Quiebra de firma de intermediación financiera afecta a cientos de caleños

El País revela la historia detrás de la millonaria quiebra de la firma Acción Factoring SAS. Aunque no se conocen cifras oficiales de lo que esta empresa adeuda, lo cierto es que a un solo acreedor le debe $4000 millones.

En noviembre de 2008, mientras los colombianos miraban absortos la captura de David Murcia Guzmán en Panamá, el creador de la pirámide DMG, cuya debacle obligó al Gobierno a decretar la emergencia económica; una historia similar, pero a menor escala, se estaba fraguando en Cali.Se trata del auge y la caída de una empresa que primero se llamó Acción Intermedia S.A., la cual nació en 2003 gracias a la sociedad formada por Federico Rojas (40 %), Marco Cardona (15 %), Franklin Gaitán (15 %), Luis Villa (15 %) y José Vega (15 %), quienes con un capital pagado de $150 millones comenzaron a “realizar operaciones de venta, descuento o colocación de títulos, por cuenta propia, sin mandato o representación y a sugerir alternativas de inversión en donde no tenían responsabilidad en las operaciones y el cliente tomaba la decisión final”.Durante los primeros años la sociedad no tuvo un gran volumen de operaciones, según los balances que reposan en la Cámara de Comercio de Cali. Sin embargo, a partir de 2008, las inversiones de sus clientes mejoraron, sobrepasando los $1258 millones en un solo proyecto.La intervenciónEl proyecto en mención fue el complejo habitacional Molinos, en el que se iban a construir 1500 viviendas de interés social en un lote llamado Caimitos en Palmira. De acuerdo con la escritura pública 6508 del 31 de diciembre de 2008, Comfandi, Acción Intermedia, Integrar Constructores junto a Humberto López, “compraron 182 lotes por valor de $3791 millones con una participación del 20 %, 40 %, 20 % y 20 % respectivamente, obra que manejarían a través de la Fiduciaria Alianza”.Los problemas para Acción Intermedia comenzaron cinco meses después, cuando el escándalo de DMG estaba en su apogeo. Una visita de la Superintendencia Financiera a las instalaciones de esta mesa de dinero, como se conoce en el argot popular a las empresas de intermediación financiera que tuvieron auge en esos años, dio como resultado la resolución de intervención 1154 del 31 de julio de 2009.Medida que ordenó la suspensión inmediata de actividades, el congelamiento de los bienes y dineros que la sociedad tuviera a su cargo, bajo apremio de multas sucesivas hasta por dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.Para tomar esa drástica decisión, Juan Pablo Arango, superintendente Delegado Adjunto para la Supervisión Institucional de la Superfinanciera, recaudó una serie de pruebas muy dicientes.Los investigadores encontraron que el dinero aportado por Acción Intermedia para el proyecto de vivienda, los $1258 millones, provenían de 34 de los 250 clientes que decían atender en esa fecha.Además, la Superfinanciera demostró que pese a tener 34 contratos de mandato sin representación, que solo comprometen al cliente que entrega el dinero y dejan sin responsabilidad sobre los resultados de la inversión a Acción Intermedia, “esos documentos tratan de dar apariencia de legalidad a lo que en realidad es otra cosa”.También obtuvo la Superfinanciera los testimonios de siete clientes, a los que por seguridad les reserva la identidad, y quienes cuentan cómo entregaban su dinero y a cambio les expedían cheques posfechados y pagarés, como una especie de garantía. Lo que para el Delegado de la Superfinanciera “implicaba que dichos recursos no eran un aporte, sino un crédito por el cual se esperaba una utilidad pactada con antelación, independiente de si el proyecto ofrecido tenía éxito o no. Ese no era un problema del cliente”.Llama la atención del ente de control, que “los pagos a los 34 clientes no tienen una explicación económica plausible, ya que no se originan en la inversión que creían efectuar en proyectos ofertados por la firma, en este caso la construcción de vivienda, obra que no había comenzado”.En palabras de Alberto Villalobos, uno de los inversionistas afectados, “es probable que sin advertir a sus clientes, la empresa tomara dinero de unos inversionistas para pagar los intereses de otros, lo que se conoce como una pirámide”.La conclusión del Superintendente Delegado es que “dada la