Resuelven situación de exrector y 5 empleados de la San Buenaventura

Seis años después de que el entonces rector de la universidad San Buenaventura de Cali, padre Luis Javier Uribe, y cinco empleados más fueran sindicados de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, la Fiscalía precluyó la investigación contra estas personas.

Seis años después de que el entonces rector de la universidad San Buenaventura de Cali, padre Luis Javier Uribe, y cinco empleados más fueran detenidos, sindicados de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad en documento público, hurto agravado y concierto para delinquir, la Fiscalía precluyó la investigación contra estas personas. “Quedo establecido que no se configuran los delitos imputados a los procesados”, señaló la Fiscal 17 de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Lavado de Activos en su decisión.La decisión cobijó también a Jorge Luis Haddad Franco, para la época director financiero de la universidad; Leonardo Manrique Gómez, tesorero; Alfredo Panesso Tascón, director de sistemas; Rodrigo Vera Aragón, contador, y Rodrigo Estupiñán Gaitán, revisor fiscal.Tras esta resolución, la Fiscalía canceló las medidas de aseguramiento que habían dictado contra los procesados. El procurador del caso también había solicitado que se precluyera la investigación contra los sindicados.Estas personas habían sido denunciadas por irregularidades en unas donaciones entregadas a la San Buenaventura. La Fiscalía, en un primer momento, señaló que los procesados se habían favorecido de la venta de esas donaciones. Durante el proceso, el DAS presentó un informe en el que indicó que “gran parte de los bienes donados fueron transferidos a terceros por un valor diferente al establecido en el momento de la donación”. Entre las irregularidades estaba un supuesto robo de $17.250.000, que era la diferencia entre el costo recibido de las donaciones y su valor de venta. Sin embargo, se demostró que no hubo tal ilícito, ya que los bienes fueron vendidos en su real valor comercial.Asimismo, un análisis realizado por una firma experta reveló que no se presentaron irregularidades con las donaciones y los ingresos del alma mater.“En ningún momento dentro de la investigación se demostró que los bienes donados fueron vendidos por un precio superior al reportado a la universidad por los bancos y que ese excedente haya ido a parar al patrimonio de los implicados”, señaló la fiscal en la calificación del proceso.Otro de los cuestionamientos estaba relacionado con la compra de un software Iceberg, un sistema integrado de información contable, financiera y gerencial. Los denunciantes dijeron que los directivos procesados habían recibido algún tipo de dádiva para adquirir ese servicio. Estos señalamientos fueron descartados por la Fiscalía.De la misma forma, se había indicado que algunas de las donaciones habían sido realizadas por empresas que estaban en la llamada Lista Clinton.Además, las investigaciones durante el proceso indicaron que las donaciones no tuvieron su origen en fuentes ilícitas.