Transporte especial, marcado por la ilegalidad y la falta de control

Muchos conductores hacen negocios por fuera de la ley y algunas empresas no tienen cómo regularlos.

Hace una semana, 32 niños que murieron en un accidente de bus en Fundación, Magdalena, pasaron a hacer parte de una lamentable cifra: se estima que no menos de cien personas han muerto en accidentes de transporte especial en los últimos diez años en Colombia. Tras el incidente se han repartido diferentes culpas, pero todo se resume en una palabra: informalidad. El conductor del vehículo no tenía ninguno de los papeles reglamentarios, ni tampoco estaba vinculado a una empresa de transporte. No había un contrato por escrito y el bus no tenía revisión técnico mecánica al día, todas estas, condiciones estipuladas en el Decreto 174 de 2001.Este no es el único caso. De hecho, en otros accidentes similares (como el del año pasado, en el que murieron 27 personas en la vía Bogotá-Ibagué), la constante ha sido la falta de papeles y el mal estado del vehículo. Esto, en parte, porque “al transporte especial llegan todos los buses viejos del país, que cumplen su vida útil en el transporte urbano o intermunicipal”, explica Lupoani Sánchez, presidente de la Asociación Colombiana de Transporte Terrestre Automotor Especial, Acoltés.El problema es, quizás, que los ciudadanos no han tomado conciencia de los riesgos que implica subirse a un vehículo, explica el viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán. “Es necesario un cambio cultural, no podemos tener un policía en cada esquina. Hay que cuidarnos todos mutuamente, sabiendo que todos somos actores en la vía”.En el país existen 1256 empresas de transporte especial, de las que 155 se encuentran en el Valle del Cauca.De acuerdo con la Ley, el servicio público de transporte terrestre automotor especial es aquel que se presta “bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida (...) a un grupo específico de personas, ya sean estudiantes, asalariados, turistas (prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo específico de usuarios”. Pese a lo que dice la ley, la informalidad en el servicio especial es la constante. En los últimos tres años, la Superintendencia de Puertos y Transportes ha sancionado 1366 vehículos por infracciones al transporte similares a las nombradas, lo que en teoría significa al menos una sanción por empresa. Aún hay 1494 casos más en proceso. Cali no es la excepción. Entre el 2012 y el 2014 se han puesto 2983 comparendos al servicio especial, de los cuales 289 han sido por incumplir requisitos indispensables para el transporte público. Aunque estos vehículos deben trabajar solamente mediante contratos, con un pago global por viaje (no por pasajero), en las salidas de la ciudad se observa a diario, en horas pico, los carros blancos que funcionan a manera de colectivo intermunicipal.Es el caso de la portada al Mar, donde conductores se parquean antes de salir a su viaje a Buenaventura (pagado por la empresa y totalmente legal) para subir pasajeros y cobrarles un promedio de $25.000 (lo que es ilegal). Ellos dicen que es para ayudarse a ‘cuadrar’ económicamente. “Con dos o tres personas que llevemos, es un ingreso extra”, dice uno de ellos.Lo mismo sucede en el ‘Terminalito’ en Sameco. Algunas noches, a eso de las 3:00 a.m., un vehículo que viaja a recoger un grupo de enfermos en Palmira para traerlos a diálisis a una clínica en Cali, se parquea a esperar pasajeros que pagan entre $5000 y $7000 por pasaje.También es frecuente en el Sur, hacia Jamundí. Asimismo, en la vía a Yumbo, municipio al que viajan los carros a llevar el personal a las empresas y, de regreso, recogen pasajeros cobrando individual.Sucede igual afuera de las universidades: en las noches se estacionan los automotores que esperan a estudiantes para llevarlos dentro o fuera de la ciudad. Lo hacen en la noche, aprovechando la ausencia de agentes de Tránsito, dicen. Otro caso muy común, explica el abogado Víctor Hugo Vallejo, especialista en Tránsito, es el de conductores o dueños de buses que hacen viajes, pero no los legalizan ante la empresa para la que trabajan. “Usted hace el negocio directamente con el conductor porque así sale más barato y a él le favorece porque no tiene que pagarle un porcentaje a la empresa. Sin embargo, es un riesgo porque es un contrato informal y a la hora de algún accidente, la aseguradora puede no responder”, señala.El País contactó a un conductor que tiene su vehículo afiliado a una empresa reconocida de transporte de la ciudad y le preguntó si haría un viaje para un paseo, pero con un contrato verbal y sin notificar a la empresa para que saliera más barato, a lo que él respondió que sí, que frecuentemente hace estos negocios extra a lo que trabaja con la empresa.Un viaje contratado en estas condiciones no tiene garantías de nada, aunque ellos tengan los papeles en regla, explica Carolina Aros, coordinadora de Gestión Integral de la empresa de transporte especial Brasilia. “Especialmente si es transporte escolar, porque normalmente no cumplen con requisitos, como tener un acompañante permanente en el recorrido. Pero la gente por ahorrarse $5000 prefiere exponer a su hijo a los riesgos que esto conlleva”, cuenta.En Cali, en los últimos dos años han sido multados por la Secretaría de Tránsito 60 vehículos de transporte escolar.Porque, al contratar con un conductor directamente, asegura Aros, no hay seguridad de que esté afiliado a alguna empresa. “Nos pasó una vez que desvinculamos a una persona por varias fallas, pero el señor seguía trabajando con el carro, con los logos de la empresa pintados y aseguraba que era de acá. Pusimos la queja y pedimos controles, pero solo hasta un año después fue que le decomisaron los papeles para funcionar”, contó. Y si no está vinculado a ninguna empresa, como era el caso del conductor del bus de Fundación, se debe desconfiar aún más. Porque, explica la vocera de Brasilia, solo en las empresas legales se tienen controles estrictos y se puede confiar en el buen estado, tanto del carro como del chofer. En esta empresa, por ejemplo se les hacen exámenes médicos a los conductores periódicamente (de ojos, de oídos, cardiovasculares y hasta de columna); se les hacen pruebas de orina y de sangre, para detectar alucinógenos, se les hacen capacitaciones y evaluaciones periódicas, además de observación en su trabajo de campo. Lo mismo con el automotor. “Le hacemos la revisión técnico mecánica bimestral, a pesar de que los mismos guardas dicen que no es necesaria, y les tenemos dispositivo de seguimiento satelital, para verificar que todos los viajes que hagan sean los que han notificado a la empresa”, dijo. Con este mecanismo lograron descubrir a una persona que ‘pirateaba’ cuando hacía recorridos al Cauca. Pero al presidente de Acoltés, Lupoani Sánchez, le preocupa también que muchas de las empresas legales no cumplen con las condiciones necesarias para operar. El País contactó una de dichas empresas y preguntó a dónde se podía dirigir para realizar la contratación del vehículo. La respuesta fue “puede venir a mi casa, acá es donde funcionamos”. “Son empresas con poco capital, donde atienden en pantuflas, y que no tienen ningún control de sus conductores, el propietario hace lo que quiere”, dice Lupoani Sánchez. Por eso, asegura, se está trabajando con el Ministerio de Transporte en un nuevo decreto que endurece la regulación. “Se exigirá que las empresas tenga una estructura organizacional definida, certificación ISO 9001, conductores capacitados, entre otros. Es lamentable que haya tomado tanto tiempo lograrlo, pero lo importante es que en pocas semanas estará listo”, dijo.