Procuraduría investiga si en Emcali ha habido un carrusel de contratos

La procuradora provincial de Cali, Lorena Mendoza, abrió una investigación disciplinaria contra nueve empleados y exempleados de la empresa por presuntas irregularidades en la contratación.

Luego del anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos sobre la devolución de Emcali a manos del Municipio, que según el Mandatario será el próximo 3 de julio, muchos interrogantes aun quedan por responder: ¿Cómo será el empalme? ¿Quién quedará a cargo? ¿Cómo será y cuándo estará listo el código de buen gobierno para blindarla de la corrupción?Y es precisamente la corrupción, ese flagelo que la llevó a la bancarrota una década atrás y fue la razón para que la Nación la interviniera a través de la Superintendencia de Servicios, la que vuelve a asomar sus garras en el presente. Un día antes de que el Presidente Santos anunciara la devolución de Emcali, el 30 de abril de 2013, la procuradora provincial de Cali, Lorena Mendoza, abrió una investigación disciplinaria contra nueve empleados y exempleados de la empresa por presuntas irregularidades en la contratación.Entre los vinculados al proceso hay funcionarios de la actual administración como Sabas Ramiro Tafur, Agente Especial Designado, Claudia Sandoval, Secretaria General, Luis Carlos Cerón, Gerente de Acueducto y Alcantarillado, José Cerón, Director de Aguas Residuales y Alexander Romero, Ingeniero de Proyectos.En el proceso figuran también las anteriores Agentes Especiales Susana Correa e Ingrid Ospina, así como los exgerentes de Acueducto y Alcantarillado, Freddy Mantilla y Jorge Enrique Ángel.La investigación, que ya agotó la etapa preliminar, tiene su origen en denuncias formuladas por el ingeniero Luis Alfredo Gómez, quien trabajó en Emcali hasta noviembre de 2011, cuando por quejas de sus compañeros se le canceló el contrato. Las razones de la ProcuraduríaLo que la Procuraduría intenta aclarar es si hubo direccionamiento de la contratación en varias áreas de la empresa de servicios públicos durante los últimos cinco años.Además, si los funcionarios involucrados conformaron una suerte de carrusel, donde los ingenieros de proyectos y directores de área solicitaban compras de equipos o servicios, con especificaciones que solo cumplían algunos contratistas, y sus superiores jerárquicos les seguían el juego, todo por un aliciente económico.Esta hipótesis cobra fuerza al analizar la contratación de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado en donde cuatro empresas han acaparado el mayor número de contratos y órdenes de compra o servicios en los últimos años.Se trata de Rectificados y Metalizados del Valle (Remeval), Taller Los Valencianos, Ingeniería en Sistemas de Bombeo (ISB) y Etel. Las dos primeras son propiedad de Miguel Leiva, mientras que Etel es representada por Marlon Bermúdez y los dueños de ISB son los hermanos Jairo y Claudia Hincapié Arias.Los resultados obtenidos por estas compañías solo en contratos con el Departamento de Bombeo que dirige José Artemio Cerón, uno de los investigados, muestran una concentración que la Procuraduría consideró puede ser atípica.Es que entre los años 2007 y 2012, la empresa Etel de Marlon Bermúdez firmó contratos con Emcali por un valor de $7276 millones y a través de un consorcio en el que participó con Remeval, firmó otro contrato por $7427 millones más.En el mismo tiempo las compañías de Miguel Leiva, Remeval y Taller Los Valencianos, firmaron contratos por $5212 millones y $1090 millones respectivamente. Además, Remeval recibió contratos por otros $8830 millones a través de tres consorcios.Finalmente, ISB de los hermanos Hincapié Arias, perfeccionó contratos por un valor de $5114 millones y participó en un consorcio en el mismo lapso con el que contrató $1115 millones.Lupa a contratosEn septiembre de 2012 la Oficina de Control Interno Disciplinario de Emcali abrió una indagación preliminar contra José Cerón y Alexander Romero, por “cuestionables resultados en la contratación del Departamento de Bombeo y presuntas irregularidades en el contrato 300-GAA-SPO-072-2011”.Esta era una solicitud pública de ofertas con un presupuesto de $2.039 millones, en la que Emcali debía seleccionar en el mes de julio de 2011 una empresa para que “suministrara, instalara y pusiera en servicio dos variadores de velocidad por frecuencia en media tensión para motores de mil caballos de potencia y nueve actuadores electromecánicos para válvulas de succión y descarga en las estaciones de bombeo de Navarro y Cañaveralejo”.Servicio que nunca antes en la historia de Emcali se había requerido pues se trataba de reemplazar unos variadores magnéticos de velocidad que regulaban las bombas Yaskawa japonesas, que funcionaban desde 1986, por