Rechazan actos vandálicos en Altos de Santa Elena

Febrero 16, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Los daños han sido valorados en 50 millones de pesos.

Destrucción de ventanas y baterías sanitarias de cerca de 50 apartamentos pertenecientes al proyecto de vivienda social adelantado por la Administración Municipal ‘Altos de Santa Elena’, es el saldo que arrojan los actos vandálicos que han alterado en la presente semana el orden público en Cali.Así lo aseguró la Alcaldía de Cali, al tiempo que anunció que ya se está procesando a tres adultos y un menor de edad por los delitos de daño en bien ajeno, contra bienes públicos y por violación de domicilio, cuyos daños han sido valorados en 50 millones de pesos. Según lo dio a conocer el Subsecretario de Policía y Justicia, Fortunato García, se fortaleció la presencia policial en el sector, así como las acciones preventivas a través de las comisarías de Familia, debido a la participación de varios menores en estos hechos.“Según denuncias de la comunidad, los jóvenes han sido estimulados por parte de adultos que los han inducido a ejecutar este tipo de acciones que no son de su conocimiento, ni de su dominio y en ese sentido queremos pronunciarnos con mucha fuerza”, dijo el funcionario.Los disturbios, como el que se presentó el pasado martes contra la estación de parada del MÍO en Meléndez y el del lunes en un sector aledaño a Altos de Santa Elena, han sido ocasionados por la instalación de una tubería de acueducto que abastecerá a los 800 apartamentos del proyecto habitacional en el sector de Polvorines, en el sur de la ciudad.García Wallis fue enfático al afirmar que los procesos de policía administrativa no pueden ser interferidos por personas que tienen otro tipo de problemas y acciones totalmente extrañas a los mismos, que han visto esta oportunidad para sacar provecho. “Estamos dispuestos a conciliar, a llegar a acuerdos, a hablar o a negociar, pero no a que se transgreda la ley”.Al respecto, el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló en su cuenta de Twitter que “no hay argumento alguno que justifique las agresiones adelantadas sobre un proyecto para comunidades de estrato 1 y 2, desplazados, madres solteras y familias muy pobres, solo hay intolerancia y vandalismo por ello se debe proceder con toda la fuerza de la ley”.

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