Cali se llena de edificios ilegales, ¿de quién es la culpa?

Cali se llena de edificios ilegales, ¿de quién es la culpa?

Junio 24, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa
Cali se llena de edificios ilegales, ¿de quién es la culpa?

Como los usos del suelo están suspendidos en el barrio Granada, quienes demolieron viviendas para hacer parqueaderos han sido sancionados por más de $70 millones pero resulta tan buen negocio que los dueños prefieren cancelar las multas y seguir funcionando.

Cali se llenó de obras irregulares. Los curadores, responsables de las licencias de construcción, dicen que el Municipio no ejerce control. La Alcaldía se defiende y muestra sus resultados.

Tras la denuncia por la presunta construcción irregular de una clínica o laboratorio en pleno corazón de Ciudad Jardín, zona residencial protegida por el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, dada a conocer por este diario hace una semana, las tres Curadurías Urbanas que funcionan en la ciudad y el propio Municipio, han quedado en la picota pública.Cada vez son más las voces ciudadanas que denuncian presuntas anomalías en obras como estaciones de servicio en barrios residenciales, hurto y ocupación de zonas verdes de uso público. Además, son frecuentes los cierres de bares, discotecas, restaurantes y casinos que funcionan donde no lo permite el POT.Según datos de la Dirección de Ordenamiento Urbanístico, dependencia adscrita a Planeación Municipal y encargada del control de las construcciones en Cali, existe un cúmulo total de 4.500 expedientes en proceso administrativo, o sea, en investigación para definir si hay mérito para una sanción, por líos con licencias de construcción durante la última década en Cali. Y eso que, según la titular de la dependencia, abogada María Fernanda Penilla, se han depurado más de dos mil procesos pues sus términos se vencieron.Estos casos son los que dan vida a una percepción, muy arraigada entre los caleños, de que hace falta mayor control por parte de las autoridades a las construcciones en la ciudad. Para algunos, ahí nace el desprestigio de las Curadurías, que se nutre también por el sistema establecido por el Gobierno para definir los ingresos del curador, que son proporcionales al área de construcción aprobada, así que entre más metros apruebe, más dinero recibirá. Según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, este es un “estímulo perverso porque premia la interpretación laxa de la norma urbanística, y termina haciendo juego a constructores en detrimento de la planificación de una ciudad”.Los caleños en general, como lo reconocen los propios curadores consultados por El País para este informe, tienen poca información sobre las funciones y el alcance de la responsabilidad otorgada a las Curadurías Urbanas, que fueron creadas en 1995 para agilizar la expedición de licencias que antes realizaba Planeación municipal y evitar la corrupción enquistada en dichas oficinas.Incluso varios de los comentaristas del foro virtual de El País, que opinaron sobre la denuncia por la construcción irregular que se adelanta en Ciudad Jardín, como Andrés Rodrigo Escobar, creen que los curadores “se prestan para hacer toda clase de negocios ‘non santos’; al igual que los notarios tiene una mina de oro en sus manos”, además, manifiestan desconocer quién vigila a los curadores. Tal vez un par de anécdotas sirvan para mostrar la dimensión del problema. “Recién posesionado llegó una señora a la Curaduría que preguntaba con insistencia y a voz en cuello: ¿dónde está el curandero?; otras personas creen que si van a construir de la puerta de su casa hacía adentro no necesitan licencia y se equivocan”, cuenta Fernando Acosta, curador No.1 de Cali.Según la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, entre marzo de 2011 y el mismo mes del presente año se otorgaron 2014 licencias para un total de 1.449.580 metros cuadrados en Cali. Sin embargo, los mismos curadores, como Fernando Acosta, curador No.1 de Cali, aseguran que “las construcciones ilegales están disparadas en un 400% más de las cifras oficiales y eso es algo que escapa a nuestra manos, el control lo debe ejercer el Municipio”.Y se defienden de quienes los señalan como responsables del desorden urbanístico de la ciudad, dando argumentos que, a veces, preocupan más.Tal como ocurrió con la arquitecta Martha Cecilia Cáceres, curadora urbana No. 3, quien al referirse a su responsabilidad por haber permitido que se demoliera una casa en Ciudad Jardín para dar paso a una construcción nueva, dijo que “mi función es revisar, en el papel, que los planos se ajusten al POT… ellos presentaron solicitud para obra nueva y en los planos no ubicaron la construcción preexistente, me indujeron al error”, además reveló que “se ha vuelto costumbre que la gente presente unos planos ante la Curaduría y construya con otros diferentes”.¿Quién vigila al Curador?Si bien los curadores se excusan en que la ley no les permite verificar en el terreno que los planos que van a aprobar correspondan a la realidad, “hacemos un acto de fe pública partiendo de la presunción de legalidad de los documentos”, como bien lo explica en su portal el curador urbano No.2, Carlos Núñez, vale la pena preguntar: ¿Qué acciones emprende entonces el Municipio, quien es responsable de asegurar que toda construcción cumpla con lo aprobado por las curadurías y, por ende, con las normas urbanísticas vigentes en la ciudad mientras se actualiza el POT?Penilla, la directora de Ordenamiento Urbanístico, aclara que desde hace año y medio que llegó a la dependencia aumentó el control en terreno. “Antes el promedio era el 30% de visitas a obras, el año pasado el equipo de esta oficina logró visitar 1.142 construcciones de un total de 2.014 licencias que nos reportaron desde las Curadurías”, explica la funcionaria.Eso significa que el Municipio le hizo control al 56,7% de las obras, logrando un promedio mensual de casi 120 visitas.Pese a que las cifras han mejorado, siguen quedando asuntos pendientes que podrían mejorar el control a las construcciones. Un buen ejemplo es la expedición del Certificado de Ocupación, un documento que todo constructor debe solicitar cuando termina una obra, de acuerdo con el Decreto Ley 1469 de 2010, que actualizó la política urbana en Colombia.Este documento lo expide el Municipio, a través de la oficina de Planeación, y es la constancia de que la obra cumple con todas las normas urbanísticas y de sismo resistencia. Sin embargo, Penilla aclara que en el año y medio que lleva al frente de la dependencia, sólo le ha sido solicitado un certificado.

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