¿Qué alcances tienen las sanciones que podría recibir la Universidad Santiago de Cali?

El Ministerio de Educación, que adelanta una investigación contra esta institución, explica el alcance de las sanciones y asegura que lo que está en juego es la calidad.

Luego de la revelación que hizo El País en su edición del domingo pasado sobre el avance de una investigación abierta por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, en contra de la Universidad Santiago de Cali, USC, y por la cual en agosto pasado formuló pliego de cargos contra sus directivas y los 121 consejeros superiores, la ministra del ramo, María Fernanda Campo, a través de un vocero del área jurídica, complementó la información entregada por la nota periodística.Fueron once preguntas las que se le enviaron a la Ministra a través de un correo electrónico. El primer punto por el que El País indagó fue el alcance de las acusaciones formuladas y las posibles sanciones que se derivarían de estas.“Un pliego de cargos se formula con base en la identificación de presuntos incumplimientos a las normas que regulan la educación superior. De comprobarse la responsabilidad por los hechos, lo procedente es imponer las sanciones previstas en la Ley 30 de 1992, así: En el caso de los directivos multas hasta por cien salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea, $56.670.000, y en el caso de la institución multas por igual valor y la suspensión y cancelación de programas académicos o personería jurídica”, responde el vocero del Ministerio.Y aclara que “en todo caso las sanciones se graduarán de acuerdo a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo, previa valoración de los descargos y del acervo probatorio, por lo que en la actualidad no puede señalarse qué sanciones serían procedentes en la investigación adelantada a la Santiago de Cali y a sus directivos”.El País también indagó por la situación de los programas de Medicina y Enfermería que ofrece la USC tanto en Cali como Palmira, pues ese es uno de los más duros cuestionamientos que hace el MEN a la universidad.Es que la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Conaces, consultada por el Ministerio, consideró que “dichos programas tienen graves dificultades que se relacionan directamente con las condiciones de calidad lo cual no permite realizar los procesos académicos y administrativos requeridos para su adecuado funcionamiento”.En su respuesta el MEN advierte que el programa de Medicina de las sedes de Palmira y Cali “tiene aprobación para funcionar o registro calificado vigente, desde el 18 de enero y 23 de febrero de 2007, respectivamente”.Por el contrario, el programa de Enfermería, tanto en Cali como Palmira, no tiene ese permiso vigente a pesar que la USC solicitó la renovación del mismo en febrero y junio de 2005 respectivamente.Sobre ese punto el Ministerio dice que “en la actualidad está evaluando si concede la renovación” y agrega que, “como parte de la investigación se analizan los conceptos de pares académicos y se evalúan para la toma de decisiones”.Frente a una eventual intervención o cierre de programas de la USC, el máximo ente educativo colombiano afirmó que se “están valorando integralmente todas las condiciones de calidad de Medicina y Enfermería para establecer si persisten deficiencias que impidan que se sigan desarrollando adecuadamente o si las mismas se han superado. El propósito es adoptar la decisión que corresponda con los hechos probados en la investigación”. Pero aclara que, de cerrarse, “la Universidad debe garantizar a los estudiantes la culminación de sus estudios en condiciones de calidad, para lo cual podrá suscribir un plan de mejoramiento”.Frente a esta compleja situación, el actual rector de la USC, Carlos Andrés Pérez, rechazó los señalamientos que hace el Ministerio por supuestas deficiencias en la calidad del servicio educativo.