Salida de buses tradicionales de las calles de Cali se convirtió en un dolor de cabeza

Propietarios de buses viejos ponen trabas para evitar salida de circulación de los buses. Tránsito aumenta operativos.

La salida de los buses del transporte colectivo se ha vuelto un dolor de cabeza para la ciudad. Algunas empresas y pequeños transportadores se empeñan en quedarse y acuden a bloqueos como los protagonizados esta semana en Cali.La decisión de la Secretaría de Tránsito es cancelar las rutas del colectivo (176 hasta ahora) y abrirle paso al MÍO. Por ello inició los operativos de retiro de buses.De los 1344 buses de transporte colectivo que aún están pendientes por salir, 828 tienen tarjetas de operación que están vigentes y están adscritos a 14 empresas de transporte urbano. De esas tarjetas, 144 corresponden a buses afiliados a La Ermita y 40 a la Río Cali, las únicas dos empresas que aún están habilitadas para prestar el servicio de movilización colectiva de pasajeros, porque tienen procesos de reclamación vigentes, avalados por jueces. En otras palabras, con la decisión de la Secretaría de Tránsito de retirar el transporte colectivo solo habría 184 vehículos autorizados para seguir operando. Quiere decir que quedarían 684 buses ‘volando’ con tarjeta de operación vigente, lo que para algunos analistas plantea un problema legal.Esas tarjetas vencen de aquí a diciembre de este año y la Secretaría de Tránsito no las va a renovar. El secretario Alberto Hadad sostiene que esos buses no pueden operar porque sus empresas están inhabilitadas y, por tanto, las tarjetas.Lo mismo opina Javier Mauricio Pachón, director jurídico de la Alcaldía, quien señaló que el de las rutas de buses en Cali es un tema de política pública. La Secretaría de Tránsito puede decidir -e históricamente lo ha hecho-, por dónde va una ruta, si una ruta se necesita o no se necesita. Y siendo actos de política pública y de carácter general no son susceptibles de notificación, asegura el abogado.Agrega que como las tarjetas de operación fueron otorgadas con base en una ruta de una empresa, al cancelarse la ruta y la empresa, las tarjetas de operación también desaparecen por sustracción de materia.Por esa razón, los 684 buses que quedan ‘volando’ (con tarjeta, pero sin ruta), no podrían recalar en otra empresa como lo han insinuado algunos abogados y transportadores. Además, la capacidad transportadora de las empresas que quedan está copada.No obstante, los afectados han vuelto a interponer tutelas para tratar de frenar la salida de los buses. Ya van 130 acciones sobre el mismo tema que habían fallado los jueces el año pasado y sobre el que se pronunció incluso la Corte Constitucional al revisar una tutela de la empresa Coomoepal, señalando que no se les ha violado el debido proceso como lo alegaban. Pachón señala que todas las tutelas tienen el mismo formato y piden otra vez el amparo del debido proceso, porque dicen que se les debió notificar el acto la cancelación de rutas a uno por uno de los afectados. Por eso pidió a los juzgados que acumule las tutelas y las resuelva como una sola, con base en lo ya fallado por los jueces y la Corte. Alexis Guevara, vocero de los afectados, dice que lo único que están pidiendo es que haya una negociación justa entre las partes, y no una oferta única de $80 millones por cada bus. Algo similar ha dicho la Personería, pero Hadad sostiene que la oferta es justa y los recursos están en una fiducia listos a ser pagados en ocho días a quien presente la documentación requerida.