Se agrava crisis en Universidad Santiago de Cali, Ministerio de Educación estudia sanciones

Se agrava crisis en Universidad Santiago de Cali, Ministerio de Educación estudia sanciones

Octubre 22, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa | El País
Se agrava crisis en Universidad Santiago de Cali, Ministerio de Educación estudia sanciones

Tras 20 meses de investigaciones el Ministerio de Educación acusó con 16 cargos a los sospechosos del caos en la USC. Es tan grave lo que encontraron los peritos que la ministra María Fernanda Campo pidió en febrero de 2011 a la Fiscalía y Procuraduría que intervengan.

El Ministerio de Educación abrió pliego de cargos contra la universidad, sus directivos y los 121 consejeros superiores. El déficit por el desgreño llegó a los $78.000 millones.

A pesar de los esfuerzos realizados y los resultados que Carlos Andrés Pérez ha logrado en el año largo que lleva como rector de la universidad Santiago de Cali, USC, tratando de sacar de la crisis económica a esa institución, algunos problemas persisten y otros se agravan.Es por eso que el Ministerio de Educación Nacional, MEN, no solo ha formulado varios pliegos de cargos contra él y otros directivos, sino que estudia sanciones en contra del alma máter.La situación llegó a su punto de quiebre el pasado mes de agosto cuando la abogada Ruth Teresa Bernal, investigadora del MEN, formuló doce acusaciones contra el rector Pérez (1), Javier Barreto (6), presidente del Consejo Superior, y Hebert Celín (5), exrector de dicha entidad.A estas se suman cuatro cargos contra la propia institución que cuestionan la calidad de los programas de Medicina y Enfermería en los que hay matriculados en la actualidad 1.550 estudiantes sumando las sedes de Cali y Palmira.Con esta decisión el MEN confirma las denuncias publicadas por la Unidad Investigativa de El País entre 2010 y 2011, en donde se advertía el desgreño administrativo en que estaba sumida la universidad y que precipitaron, en febrero del año pasado, la renuncia de Celín, rector de la entidad durante una década.La raíz de todos los malesPreocupada ante la serie de quejas por corrupción en la USC , lideradas por profesores y empleados como Milton Flórez, Alexánder Cifuentes, Armando Aroca, Henry Hincapié y José Rufino Cruces, entre otros, la ministra de educación, María Fernanda Campo, decidió comisionar a la abogada Bernal para que investigara.Luego de una visita de tres días, realizada en noviembre de 2010 por Bernal y un grupo de expertos financieros y académicos para “verificar la aplicación y conservación de las rentas de la institución, el cumplimiento del estatuto interno y las condiciones de calidad del servicio educativo”, la Ministra se convenció de abrir el proceso administrativo.“Se establecieron presuntas irregularidades en asuntos de carácter financiero, a nivel académico y administrativo, en el desarrollo de los programas de educación superior, entre otras, inconsistencias en la celebración de convenios y contratos, definición de responsabilidades, incumplimiento de normas internas previstas para la vinculación de personal directivo, administrativo y docente, modificación en las condiciones de calidad, particularmente en los programas de medicina y enfermería”, dice en uno de sus apartes la resolución 11030 del 15 de diciembre de 2010 que le dio vida al proceso.El reto para la investigadora era desenredar la historia financiera y administrativa de la USC y comprender qué tanto había afectado la crisis generada por los malos manejos la prestación del servicio educativo en la universidad.Según documentos de los expertos financieros del MEN que reposan en la carpeta de la investigación, el déficit de la USC se estima hoy en $78.000 millones, recursos que se esfumaron de sus finanzas entre el 2006 y el 2011.Durante ese tiempo, tanto el rector Celín como el presidente del Consejo Superior, Barreto, tuvieron a su cargo la administración del centro educativo y, de acuerdo a la historia reconstruida por el MEN sobre los hechos que llevaron al descalabro económico, sus actuaciones dejan mucho que desear.Un poder nefastoAmbos funcionarios están acusados de incumplir el estatuto de la universidad, que los obligaba a elegir y nombrar al Consejo Directivo Universitario, órgano de dirección y autoridad del alma máter, y al Procurador Universitario, quien hace contrapeso al gobierno de la entidad.“Se evidencia una concentraron indebida del poder de la USC y la usurpación de las funciones de administración, vigilancia y control”, concluye Bernal.Esa concentración atípica del poder en manos Celín y Barreto, sumada a la falta de control por las “inconsistencias en los sistemas de información de la universidad” que encontraron los peritos del MEN, les permitió manejar la institución a su antojo, dice en sus pliegos de cargos.El Ministerio identificó entre los procesos operados desde la rectoría y el Consejo Superior la contratación de personal, tanto profesores como empleados administrativos; la creación de la clínica Colón y la Odontológica, el laboratorio dental, el noticiero Uninoticias, el jardín infantil y la tienda USC; la firma de convenios con el Estado; una valorización sin soporte de los activos; el aumento del pasivo pensional y de las deudas por seguridad social, que no fueron atendidas a tiempo y generaron altos costos financieros a la universidad.