¿Por qué los caleños cada vez respetan menos a las autoridades?

¿Por qué los caleños cada vez respetan menos a las autoridades?

Febrero 18, 2018 - 07:50 a.m. Por:
Alda Livey Mera Cobo / Reportera de El País
Guardas de tránsito y ciudadanos

Guardas de tránsito y ciudadanos

Bernardo Peña / El País

Parecen capítulos de una serie de amarillismo y morbo. Cada día circula por redes sociales un nuevo video de pleitos de conductores –un día paramédico, otro día pirata, otro taxista–, contra agentes de tránsito, a los que agreden, arrollan y/o irrespetan cuando hacen cumplir las normas.

Lo vimos en la agresión en un operativo contra parqueo de motos en sitio no permitido, bajo el puente de la Av. Pasoancho con Cra. 80. Días antes, se viralizó el de un paramédico que se enfrentó, varilla en mano, al guarda.

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Y los policías que fueron a resolver una agresión de dos hermanos limpiaparabrisas contra un taxista, en la Cra. 56 con Autopista Sur, también fueron atacados.

La pregunta no solo es por qué se repite la falta de respeto a la autoridad, que el nuevo Código Nacional de Policía tipifica como atentado a servidor público, sino por qué siempre hay un ‘anónimo’ dispuesto a grabar y difundir un video en el que la autoridad queda por el piso. Como el supervisor de guardas que los motociclistas tiraron al suelo, o como el policía que sufrió lesiones por los limpiavidrios.

“Nos pasó en el Cerro de la Bandera: videos mostraban las supuestas agresiones de la Policía a la comunidad, pero no mostraron primero a los invasores atacándolos con machetes y tirando piedra a casas vecinas”, cuestiona María Ximena Román, secretaria de Seguridad y Justicia de Cali.

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Así pasa en muchos barrios, dice la funcionaria: “Cuando la Policía reacciona es porque ya le han disparado, le han pegado, ya han robado, ya han cometido el delito, y filman la reacción de la autoridad, pero no la causa”.

Para Carolina Campo, subsecretaria de Cultura Ciudadana, Cali se debate entre dos imaginarios colectivos de ciudad: uno positivo que es el de la Cali cívica y otro negativo, el de la (contra) cultura del narcotráfico, que nos heredó lógicas muy graves, asociadas al rechazo a la autoridad: ‘el sálvese quien pueda’, ‘el fin justifica los medios’ y ‘quítese que voy de afán’.

Un estudio lo demostró con indicadores muy claros: La confianza interpersonal en 2016 estaba en 5,99 (sobre 10), porque la gente no confía en los demás. La confianza institucional marcó 2,73. “Pasa en todo el país, pero es un punto muy bajo, porque en Cali no creen en la institucionalidad, en las autoridades”, explica Carolina Campo.

Y la convivencia ciudadana en una ciudad multicultural y receptora de grandes migraciones por desplazamiento forzado es difícil, porque no tienen códigos para habitar en la ciudad. Por ejemplo, en su entorno rural usan moto, pero no casco.

María Ximena Román, de Seguridad y Justicia, atribuye el irrespeto a la norma a la profunda crisis de valores que viene de la familia y se refleja en la calle. “Cuando en la casa no hay disciplina, ni diálogo, ni figura de autoridad, que sin maltrato ni represión, pero sí con firmeza le inculque al hijo principios y valores, el resultado es un adulto irresponsable que no respeta el semáforo, la cebra, al peatón, al vecino ni mucho menos a la autoridad”, dice.

Hay impunidad

“Nos irrespetan porque no hay autoridad y no hay autoridad porque hay impunidad”. Así resume un agente de tránsito –que omitió su identidad– la situación. Y cuenta que cuando denuncian las agresiones, los mismos fiscales les dicen: ‘no congestionemos más al Estado, es mejor que concilien’.

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A él le pasó. Un infractor lo arrolló con la moto, que tenía revisión técnico mecánica vencida. Le dieron 10 días de incapacidad, pero la fiscal sugirió que, como no hubo fractura, no denunciara. Pero el agresor lo sentenció de muerte: “Este diciembre no vas a comer dulce”.

“Los fiscales tienen muchos procesos acumulados y también el Gobierno quiere desocupar las cárceles de lo que llaman delitos menores; entonces los agresores saben que no les pasa nada”, asegura el guarda. O les tipifican su denuncia como riña, cuya pena es inferior a 4 años y excarcelable, mientras la de irrespeto o ataque a servidor público, la pena es de 6 a 8 años no excarcelables.

Lo que condena Víctor Hugo Vallejo, abogado especializado en tránsito: “Así ya estamos abriendo un boquete legal grave para el ejercicio de la autoridad”. Si el servidor público ha respondido la agresión, aclara, también debe ser investigado por control disciplinario de su institución, pero es importante que si ese funcionario denuncia al agresor, la justicia actúe.

Y enfatiza que “esto no se puede seguir borrando con actos de perdón y compartir solidariamente ofendido y ofensor, porque vamos a seguir en lo mismo. Con o sin actos de perdón, en derecho debe haber aplicación estricta de la ley e imponer sanciones ejemplares a quienes irrespetan la autoridad”.

