¿Por qué el Municipio quedó amarrado para defenderse de Sicali?

Documento fue firmado por la Administración de Jorge Iván Ospina y no permite contrademandar al excontratista.

El acta que firmó el Gobierno de Jorge Iván Ospina, un mes y medio antes de que Sicali demandara al Municipio por $50.000 millones ante un tribunal de arbitramento, podría convertirse en el principal impedimento para la defensa de los intereses de la Administración local.El documento, firmado el 25 de octubre de 2011, a juicio del director Jurídico del Municipio, Javier Mauricio Pachón, fue lesivo a los intereses de la ciudad debido a que limitó al Municipio a no poder contrademandar a Sicali en el tribunal de arbitramento convocado por el contratista, que para esa época hacía la gestión tributaria de los impuestos locales.Esa delimitación quedó pactada en el artículo tercero del acta, la cual indica que “las divergencias sometidas a la decisión arbitral serán exclusivamente las reclamaciones de contenido económico que el convocante presentará ante el tribunal de arbitramento”.La demanda de Sicali actualmente es dirimida en un tribunal de arbitramento compuesto por tres árbitros avalados por la Cámara de Comercio de Cali. El concesionario le reclama al Municipio $50.000 millones por dineros que no percibió, principalmente, por no haber sido la entidad escogida por la Alcaldía de Cali para hacer el cobro de la valorización de las megaobras.Otro aspecto que causó las divergencias entre el Municipio y Sicali tuvo que ver con las conciliaciones de las obligaciones que la Alcaldía hizo con Emcali. Es decir, las dos entidades hicieron cruces de cuentas sobre las deudas que cada una tenían en servicios públicos e impuestos. “Al no haber mediado gestión de Sicali en el cobro de los impuestos que nos debía Emcali, lo lógico era que el Municipio no le pagara un peso de comisión a Sicali, pero aún así ellos reclamaron, lo que la Administración pasada y esta se han negado a pagar”, indicó Pachón.Otro tema que preocupa a la Alcaldía fue que el pago de los honorarios de los árbitros los asumió en su totalidad Sicali. “Es preocupante que sea la entidad que nos demanda la que pague a las personas que nos van a juzgar”, afirmó Pachón.¿Qué dice el gobierno anterior?La exdirectora Jurídica del Municipio, María del Pilar Cano Sterling (quien firma el acta en conjunto con el alcalde de la época, Jorge Iván Ospina, y el director de Hacienda, Juan Carlos Botero) aseguró que no era opcional de la Administración aceptar o no el arbitraje, puesto que la cláusula trigésima primera del contrato, que habla de la solución de controversias, indica que para estos casos se debe convocar a un tribunal de arbitramento.Sobre la restricciones del acta, Cano Sterling aseguró que el espíritu de este artículo era delimitar las reclamaciones de Sicali, “no las del Municipio”.Frente al pago de los árbitros por parte de Sicali, la exfuncionaria informó que como el Municipio no estuvo de acuerdo con el arbitraje, Sicali decidió asumir la totalidad de los costos de este proceso. “Pero eso no quiere decir que los árbitros hayan sido escogidos únicamente por Sicali. Ellos fueron escogidos de común acuerdo y además, estas personas gozan de buen prestigio y están certificadas por la Cámara de Comercio de Cali”, enfatizó Cano Sterling.Estado del arbitrajeEl proceso va muy adelantado. Este viernes se realizará en la Cámara de Comercio la última audiencia de la etapa probatoria. La Alcaldía de Cali estima que en julio de este año se harían los alegatos de conclusión (donde los abogados de cada una de las partes presentan sus argumentos buscando que el fallo los favorezca).A más tardar en septiembre de este año se conocería el resultado del laudo arbitral. Un tribunal de arbitramento no tiene segunda instancia. Pero si existen vicios de nulidad en el laudo, las partes pueden demandar ante el Consejo de Estado.Actualización catastral, a examenLa Personería de Cali señaló ayer durante una audiencia ciudadana, que faltó socialización a los propietarios de los predios de las comunas 2, 4 y 17 sobre el proceso de actualización catastral que se realizó el año pasado, y que en la mayoría de los casos generó un incremento del impuesto predial.Carmen Elvira Ospina, personera delegada, dijo que “no se le explicó bien al ciudadano las acciones de defensa que tienen ante este proceso surtido, dado el derecho de la comunidad a participar en las decisiones que los afectan, conforme a los preceptos de la Ley 489 de 1998 ni se consideraron planes de alivios de pago”. Carlos Arias, de la Junta Administradora Local de la Comuna 17, dijo que los aumentos en el predial fueron agresivos y en algunos casos se llegó hasta del 280 %.La directora de Hacienda, Cristina Arango, sostuvo que se hicieron muchas reuniones y que para reducir el impacto en el incremento del impuesto, se fijó una tabla gradual para el pago del predial, para reducir el impacto del aumento de los avalúos.