cuantía de las operaciones de Acción Intermedia se configura la captación masiva e ilegal de recursos, así mismo, queda establecido que bajo esta modalidad, la sociedad visitada tiene obligaciones con más de 20 personas que superan el 50 % de su patrimonio líquido, otra causal de intervención urgente”.De vuelta a las pistasAlgunos clientes de Acción Intermedia afirman que cuando se enteraron de la intervención temieron perder sus capitales por lo que solicitaron la devolución inmediata de sus inversiones.Dicen también que los socios de la compañía los convencieron de que era una situación pasajera y que tras presentar un plan de desmonte voluntario al Agente Interventor, todo quedaría arreglado. Puede que tuvieran razón, pues en tiempo récord, ocho meses después de ser intervenida, el 11 de marzo de 2010, y luego de la devolución total de los recursos a los 34 clientes comprometidos en el negocio, previa autorización del Agente Interventor, les levantan la medida. El dinero que Acción Intermedia devolvió provino de la venta del lote Caimitos a Comfandi por un valor de $1092 millones, suma que se complementó con $216 millones aportados por Integrar Constructores como prima comercial. Es Arnulfo Rojas Pascuas, superintendente Delegado para los Procesos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, quien aprueba dicha decisión.El caso se torna aún más complicado, pues este hombre está sindicado desde agosto de 2012 de ser una de las cabezas del presunto carrusel de liquidadores que operaba desde la Superintendencia de Sociedades y que habrían realizado una estafa cercana a los $40.000 millones en contra de la Nación.También porque los propietarios de Acción Intermedia una vez salen de la intervención, cambian de razón social, pasan a llamarse Acción Factoring SAS y siguen captando recursos de sus clientes antiguos y nuevos, hasta que el 18 de mayo del 2012, sus socios se reúnen para declararse en bancarrota.Casi un año después del anuncio de su quiebra la sociedad no ha reconocido las deudas con algunos de sus clientes y aduce el liquidador, José Alberto Zambrano, que no ha podido encontrar la información contable que soporte los reclamos de sus múltiples clientes.En algunos casos, afirman los afectados, el liquidador ha dicho que se encuentra parte de la información contable y se pueden soportar algunas acreencias, pero no la totalidad de lo que reclaman.El País intentó comunicarse con el liquidador Zambrano, así como con alguno de los propietarios de la firma en liquidación pero no obtuvo respuesta durante la semana que hoy termina.Este diario no pudo conocer la cifra oficial que Acción Factoring adeuda ni el número de personas afectadas. Lo cierto es que a un solo acreedor le deben $4000 millones y los afectados creen que ese monto apenas representa el 30 % del valor total de las deudas actuales.Por esa razón varios clientes denunciaron penalmente a los propietarios. La diligencia más adelantada se encuentra en la Fiscalía 53 de Cali.Datos sospechososVarias movidas realizadas por el mayor accionista de la firma Acción Factoring lo tienen en el ojo del huracán pues sus clientes creen que, dichas acciones, son para sacar el cuerpo a su responsabilidad.La primera es que cuando se dio la intervención de la firma por parte de la Superfinanciera, Federico Rojas no aparece como socio y en su lugar está Darío Domínguez, al que señalan de ser el mayordomo de una de sus fincas en el centro del Valle del Cauca.También llama la atención que en medio de toda esta historia haya decidido cambiar su nombre, que originalmente era Federico Andrés.Los afectados por la quiebra sostienen que cuando cambiaron de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada, lo hicieron para dejar toda la responsabilidad en manos del gerente, Franklin Gaitán, quien lleva varios meses desaparecido, aunque sigue de socio.Casa en discordiaEn mayo de 2012, cuando los clientes de Acción Factoring supieron que se declaró en bancarrota, corrieron a ver cuáles activos tenía la firma.Una amarga sorpresa se llevaron cuando la casa donde funcionaba, ubicada en la carrera 35 # 3-99 de San Fernando, ya no aparecía a su nombre, sino que había sido adquirida por Senda, la firma de la diseñadora de joyas Nelly Rojas, hermana de Federico Rojas, el principal accionista de la empresa en quiebra.