Pese a prohibición, invasiones ya abarcan 400 hectáreas de la ladera de Cali

Pese a prohibición, invasiones ya abarcan 400 hectáreas de la ladera de Cali

Agosto 18, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Zulma Lucía Cuervo Plazas | Reportera de El País

El POT dice que en esta zona no debería haber construcciones. Pero allí viven unas 36.000 familias, en cordones de miseria.

En el papel, la ladera es un territorio verde. O eso dice el actual Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Cali, que indica que en zonas como Cañaveralejo, La Riverita y las coronas de los cerros de Tres Cruces y Cristales (unas 1500 hectáreas) no debe haber ningún tipo de construcción.Pero la realidad es otra. De esa zona de los cerros, que no son el Parque Natural Nacional Farallones ni áreas de reserva forestal, están invadidas cerca de 400 hectáreas, según estimaciones de Corpocerros, ocupadas por unos 36.000 cambuches o viviendas mal fabricadas en las que habitan aproximadamente 160.000 personas, algo así como un municipio como Cartago.Su ocupación se ha realizado de manera desorganizada e ilegal, debido a que la norma que reglamenta el desarrollo urbano de la ciudad decidió en el 2000 que sus suelos están en régimen diferido y que hasta que se realizaran unos estudios, ningún constructor podría ejecutar desarrollos residenciales o comerciales de manera legal.La Alcaldía debía presentar 18 estudios, pero solo hizo 13, según Corpocerros. A la fecha faltan análisis de microzonificación sísmica, subsidencia (movimiento del suelo) en zonas de antigua minería, amenaza y riesgo por inundación en áreas marginales de ríos y quebradas, de amenaza y riesgo por movimientos en masa (terremotos) y de movilidad.Algunos de esos estudios, dice el director (e) de Planeación, León Darío Espinosa, sí se hicieron, pero nunca se presentaron a la entidad ambiental. Por esta razón, la CVC no autorizó que esas 1500 hectáreas fueran suelo urbanizable, permitiendo que los constructores tramitaran licencias para hacer viviendas o desarrollos comerciales en la ladera. “Pero los invasores, que no tramitan permisos ante Planeación, sí llegaron a habitar los cerros”, dice Héctor Campuzano, de Corpocerros.De manera irregular aparecieron asentamientos como Patio Bonito, Vista Hermosa, Bosque Municipal y Aguacatal, en la Comuna 1; Altos de Menga, Altos de Normandía y Bataclán, en la Comuna 2; Polvorínes, Alto de los Chorros, Altos del Jordán y Alto Nápoles, en la Comuna 18 y Alto Lleras, Tierra Blanca y Pueblo Joven, en la Comuna 20.“Desde hace 80 años, Cali resolvió su vivienda popular con tierra inapropiada, dividida sin técnica, ni servicios públicos, sin áreas verdes y sin vías. Es el modelo que se vivió en Aguablanca y que se ve en la Comuna 18 y 20”, explica el arquitecto ambientalista y presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Valle, Víctor Raúl Martínez Astudillo.El secretario de Gobierno de Cali, Carlos José Holguín, dice que si bien los asentamientos son ilegales, ya no se puede sacar a la gente de allí porque llevan muchos años viviendo en la zona. “Pero en el 2013 contuvimos seis intentos de nuevas invasiones, en predios particulares ribereños del río Meléndez, en el Cabuyal, Mortiñal, las Lomas de Quintero y Montebello y este año hemos desalojado a gente nueva que llegó a La Choclona”, explica.Ladera loteadaSegún el Presidente de la regional Valle de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, muchas de las personas que viven en la ladera pagaron por el espacio que ocupan. “A la gente más pobre la han robado al estricto contado. Es una estafa que hoy la vemos en tugurios, un negocio rentable para el delincuente que gana el 1600 % de su inversión porque compró tierra barata al borde de la ciudad que el Estado no permite desarrollar”, puntualiza.La gerente del área de Proyectos Corporativos de la Fundación Carvajal, Beatriz Trujillo, dice que mucha de la gente que vive en la Comuna 18 asegura ser propietaria porque pagó por el lote. Una caracterización hecha por la Fundación encontró que el 63 % de los residentes afirman tener un derecho sobre la propiedad de la vivienda, que en el 90 % de los casos está respaldada por una promesa de compraventa. Luis Carlos Vélez habita en La Choclona en una vivienda que combina la esterilla con algo de ladrillo y cemento. Llegó hace 16 años al sector porque un amigo le dijo que en esa zona estaban vendiendo lotes con buenas posibilidades de financiación. “Lo compré en $2,5 millones y cuatro años después, cuando lo terminé de pagar, empecé a construir”, comenta.Sandra Montoya es la promotora del