Sancionarán a colegios en Cali que no apliquen la ley ‘anti-matoneo’

Sancionarán a colegios en Cali que no apliquen la ley ‘anti-matoneo’

Enero 13, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Sancionarán a colegios en Cali que no apliquen la ley ‘anti-matoneo’

En los salones. Juntar a niños con discapacidades con alumnos mayores en una misma aula de clase son algunas de las situaciones que fomentan en acoso escolar en los colegios de Cali, dicen las autoridades.

Casos graves de acoso escolar no están llegando a las autoridades, dice la Secretaría de Educación.

Multas de hasta 200 salarios mínimos legales vigentes e incluso el cierre del establecimiento por orden de la Secretaría de Educación de Cali recibirían este año los colegios que no implementen la ley de convivencia escolar. El acoso escolar se trastea de las aulas a las redes sociales, ¿qué hacer?Así lo aseguró el titular de la dependencia, Édgar Polanco, al indicar que pese a que la ley fue sancionada desde marzo del 2013, muchas instituciones educativas tanto públicas como privadas no le están dando tratamiento a los casos de acoso escolar como lo indica la norma.“Durante el 2014, cuando creamos el Comité Municipal de Convivencia, nos dedicamos explicarle a los colegios los alcances de la norma. Pero lo que vemos es que coordinadores y rectores aún no saben cuándo una contravención es considerada como delito. Hay escenarios de agresiones físicas, sicológicas o sexuales que no pueden quedarse al interior de las instituciones”, señaló el Secretario. Según Polanco, el año pasado la Secretaría de Educación recibió 150 quejas, tanto de colegios públicos como privados, por parte de padres de familia que denunciaron problemas de acoso a sus hijos, principalmente agresiones verbales de compañeros. Sin embargo, la dependencia remitió siete situaciones de acoso escolar ante organismos como la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y la Policía de Infancia y Adolescencia, por la gravedad de los hechos. De esos siete casos, tres fueron por agresiones físicas entre estudiantes; los otros cuatro, por agresiones sexuales que padecieron niñas y adolescentes por parte de sus compañeros de clase.“Algunos colegios pueden estar incurriendo, involuntariamente, en una omisión de denuncia de los casos y en parte responde al temor a represalias. Como Secretaría de Educación, estamos ofreciendo el apoyo a los rectores para que cuando vean que estas denuncias puedan representar algún tipo de peligro para su integridad, podamos ofrecerles acompañamiento”, agregó Polanco.Más reparosPor la falta de un tratamiento adecuado a los problemas de acoso escolar en los colegios, son los padres de familia los que están presentando sus denuncias ante las autoridades competentes. El año pasado, por ejemplo, la Personería de Cali atendió 36 casos relacionados con humillaciones, amenazas y agresiones físicas.“En la gran mayoría de estos casos, se pudo evidenciar que los colegios quisieron arreglar los problemas solo poniendo a dialogar a víctima y victimario, sin brindar otro tipo de acompañamiento como el sicológico. Muchos de los agresores sufren maltrato intrafamiliar y ahí está la raíz de los conflictos”, explicó el personero delegado de la Oficina del Menor y Familia de Cali, Edward Hernández. Señaló que se han presentado casos tan graves como el un niño de 11 años, estudiante de un colegio público del suroriente de Cali, que el año pasado fue lanzado por unas escaleras por un grupo de compañeros que lo acosaban de forma reiterativa. “Estas sos situaciones que no se pueden arreglar solo hablando. Tuvimos que remitir a la Fiscalía y al Icbf. Hemos explicado a personeros y rectores de colegios, de todos los estratos sociales, que no denunciar también es un delito”.Sobre los reparos de las autoridades, Fernando Gómez, rector del Colegio García Márquez, de la Comuna 15, explicó que “muchos colegios ya tienen una ruta de atención para los casos de acoso escolar que son efectivas, pero para implementar esta ley ha faltado acompañamiento de la Secretaría, al igual que recursos. Se exige tener un sicólogo y nosotros lo hemos contratado con recursos propios, que deben usarse para otras cosas, cuando el Estado debería disponer de estos dineros”.Frente a la falta de denuncia, Gómez indica que “las situaciones son complicadas, hemos tenido casos de niños que tuvimos que trasladar de sede porque quisieron matarlos a la entrada del colegio. Como docentes y directivos, estamos dispuestos a enfrentar el miedo que infunden pandillas y demás para que los casos se atiendan. Hasta ahora, no hemos remitido nada ante las autoridades”.Por su parte, Elsie Jordán de Córdoba, rectora del Colegio Lauretta Bender, aseguró que “la ley trae cosas interesantes como por ejemplo determinar qué hacer con ciertos comportamientos que muestren los estudiantes. Tenemos mesas de conciliación para que los estudiantes identifiquen problemas y generen cambios. También agotamos es el diálogo con los padres de familia, si vemos que no cambia la situación, denunciamos el caso a los organismos competentes”.

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