¿Por qué están llegando indigentes de otras ciudades a Cali?

De las 5.000 personas que hay en la ciudad en esta condición, la mitad son de otras ciudades, o incluso de otro país. Habla el Secretario de Bienestar Social.

Este mes, Luis Alfredo Gómez cumple un año al frente de la Secretaría de Bienestar Social de Cali, y varios asuntos ocupan su agenda.

El tema de la indigencia es uno de ellos. Dice que el 50 % de los habitantes de calle no son de Cali y que la ciudad se ha vuelto receptora de esta población, al punto que hasta extranjeros viven en las calles de la ciudad. En entrevista con El País, el funcionario reconoce que la oferta es poca, pero que se necesita trabajar de fondo en la rehabilitación de los habitantes de calle adictos a sustancias sicoactivas.

El trabajo infantil, la inversión social en los territorios TIOS y las dificultades sociales que se viven en Potrerogrande también están bajo la lupa. Sobre este último dice que la violencia está afectando el desarrollo social.

Hay un fenómeno social que no deja de generar preocupación en Cali y es el de la indigencia. Hay quienes dicen que se percibe un aumento en la cantidad de  habitantes de calle...

El hecho de ver más habitantes de calle está relacionado con el aumento del consumo de sustancias sicoactivas que se registra  en Cali, aunque las tasas son más bajas que en otras ciudades del país. Se relaciona también con el rechazo de los núcleos familiares a estas personas por su condición de adicción. Hay otro patrón que se ve en Cali y es que hay migración de habitantes de calle. Según la caracterización que tenemos, hay 5000 de estas personas de la ciudad, de ellas el 50 % no son de Cali,  son de otros lugares del país.  En diciembre, por ejemplo,  que es mes de feria, la población aumenta, porque llegan a trabajar en reciclaje o ejercer mendicidad. Hay hasta personas del exterior, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, argentinos.

¿Quién los trae?

No se sabe si estas personas llegan a la ciudad por turismo y terminan vinculadas al consumo de sicoactivos. Hay denuncias informales en las que algunos ciudadanos ubicados en sectores de ingreso a la ciudad dicen que los traen en buses, pero eso no se ha podido corroborar, no hay un reporte oficial de Tránsito o Policía  que confirme eso. Lo cierto es que es muy difícil de controlar, porque los ciudadanos tienen libertad de movilizarse por el país.

El Municipio tiene dos Centros Día (en El Calvario y San Judas) y un centro de acogida, todos operados por Samaritanos de la Calle. ¿No cree que es  poca la oferta de atención para esta situación?

Ante la magnitud del problema, sí nos quedamos cortos. El año pasado atendimos 40.000 servicios, gente que solo iba a desayunar o que tomaba las tres comidas. Creo que hay que considerar crecer, pero con la creación de centros especializados en  programas médicos para la recuperación total de  las personas con adicciones a sustancias sicoactivas. Eso es lo primordial, no solo se trata de tener al psicólogo y al trabajador social al lado.

¿Cuánto ha invertido la Administración para atender a los habitantes de calle?

Se presupuestaron $1600 millones para garantizar, primordialmente, alimentación y demás servicios que se prestan con Samaritanos de la Calle. Justamente, con esos recursos abrimos el Centro Día cerca a San Judas. No hay presupuestado abrir otros centros de atención.

En algunos sectores hay preocupación por la ejecución del proyecto Ciudad Paraíso (renovación urbana del centro) y la posible migración de habitantes de calle hacia otras partes de la ciudad. ¿Puede pasar?

El hogar de paso que tenemos en El Calvario no se va a trasladar. Hoy, el equipo sicosocial de la Empresa de Renovación Urbana, Emru, está haciendo un trabajo importante para garantizar el traslado de inquilinatos y de  quienes viven en ellos a  otros sectores aledaños al centro. Lo que hay que aclarar es que no todos los que viven en inquilinatos son habitantes de calle, aunque muchos sí lo son, que pagan $1000 o $2000 por una pieza. La razón por la que estas personas viven en el centro es porque allí están los mayores productores de papel, cartón, vidrio, que es su fuente de trabajo.

Pero hoy se ven muchos habitantes de calle en parques de zonas residenciales, puentes, sitios públicos...

Estamos haciendo un programa de socialización del tema. Con Samaritanos de la Calle hemos hecho jornadas en barrios como Popular, San Bosco, Alameda, El Obrero, donde involucramos a comerciantes, residentes y actores comunitarios para que entiendan que estas personas también son seres humanos, pero que sufren problemas particulares; que no son sinónimo de delincuencia, porque es el estigma que cargan ellos y los sectores donde se ven. Todo el mundo quiere que se actúe, pero no hay ninguna ley que nos permita obligar a una persona a ir a un Centro Día, a someterse a recuperación. Muchos de nuestros funcionarios se acercan a ellos para que se acojan a los servicios y no quieren, porque la institucionalidad les genera desconfianza. Es un trabajo complicado.

El otro tema que preocupa, y más ahora que llegan las fiestas decembrinas, es el del trabajo infantil. La presencia de niños en los semáforos, como cada año, es mayor en estas fechas...

Hay personas que en diciembre y con motivo de la Feria de Cali utilizan a los niños para pedir limosna. Este año tenemos un plan de trabajo coordinado con el Icbf, Funof y la Fundación Telefónica, nuestros aliados en la erradicación del trabajo infantil, para estar muy pendientes de que no exista abuso de los menores. Lo importante es que la gente denuncie ante las autoridades estos hechos y que no alimente este tipo de conductas. Todos los adultos, sin importar la condición, debemos garantizar los derechos de los niños, por eso hay que evitar dar monedas, regalos. 

