Polémica por nueva ley de donación de órganos

Desde ahora se plantea el trasplante de forma instantánea, sin la bendición familiar.

Posiciones encontradas generó la aprobación en el Senado de un proyecto de Ley que convierte en donante de órganos y tejidos a todas las personas que en vida no hayan manifestado que no querían serlo y obvia las objeciones de los familiares.

El articulado, que se espera sea sancionado en quince días por el presidente Juan Manuel Santos, fue iniciativa del representante a la Cámara Rodrigo Lara y pretende elevar los índices de donación en el país, teniendo en cuenta que la demanda de órganos creció un 24 % del 2014 al 2015.

“Con esta iniciativa estamos actualizando la figura de la presunción legal de donación -que existe desde 1988- con un elemento nuevo, que es la eliminación de autorización de los familiares para hacer el trasplante del órgano. Un tercero no se puede imponer ni desconocer la voluntad de una persona que fue libre toda su vida para decidir no donar y no lo hizo”,  aseguró Lara, quien advirtió que la oposición de las familias colombianas a la donación de órganos aumentó un 11 % en los últimos años. 

De acuerdo con Lara, en el país hay una crisis de donación de órganos y tejidos, “porque la tasa voluntaria de donación es de 7,2 personas por millón de habitantes, mientras que en otros países de América Latina vemos un promedio de 21 a 23 personas por millón de habitantes y en España la tasa está en 34 donantes voluntarios por millón de habitantes”. Lara espera que con la aprobación de la Ley, los trasplantes aumenten en un 40 %.

La donación de tejidos y órganos está avalada en aquellos casos en los que un paciente médico es declarado en estado de muerte cerebral o encefálica (cese total e irreversible de la actividad de todo el cerebro), pero si fallece por un paro cardiaco, accidente u otra causa, solo se pueden donar tejidos, debido a que sus órganos no se conservan por mucho tiempo.

Para el coordinador de trasplantes del Centro Médico Imbanaco, José Manuel González, “la Ley es muy positiva porque elimina un obstáculo para la donación, como la autorización de la familia, pero siempre será importante que esta tenga la tranquilidad de que el proceso es manejado de forma transparente. Esto le da un espaldarazo al trasplante de órganos y le advierte a la gente que hay legalidad, transparencia y seriedad en el proceso, por lo que se garantiza el buen uso de los recursos de sus familiares”.

Al respecto, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, obispo auxiliar de Cali, indicó que en estos casos “siempre se debe respetar la objeción de conciencia de la persona y los familiares del difunto. En el escenario de la muerte y la donación se debe tener en cuenta el criterio de la familia”.

Por su parte, Jorge Andrés Erazo, coordinador de donación y trasplantes de la Fundación Valle del Lili, dijo que la aprobación de este proyecto es contraproducente, porque “se pueden salvar vidas sí, pero no se puede pasar por encima del dolor de los familiares. Ellos podrían especular y decir que los médicos dejaron morir al paciente para utilizar sus órganos, lo que podría llevar a represalias contra este  personal”.

El especialista insistió en que “pueden obligar a la gente a donar, pero si no hay la infraestructura del Estado para hacer llegar los órganos  a los sitios donde se requieren, no hacemos nada. Para que la donación tenga impacto, se requiere obligar a las instituciones de salud a alertar a la Red Nacional de Trasplantes sobre los pacientes aptos para donación, para tener contacto oportuno y no dejar perder tejidos y órganos que se necesitan”.

No obstante, Erazo coincide con Lara en que los índices de donación en el país son bajos, pues “en Atlántico 8 de cada 10 familias de donantes dicen que no acceden a los trasplantes; en Antioquia 8 de 10 dicen que sí donan y en el Valle 6 de cada 10 acceden a entregar los órganos de su familiar”.

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El proyecto de Ley también alienta al Gobierno Nacional a destinar el 5% de la pauta oficial para una campaña masiva que permita un conocimiento veraz, objetivo y amplio de la presunción legal de donación. Además, restringe la prestación de servicios de trasplante de órganos a extranjeros no residentes en el país (sí se les pueden trasplantar tejidos) y se agravan las penas para las personas que trafiquen con órganos.

De acuerdo con el listado de espera de la Red de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos del Instituto Nacional de Salud, en el país hay 2045 personas esperando por un trasplante de riñón, 81 aguardan por un hígado, otras 20 perseveran por un corazón y 17 esperan por un pulmón.