“Tengo que ser claro ante la comunidad educativa, la ciudad y la región, nuestra universidad pese a la crisis económica en que se vio inmersa por los manejos administrativos que son investigados, ha sostenido su excelencia académica haciendo grandes esfuerzos, entre ellos mencionaría un fondo de contingencia en el cual tenemos $8.700 millones cuya dedicación es exclusiva para mejorar salones, laboratorios y dotar de otras herramientas a estudiantes y profesores para que puedan ejercer sus labores”, declaró Pérez.Y es precisamente sobre el manejo administrativo de la USC que El País indagó al Ministerio, específicamente en lo que se refiere a la conformación del Consejo Superior, que hoy tiene 121 miembros, lo cual, en concepto de muchos académicos, dificulta la toma de decisiones y, según parte de las quejas que dieron lugar a la investigación del MEN, está politizado y una mayoría de consejeros fue capturada a punta de prebendas y becas por el anterior rector.Respecto a la actual conformación del Consejo Superior, el Ministerio aseguró que “de conformidad con la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política y en la Ley 30 de 1992, son las propias instituciones de educación superior de carácter privado las que definen su estructura académica y administrativa, así como la conformación de sus órganos de dirección y gobierno, en los cuales deben contar con la participación de estudiantes y docentes. El Ministerio de Educación Nacional ha sugerido a la USC una composición de su Consejo Superior que garantice participación y buen gobierno; la universidad ha formulado un plan de mejoramiento que incluye, entre otros, la recomposición de su Consejo Superior, plan al cual se le hace seguimiento”.Finalmente, el MEN dijo que envió copias de presuntas irregularidades encontradas dentro de la USC a la Fiscalía y la Procuraduría para que esas entidades investiguen e impongan las sanciones correspondientes.Esta medida complementa la labor del Ministerio que busca detener la corrupción en la USC, ya que el castigo máximo que éste puede imponer a los responsables de lo sucedido en ese centro educativo es una multa por algo más de $56 millones, cuando de las finanzas de la USC se esfumaron $78.000 millones.Detalles sobre cada uno de los acusadosEl País preguntó por los cargos en contra del rector Carlos Andrés Pérez, a quien se acusa de causar detrimento a las finanzas de la USC por pagar unos intereses de mora por valor de $5 millones de la seguridad social de enero de 2012 y $76 millones por el predial de las vigencias 2009, 2010 y 2011. Así como por haber separado de sus cargos por cinco meses a tres personas sospechosas de conductas ilícitas en contra de la USC, pues según el MEN, les siguió pagando el sueldo pero no los tuvo trabajando.Cargos por los cuales Pérez se declaró inocente y en su defensa alegó que la mayor parte de los hechos, en especial los intereses de mora, son de años anteriores cuando él no era rector y que “en Colombia pagar intereses no está tipificado como un delito”. También negó haber dejado sin trabajar a las tres personas.Al respecto el MEN señaló que “en desarrollo de la investigación, se han levantado evidencias de conductas que deben ser investigadas y que ocurrieron desde 2010 hasta la formulación del pliego de cargos, momento en el cual el señor Pérez ya ejercía como rector. Sin embargo, es de aclarar que su responsabilidad sólo será establecida una vez se evalúen sus descargos”.Sobre los demás acusados que son Hebert Celín, exrector, Javier Barreto, expresidente del Consejo Superior, y los 121 consejeros superiores, el MEN se abstuvo de dar información toda vez que “a la fecha la investigación se encuentra en etapa de descargos y sólo hasta que culmine el proceso podrá determinarse la decisión en lo que respecta al marco legal que rige la educación superior. Los aspectos particulares de imputación de responsabilidades son materia de reserva, debiéndose garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa”.ClavesEl Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de pares académicos y expertos financieros, viene realizando visitas con miras de acompañar, mediante acciones preventivas y de fortalecimiento que permitan garantizar la prestación del servicio público educativo con óptima calidad.Para el caso de la universidad Santiago de Cali, en el ejercicio de la inspección y vigilancia, durante los días 28, 29 y 30 de agosto del 2012 se practicó visita y sus resultados están siendo analizados para establecer las acciones a seguir.A la fecha el Ministerio no tiene conocimiento del supuesto informe presentado por la firma JAHV McGregor en septiembre en el cual indica que las directivas de la USC no le dieron la información contable suficiente para realizar su trabajo como revisores fiscales.