden personalizar. “Aquí estamos haciendo política pública, entonces vamos a poner en riesgo a Cali para que el señor de la marranera o de la microempresa tenga un negocio. Creo que esa discusión excede toda lógica. Esta es una gente invasora, que muy seguramente no ha pagado impuestos. Ellos pueden trasladar su actividad a otro lugar donde no generen riesgos”.Seguramente la Alcaldía tendrá que seguir sorteando tutelas y adelantando, en medio de las frecuentes protestas, la reubicación de las familias para poder darle continuidad al proyecto más ambicioso que tiene Cali, con una inversión de $838.517 millones del Fondo de Adaptación, que sumados a contrapartidas de la CVC, Alcaldía y Emcali, llega al billón de pesos.