¿Quién está detrás de la 'feria' de demandas contra el Municipio de Cali?

¿Quién está detrás de la 'feria' de demandas contra el Municipio de Cali?

Febrero 25, 2018 - 07:55 a.m. Por:
Felipe Salazar Gil, reportero de El País 
El director jurídico de la Alcaldía de Cali, Nayib Yaber.

El director jurídico de la Alcaldía de Cali, Nayib Yaber.

Bernardo Peña / El País

A Cali la acosan las demandas. En los estrados judiciales hay activos 3340 procesos en curso con los que los demandantes reclaman cerca de $1,5 billones.

Y si bien hay buena parte de estos casos que están soportados por los ciudadanos, el director jurídico de la Alcaldía de Cali, Nayib Yaber, asegura que muchos de estos procesos son infundados y no tienen pruebas si quiera de haber ocurrido.

El funcionario advierte que hay personas dedicadas a demandar al Municipio, que ya se trabaja en la estrategia para que no se sigan propagando noticias falsas a través de medios digitales y que el propósito del Municipio es que el proyecto de La Sagrada Familia, en El Peñón, no se convierta en un elefante blanco.

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Hace un par de semanas usted sufrió un atentado en la vía Cali - Jamundí. ¿Cómo va la investigación?

Alrededor de esa situación se han planteado tres hipótesis que están siendo investigadas por la Sijín. La primera es que, posiblemente, haya estado relacionado con mi actividad, con mi cargo. La segunda hipótesis es un posible hurto. Y la última opción es que, tal vez, una persona desquiciada estaba a la orilla de la carretera e hizo los disparos contra mi carro. Yo dí la información que tenía del caso y hasta el momento tengo entendido que está en marcha, tengo confianza de que esto se aclare rápido.

Tengo entendido que usted anda solo, ¿a partir de ese evento le reforzaron el esquema de seguridad?

Siempre me he movilizado solo, yo me muevo en moto; en buseta desde Palmira a Cali, porque vivo fuera de la ciudad; en la camioneta que me tienen asignada, en MÍO o a pie, no tengo problema. Obviamente mi vida cambió y me toca tener más cuidado, más precaución. Ahora ando en una camioneta blindada que me suministró el Municipio.

Y ¿antes de ese suceso o después ha recibido amenazas?

A finales del 2016 y principios del 2017 tuve unas llamadas a raíz de un caso de tutela muy importante para la Administración, que fue favorable para el Municipio. Lamentablemente, para esa época no hice la denuncia pertinente, lo tomé como algo pasajero, no le dí importancia. No sucedió nada grave. En el pasado sí tuve problemas de seguridad graves cuando trabajaba como auxiliar de magistrado en el Tribunal Superior de Ibagué. Esos son los únicos eventos que me han tenido cerca de circunstancias tan graves y penosas.

Hablemos de otro tema sensible. ¿Cómo está el panorama de demandas contra el Municipio?

Cualquier actuación del Municipio, cualquier circunstancia por acción u omisión, es susceptible de ser demandada. Las demandas difieren en los intereses económicos de las partes; en esa medida, si calculamos el valor de las pretensiones estas pueden llegar a sumar la mitad del presupuesto del Municipio: $1,5 billones. No obstante, la realidad difiere mucho de las aspiraciones económicas de las personas, porque en los estrados hemos tenido un porcentaje de éxito cercano al 88 % de las demandas que se han presentado. Sí hemos tenido demandas que se han perdido, pero son cuantías mínimas que son presupuestadas para eso y no impactan la estabilidad económica del Municipio.

¿Por qué motivos están demandando al Municipio?

Las dependencias más afectadas son la Secretaría de Educación, por reclamaciones por las prestaciones de los maestros; la Secretaría de Infraestructura, por accidentes ocasionados por supuestos huecos en la vía: el motociclista que va manejando y, por esquivar o porque no vio un hueco, se cayó, se accidentó o perdió la vida. Esas circunstancias que, aparentemente, se ven gravosas en los estrados se desvirtúan fácilmente porque nunca se demuestra que se produjo un accidente por un hueco, muchas veces encontramos que ni siquiera existe un hueco en la vía; muchas veces encontramos que la persona conducía sin pase, sin Soat, no tenía experiencia manejando o, peor aún, era reincidente en infracciones de tránsito. Todo el mundo tiene derecho a reclamar y eso lo respetamos.

¿Cuánto pagó el Municipio por demandas perdidas en el último año?

El año pasado presentamos un informe al Concejo y el valor pagado no superaba los $600 millones. Eso corresponde a demandas de varios años, no solamente a las del 2017 porque la Administración de Justicia tiene un inconveniente de congestión y una demanda puede durar muchos años en estrados hasta que se resuelve y queda en firme.

Pero el año pasado se perdió un tribunal de arbitramento por $35.000 millones con un contratista de las megaobras...

En su momento no se dijo que las pretensiones de esa demanda eran de $80.000 millones, que es una suma muy alta. Sin embargo, gracias a la defensa que hizo el Municipio, la condena se logró disminuir a $35.000 millones.

Desde el Concejo se ha remarcado que el Municipio es débil en su defensa, que no hay oportunidad en la atención de casos...