“Tuve que cerrar la mayoría de esos negocios porque daban pérdida”, dice Carlos Andrés Pérez, el rector actual. Según lo documentado por la firma de contadores Amézquita, expertos contratados por el Ministerio para evaluar la situación financiera de la USC, el déficit en este centro educativo comenzó en 2006 con el visto bueno que diera el Consejo Superior para castigar la contabilidad dando de baja las cuentas por cobrar acumuladas desde el año 2000 y que, a esa fecha, se consideraban impagables.Con esa sola decisión, la USC perdió $10.000 millones que jamás pudo cobrar y que se suman a los $6.000 millones que, según el MEN, le costó recuperar y poner en funcionamiento la sede de Palmira ese mismo año tras el cierre que sufrió.Pero es en el año 2009 cuando se presenta un misterioso incremento de movimientos sin soporte que le dan el golpe de gracia a las finanzas de la USC. Precisamente en junio de ese año, cuando el balance general de la USC comenzaba a teñir sus números de rojo, se da una inusitada valorización de los activos por $56.051 millones. Esta valorización pone a la institución en una situación financiera favorable respecto a indicadores como liquidez, capacidad de endeudamiento y rendimiento del patrimonio.Es que la USC pasó en un solo año, 2008 a 2009, de tener unos activos valorados en $91.000 millones a incrementarlos hasta $147.000 millones. Pese a la importancia de este cambio abrupto en la contabilidad, en ninguna de sus visitas la firma de contadores Amézquita pudo certificar la idoneidad de esta revalorización ya que las directivas de la USC de esa época jamás presentaron los documentos que soprotaron el nuevo avalúo.“Esa fue la jugada maestra de Celín –dice Milton Flórez– pues con eso evitó por dos años que los balances reflejaran la realidad económica de la universidad y así pudo seguir haciendo sus negocios. Sin embargo, a finales de 2010, cuando los empleados y profesores llevaban dos meses sin recibir salario, comenzaron las protestas de los estudiantes y llegó la primera visita del Ministerio, la situación se salió de su control y prefirió irse dejando a la USC en la quiebra y él con un excelente arreglo, devengando su salario de $14 millones hasta diciembre de 2012, sin trabajar”, agregó el denunciante en una entrevista concedida una semana antes de salir del país bajo amenazas.Una de las presuntas acciones irregulares cometidas por los encargados de la USC durante los últimos años tiene que ver con el otorgamiento de becas y prebendas para los Consejeros Superiores que son 121 personas en total. Según la investigación del MEN en los cuatro semestres cursados entre 2008 y el 2009, la universidad gastó $7.061 millones en becas y descuentos de los cuales $3.486 millones, el 49% del total, no se pudo identificar quien los recibió o usufructuó. “Con esos privilegios Celín y Barreto compraban la voluntad de buena parte del Consejo Superior, asegurando votaciones a favor de sus intereses e impidiendo el control del máximo órgano universitario”, explica Alex Cifuentes, otro denunciante.El País buscó a Celín y Barreto para conocer su versión pero no respondieron en los teléfonos a los que se les llamó.Una página es poco espacio para contar los presuntos hechos ilícitos por los cuales el MEN decidió acusar. Los involucrados dieron sus descargos, solo falta que el Ministerio resuelva y que la Fiscalía avance en sus pesquisas para saber la magnitud de este sonado caso.Otras perlas en la USCLa USC en consorcio con Louis Berger Group firmó un contrato de consultoría con el departamento del Casanare por $5.362 millones. De acuerdo con las indagaciones del Ministerio de Educación Nacional, “a la universidad no le ingresó ni un solo peso por ese contrato, aunque si pagó nóminas y compromiso por más de $2.800 millones de sus propios recursos”.Solo en comisiones de éxito pagó $443 millones, aunque el contrato haya sido un fracaso y no se haya podido liquidar.La USC también pagó millonarios recursos a personas que no existen de un contrato de cobertura educativa firmado con la Gobernación del Valle en 2005. La empresa de seguridad de la USC se contrato incumpliendo lo establecido en el Manual de Contratación pues por el valor de este contrato ($285 millones) debía adjudicarse mediante una licitación pero de acuerdo a la información aportada por el Consejo Superior se hizo mediante una votación, alzando la mano.“Nos estamos recuperando con transparencia”Carlos Andrés Pérez fue nombrado rector de la USC en abril de 2011, en medio del caos por falta de recursos para que la universidad pudiera funcionar, lo que precipitó la salida de Hebert Celín, señalado de llevar a la institución a su actual situación.Pérez comprendió la magnitud del desorden y sus consecuencias, “a comienzos de 2012 tuve certeza que de las finanzas de la USC habían sacado $78.000 millones y que ese despojo amenazaba nuestra entidad”, dice.“Acá hubo un carrusel de la contratación y por eso tuvimos que pedir a la Fiscalía que investigue”, agrega el rector, quien se declara optimista porque confía en la “excelente calidad” de la educación que se imparte en la USC. “Hemos reducido gastos y pagado deudas, entre ellas $13.000 de los $24.000 millones que debíamos a los bancos; $8.700 de los $16.000 millones de la Seguridad Social; y creamos un patrimonio autónomo de $8.700 millones para inversión en laboratorios y apalancar el funcionamiento de la universidad”, concluye.

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