una nueva tecnología que permitiera ahorro de energía.Como a los proponentes que se interesaron en participar les quedaba muy difícil acreditar la experiencia anexando tres contratos del mismo tipo ejecutados, como pedían los términos de referencia, el proceso inicial se declaró desierto.De acuerdo con el expediente de la Procuraduría, al parecer los requerimientos técnicos fueron modificados para favorecer a uno de los proponentes y el 28 de octubre de 2011 finalmente Emcali contrata a la firma Etel para dicho suministro.Y aunque llama la atención que se contrate con una empresa cuya propuesta en principio no servía, en toda esta actuación al parecer no hay ninguna ilegalidad, ya que Emcali como todas las empresas industriales y comerciales del Estado, tiene estatuto propio de contratación, que le permite mayor flexibilidad frente a la Ley 80 de 1993 y las demás normas que rigen para el resto de las entidades estatales.Otro contrato investigado es el 800-GA-SPO-0036-2010, mediante el cual se compraron cuatro bombas ecuatorianas marca Delta. Si bien existen varias firmas autorizadas para vender esos productos en el país, en los requisitos iniciales se pedía acreditar ser “distribuidor autorizado en el sur occidente”, lo cual solo dejaba con oportunidad a Etel.Marlon Bermúdez, representante de dicha firma, aseguró en diálogo con El País que para el momento de ese contrato había al menos otro distribuidor autorizado en el suroccidente de Colombia. Sin embargo, no pudo suministrar el nombre de la empresa y quedó de aportarlo esta semana. Lo mismo le pasó al ingeniero de proyectos de Emcali, Alexander Romero, señalado de ser el responsable de poner esos requisitos que, al parecer, direccionan dicha compra.Consultado por El País Romero aseguró haber realizado los estudios previos por instrucción de Susana Correa, Agente Especial de la época. La señora Correa señaló que la responsabilidad de la definición de los requisitos técnicos siempre fue asumida por el área que le correspondía, como lo impone el Manual de Funciones. Por casos como este y cinco más, Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, usó su poder preferente y se llevó la investigación interna de Emcali a su despacho en diciembre de 2012, encargando a la Procuradora Provincial que abrió el proceso contra los nueve funcionarios y extrabajadores.Responden los afectadosEl viernes pasado un reportero de este diario consultó a Ramiro Tafur, el Agente Especial de la Superservicios y su equipo de trabajo, secretaria general y directores de área, para conocer su opinión sobre la investigación que los compromete.“Entendemos que es misión de la Procuraduría indagar pero creemos que la fuente de la información está viciada pues salió en dos ocasiones mal de esta empresa”, ripostó Tafur y agregó, “vamos a responder ante las autoridades con todos nuestros soportes, que los tenemos, pues hemos actuado dentro del marco legal que nos permite Emcali y su estatuto contractual, no tenemos nada que esconder porque hemos sido transparentes”.El Agente Especial se refirió a los siete contratos que investiga la Procuraduría: “solo uno corresponde a la gestión nuestra, pues llegamos en agosto de 2011, los demás deben ser explicados por quienes dirigían la empresa cuando se firmaron”.Hablan contratistas mencionadosSi bien a los dueños de las cuatro firmas que aparecen mencionadas en la investigación que adelanta la Procuraduría Provincial por la concentración atípica de los contratos en Emcali, no los cobijan las acciones que tome el ente de control disciplinario, El País intentó conocer su versión como parte del equilibrio informativo.El dueño de Remeval y el Taller Los Valencianos, Miguel Leiva, quien ha conseguido contratos en cinco años que suman más de $15.000 millones, se sorprendió y dijo desconocer el proceso que se adelanta.“Lo único que he hecho es trabajar bajo todos los parámetros de las leyes colombianas, con mucho esfuerzo sostener el nombre que dejó acreditado mi padre, quien fundó hace 50 años nuestras empresas”, agregó.Leiva aseguró tener unos 75 empleados y, al igual que Marlon Bermúdez, representante de Etel, empresa que alcanzó contratos en el mismo tiempo por $14.000 millones, manifestaron temor por lo que esta noticia pueda causarle a su buen nombre.“Hemos actuado de buena fe, hemos capacitado a nuestro personal, hemos invertido en buenos equipos, todo con el fin de ser los mejores en el mercado y seguir en posiciones de liderazgo”, dijo Bermúdez.Sin embargo, parte de los cuestionamientos que hace la Procuraduría tienen relación con la flexibilidad de los contratistas implicados, “pues lo mismo importan bombas, traen motores, hacen arreglos locativos, y a veces lo que contratan no aparece en el objeto social de sus compañías”.