Yo respeto mucho la opinión de las personas, especialmente de los concejales. Sin embargo, difiero en algunos aspectos porque cuando llegué a la Dirección Jurídica encontré un material humano invaluable, las personas llevan años entregadas a la defensa de la Administración Municipal conociendo asuntos jurídicos de todo tipo. Esa experiencia nos permite enfrentar cualquier situación jurídica con mucha seguridad y, sobre todo, con un alto porcentaje de éxito. Hay una desnaturalización del derecho a la demanda, porque ante cualquier situación al primero que atacan es al Municipio. La gente ve en un accidente la oportunidad de poder salir de un lío económico.

Uno de los puntos que cuestionan los concejales es que el equipo jurídico es inestable, que más se demora el proceso en resolverse que la persona en salir de la Administración...

Nosotros nos esmeramos porque el personal que presta el servicio permanezca en la Administración. Muchos se quedan y otros se van porque consiguen otro trabajo o cambian de ciudad, pero la memoria institucional de los procesos queda en el Municipio. Entre planta y contratistas tenemos 70 servidores en la Dirección Jurídica, pero hay que recordar que cada organismo (secretarías y departamentos administrativos) tiene un grupo interno, lo que representa una masa profesional de 300 a 400 abogados defendiendo al Municipio. Hasta el año pasado teníamos 3340 procesos activos, cada profesional tiene a su cargo entre ocho y once procesos.

¿Y cuántas de esas demandas son justificadas? se percibe que hay gente que demanda por deporte...

Eso es difícil decirlo porque toca mirar todos los procesos y el material probatorio para decir cuáles son las probabilidades de éxito de los casos. Hay un dicho en los estrados que es muy famoso y aplica en este caso: Dame las pruebas y te daré el derecho; muchas veces eso no sucede y, puede sonar feo e irónico, pero esa es una ventaja para nosotros. En la mayoría de los casos las demandas que se presentan pueden ser infundadas.

¿Han detectado personas especializadas en demandar al Municipio?

No me atrevería a hacer una afirmación tan puntual, pero sí puedo decir que efectivamente hay gente que vive de los errores de la Administración. El Municipio no es invencible, tiene falencias y nuestro trabajo es detectarlas y eliminarlas.

¿En qué va el caso de las obras en La Sagrada Familia?

Ese es un tema importante porque se trata de un baluarte patrimonial de la ciudad. Cuando se le otorgó la licencia a esta sociedad (Jero S.A.S.), se hizo de buena fe y verificando que la petición esté acorde con la ley.

Luego descubrimos que esa licencia había sido inobservada y se hicieron obras que estaban fuera de lo aprobado, eso motivó la suspensión de las obras. Hay que aclarar que el proyecto en este momento puede continuar y culminarse en los términos contemplados en la licencia inicial. Hemos encontrado cierta resistencia por parte de los promotores, inclusive la Personería está fungiendo como mediadora en una mesa de trabajo en procura de que ellos entren en razón y propongan un nuevo proyecto para que sea evaluado y se encuentre una salida.

¿Hoy el Municipio está demandado por la suspensión de las obras no autorizadas de La Sagrada Familia?

La Sociedad Jero, a través de su representante legal, promovió una situación prejudicial ante la Procuraduría que ya fue agotada con una posición de conciliación fallida. La lógica indicaba que iban a presentar una demanda, pero no lo han hecho hasta el momento.

Así las cosas, ¿para dónde va ese proyecto?

El propósito del Municipio no es que quede como un elefante blanco. A pesar de que ellos fueron quienes no observaron la norma, tenemos la voluntad de mirar cómo podemos hacer para que el proyecto salga adelante, en el marco de la legalidad.

¿Ya han tomado acciones legales contra quienes propagan noticias falsas?

Las redes sociales han sido manejadas de forma irresponsable y a una persona le pueden destrozar la imagen por un comentario. A partir de esa premisa, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional se han encargado de poner restricciones al uso indebido de redes. Ya hay un grupo encargado de crear una estrategia de defensa no solo para defender al Municipio, sino a todos los ciudadanos de falsedades. Hay un límite y ya tenemos herramientas para poner en cintura a estas personas.

Invasiones

Las invasiones parecen haberse disparado en plena época electoral. ¿Qué han podido evidenciar detrás de esas ocupaciones?

Este es un problema social que tiene su origen en la pobreza que padecen las personas, pero también ha sido objeto de manipulación por parte de individuos inescrupulosos que aprovechan la oportunidad para poder figurar. No quiero decir que esto solo se presente cuando hay campañas electorales o políticas, se pueden presentar en cualquier momento y tienen un propósito. Lo que tenemos que hacer como Administración es propender por los derechos de las personas, entre ellos el de la propiedad privada, por lo que cuando se presenta una invasión de un predio tenemos que contener esta situación a través de mecanismos legales, policivos y militares. De acuerdo a las declaraciones de la secretaria de Seguridad y Justicia, María Ximena Román, en el caso del cerro de La Bandera existían intereses totalmente disímiles a los de una población afectada o víctimas de alguna circunstancia específica.

“Hay una desnaturalización del derecho a la demanda, porque ante cualquier situación al primero que atacan es al Municipio”.

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