¿Qué resultados ha dado el programa de erradicación infantil que se adelanta con Funof y la Fundación Telefónica?

Cali tiene  indicadores positivos de disminución de las peores formas de trabajo infantil (mendicidad, minería, trabajo en ladrilleras, ventas ambulantes). Hoy tenemos a 900 menores  de edad que logramos sacar de esta práctica. Hace ocho días graduamos a 70 niños de las comunas 1, 21, 14, que fueron encontrados trabajando en el espacio público y que recibieron formación especial junto a sus familias. Es que los niños a esta edad deben estar estudiando, en la ciudad hay suficientes cupos. Si los padres no les permiten  estudiar, se repite el círculo de la pobreza.

¿Hay más conciencia entre los ciudadanos frente a denunciar estos casos?

Las intervenciones se han dado gracias a que han aumentado las denuncias, la gente está más receptiva a contar dónde están esos niños. Hace 30 o 40 años era socialmente aceptado decir que los niños eran ‘berracos’ porque trabajaban. Una cosa es que los menores de edad tengan responsabilidades en su hogar, y eso está bien; pero otra es sacarlos del colegio, de la casa, para que pidan limosna, para que ejerzan mendicidad, hagan ventas ambulantes.

Inversión social

La apuesta de intervención de la alcaldía Guerrero se ha concentrado en los  TIOS (Territorios de Inclusión y Oportunidad). ¿Cuál es la estrategia con la que se está trabajando en estos sectores?

Se trata de un acompañamiento integral donde la persona pueda generar su propio ingreso o engancharse al mercado laboral. Hemos descubierto cosas interesantes, como que en los TIOS hay cuatro microempresas por cada manzana, el 54 % de esas micro son lideradas por mujeres, según las caracterizaciones que se han hecho. Nos hemos concentrado en adelantar proyectos de formación en confección, donde se educaron 800 mujeres, muchas de ellas ya tienen contrato laboral. También en calzado, por lo menos 200 jóvenes de los TIOS se están formando en ello. 300 personas de la ladera se han capacitado en oficios varios, otras 400 personas en condición de discapacidad también han sido formadas para el empleo.

¿Qué papel ha jugado la empresa privada en el desarrollo de estos proyectos?

Le apostamos al sector de las confecciones y calzado, por ejemplo, porque estos están creciendo y tienen déficit de mano de obra. Muchos empresarios han visto con muy buenos ojos estos proyectos y están dispuestos a vincular a estas personas. En la medida en que los proyectos estén organizados, les resulta más llamativo a los empresarios vincularse a estas iniciativas. Por supuesto, falta mucho por mejorar, en canales de comunicación, por ejemplo. La tarea de la siguiente Administración será darles más cuerpo a estas iniciativas y crear otras nuevas. 

¿Cómo pueden establecer que, en efecto, se han generado cambios en estos territorios?

Esta es una de las políticas públicas más acertadas que puede tener una administración, pues teniendo en cuenta indicadores demográficos, económicos y sociales de estos sectores se puede focalizar la inversión  para buscar disminuir los índices de pobreza. Hoy, al ver las cifras de Dane, de la Cámara de Comercio de Cali, han mejorado los índices de desempleo, puede que se disminuya en un punto, pero eso es un logro grandísimo. Hay comunas de los TIOS donde gracias a la inversión se ha podido bajar los índices de violencia. Está el ejemplo de la Comuna 6, que del 2012 al 2015 bajó muchísimo en homicidios. Esto se relaciona con la generación de empleo, capacitaciones, incluso con la labor policiva.

Hoy las miradas están puestas  en Potrero Grande. Esta semana 40 casas fueron saqueadas y la gente vive en medio del temor por problemas de violencia. ¿Por qué ese sector, donde se han concentrado muchos de los esfuerzos  en materia de inversión social, sigue siendo altamente vulnerable?

La Alcaldía ha tenido durante los últimos años intervención social permanente en Potrero Grande. Tiene un tecnocentro, el Icbf está presente, se está construyendo un Centro de Desarrollo Integral para la niñez, están los cupos necesarios de educación. Solo ahí estamos vinculando a 70 mujeres en capacitaciones de confección con la Fundación Singer, hay 120 personas capacitándose en artes y oficios gracias al apoyo de la Fundación Don Bosco en familias reubicadas del Plan Jarillón.  Lo que pasa es que hay una migración de diversas formas de violencia que se hace necesario controlar.

Como las bandas organizadas responsables de saquear esas casas…

Recuerdo que cuando estuve en la Subsecretaría de Gobierno, en el 2014, se capturó  a los miembros de la banda ‘Los Parabólicos’, eran 23 personas. Cuando eso pasó, durante los meses siguientes  se vio un descenso dramático en hurtos, saqueos. El 99,9 % de la gente de Potrero Grande son madres cabezas de hogar, muchas provenientes del Pacífico, adultos mayores, muchos jóvenes, gente muy valiosa que está esperando una oportunidad. Pero sucede que muchas veces los que quieren capacitarse no pueden hacerlo por ese fenómeno de bandas organizadas. En una capacitación que estamos ofreciendo con la Fundación San Bosco, hay problemas de inasistencia por esas causas, porque a veces trasladarse hacia el sitio, salir del barrio, ir de un lado a otro es un problema para la gente.

Ese no es un problema nuevo. ¿Qué hace falta para que la inversión social no se vea interrumpida por la violencia en ese sector?

La delincuencia organizada hay que atacarla con Policía y las organizaciones dirigentes del Estado para tener resultados efectivos. No es suficiente la inversión social, que es importante y a lo que le hemos apostado con programas y recursos.