De hecho, hubo avalancha de indignados en redes sociales por el acto de reconciliación entre ‘los azules’ y los motociclistas agresores. “En otro operativo contra transporte ilegal, un pirata le decía al fiscal que yo tenía que pedirle perdón. No hay lugar a ello, porque solo estamos haciendo cumplir la ley”, relata el agente anónimo.

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Para la subsecretaria Carolina Campo cada video en redes es negativo para la autoestima de Cali. “Un hecho específico en sitio específico, lo muestran como una realidad permanente que les pasa a todos en toda la ciudad. Es grave porque crean una realidad como si viviéramos en la peor ciudad del mundo, cuando estudios muestran las bondades de Cali”, reclama.

María Ximena Román atribuye el amarillismo virtual a personas carentes de cultura, civismo y amor por Cali; “piensan desprestigiar el trabajo de la autoridad, pero se equivocan, no hay territorio vedado ni persona exenta de control. Vamos a utilizar todos los mecanismos en el marco de la ley, sin abusar, sin agredir los derechos de las personas, para ejercer autoridad”.

Condena que no se tenga respeto por lo que se transmite ni se confirme la veracidad de los contenidos, que se tome la justicia por mano propia o partido para victimizar más al bandido que a la autoridad, o se justifique el todo vale. “Todo es producto de la fractura social que vivimos como ciudadanía”, remata Ximena Román.

“Habría actores tendenciosos”: sociólogos

Andrea Buenaventura, socióloga y antropóloga, docente de la Universidad Católica de Cali, Unicatólica, atribuye el irrespeto a la norma a que las nuevas generaciones crecen con pautas distintas a la educación de la casa. “Antes las reglas las daban los padres, ahora las dan las redes sociales e internet y eso crea otro para- digma en su relación con los adultos”.

Así, Millenials y Generación Y se sientan empoderados, con autonomía por dominar Tics, redes sociales e internet, algo que sus padres, profesores y figuras de autoridad, no controlan. “Antes el papá, el maestro era el que sabía todo, hoy los jóvenes se sienten con más potestad y dicen: ‘¿cómo va a tener autoridad sobre mí, si yo sé más que él?”, comenta.

Otro factor, afirma Andrea Buenaventura, es que la estructura social cambió: las relaciones ya no son verticales (superior- subalterno), sino horizontales (equidad). Eso es posi- tivo, pero a la vez la flexibilidad hace que los millenials pierdan la noción de autoridad. “Hoy prevalece la noción de derechos universales”, sostiene.

La viralización de esos contenidos se da porque el canal de información, sí o sí, hoy es internet, dice la socióloga. Antes la opinión pública la creaban los medios de comunicación; hoy la crean jóvenes y se mueve en redes sociales. Pero aconseja mirar cada caso para saber si hay otros intereses. “A veces es porque esa estructura (autoridad) no funciona bien. O los ataques a la Policía pueden tener intereses políticos, como próximas elecciones, etc.”, admite.

Mauricio Guerrero, sociólogo y docente del programa de Sociología de la Universidad Icesi, atribuye la escalada antiautoridad a una noción de ciudadanía muy débil que impera en la sociedad y violenta más las normas de tránsito y de convivencia.

¿Por qué? Guerrero señala que la imagen de estamentos como la Policía, Guardas de Tránsito –el Ejército es una institución bien aceptada por los colombianos– se encuentra desprestigiada en el imaginario colectivo, con niveles de autoridad baja y con una ciudadanía bastante laxa, llevan a una reacción instantánea agresiva.

Sobre el linchamiento virtual en redes sociales, Guerrero plantea que las tics han empoderado al ciudadano para que ejerza la función de veeduría y denuncia sobre las autori- dades. “Y como plataformas como Facebook, Twitter, etc., son bastante emocionales, hay cierta satisfacción en difundir contenidos amarillistas para llamar la atención e influir”, dice.

Y cuando ya han ganado usuarios, raiting, advierte Guerrero, “pueden ser coptados por actores sociales que les interese jugar con esa percepción que dan esos videos, que a veces aumenta la percepción negativa de ciertos fenómenos”. “El que hace el video solo quiere compartirlo, pero ahí no termina el ciclo virtual y podrá haber actores tendenciosos que lo usarán para orientar la opinión pública en un sentido”, dice Guerrero.

Acciones

La Alcaldía trabaja en 45 instituciones educativas las habilidades socioemocionales para toma de decisiones y resolución de conflictos.
Realiza programas masivos de deportes, oferta cultural y procesos pedagógicos de construcción de paz y cultura ciudadana.

La Alcaldía busca replantear la baja confianza interpersonal e institucional y la convivencia, con tres premisas: cuidar los recursos públicos; cercanía en los territorios (tres consejos comunitarios por semana) y control interno anticorrupción.

María Ximena Román plantea que la gente pretende que sea el profesor o el Policía el que eduque, pero eso empieza en casa. “Si le dan celular a un niño de 5, 7, 9 años, no pretendan que tenga el criterio para manejarlo”.

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