puesto de salud. Como mucha gente que vive en la ladera, es desplazada de la violencia. También pagó un aporte para tener derecho a la tierra, que fueron en su época $200.000 más una administración semanal de $2000, que se le entregaba al presidente de una asociación. Además, dice el Secretario de Gobierno, para algunos propietarios de la tierra de la ladera es mucho mejor negocio dejarse invadir porque esperan que el Municipio les compre la tierra con miras a legalizar los asentamientos.Pero no todos los cambuches e incluso casas de dos y tres pisos que están en los cerros podrán titularse a favor de las familias que residen en ellas. La secretaria de Vivienda, Amparo Viveros, señala que será necesario reubicar familias que viven en zonas de alto riesgo de desastre, que no se puede mitigar, en los corregimientos de La Buitrera y Pance. “Es la gente que vive en Tamayo, Alto Nápoles, La Choclona, Bosques 1 y 2, Camino del Minero, San Francisco, que según Planeación Municipal, no debe permanecer allí”, indica la funcionaria.Las reubicaciones que tiene contemplada la Alcaldía serán en la misma comuna, en 960 apartamentos que se construyen en la segunda etapa de Altos de Santa Elena, con recursos de las cien mil viviendas gratis que promueve el Gobierno Nacional.“Ya las familias están identificadas porque se hizo una verificación en la Comuna 18, que nos arrojó que allí viven 1150 familias”, explica la Secretaria de Vivienda.El proyecto habitacional completo es de 3000 apartamentos, de los cuales 920 fueron entregados y ya están habitados.La nueva normaEl nuevo Plan de Ordenamiento Territorial permitirá la construcción de algunas franjas de terreno de la ladera, en lo que ha sido denominado como suelo suburbano, o sea las áreas de transición entre lo urbano y lo rural, que tienen regulación hídrica y de producción sostenible, las cuales son destinadas principalmente para la ubicación de vivienda campestre y usos complementarios. Se podría construir en los corregimientos de Golondrinas y Montebello (sectores de Menga, Chipichape y Normandía), corregimiento de Los Andes (El Mameyal) La Buitrera (La Riverita y La Bandera) y en el corregimiento de Pance. Si bien algunos propietarios de los suelos indican que lo que presenta el nuevo POT es un avance porque permitiría la construcción legal, cuando sacan las cuentas el negocio es inviable por los altos costos y las grandes extensiones de terreno que se deberán ceder para parques.Según el proyecto que se encuentra en concertación ambiental de la CVC desde el 5 de julio pasado, se podrá hacer una vivienda de máximo dos pisos por cada hectárea (10.000 metros cuadrados) y el constructor tendría que entregar una franja de terreno del 30 % (3000 metros cuadrados) para un parque ecológico en la ladera. Pero si lo que hace es un edificio de apartamentos de máximo cuatro pisos, la cesión de tierra será del 50 % (5000 metros cuadrados). Héctor Campuzano, de Corpocerros, insiste en que para que una familia que viva en un lote de 10.000 metros cuadrados, pagar la vigilancia y la jardinería le costaría $3 millones. “Así, cualquier desarrollo urbano en Cali es inviable financieramente”, asevera.El arquitecto Víctor Raúl Martínez Astudillo dice que los reglamentos municipales deberían ser coherentes con la realidad. “No se puede hablar de bajas densidades cuando algunas zonas de la ladera están invadidas con miles de tugurios. Si a la ladera se le permitiera desarrollarse de manera legal y por constructores formales, se puede solucionar todo el déficit habitacional, que es 110.000 viviendas. Además, se para la tugurización y el deterioro de los cerros”, enfatiza.El presidente de Camacol Valle, Alberto Gaviria, asegura que urbanizaciones que cuentan con todos los permisos, como Altos de Santa Elena, lograron frenar el avance de las invasiones en el Sur.El Director (e) de Planeación dice que se estudiará la posibilidad de permitir más densificación en la ladera, pero que ese cambio deberá ser consultado con la CVC.Hoy, algunos suelos de los cerros están sin cambuches. Un propietario de una importante franja de terreno en las Tres Cruces dice que su propiedad no tiene invasores porque paga vigilancia. “Llevo años cuidando esta tierra con la esperanza que el nuevo POT deje hacer algo productivo en ella. De lo contrario me será más rentable dejarme invadir, porque en Cali es más fácil pedir perdón, que pedir permiso”. Una Cali que vive en la extrema pobrezaLas familias que habitan en los cerros de Cali, en los asentamientos subnormales, viven en condiciones de pobreza y algunas, en la miseria. Un estudio de la Fundación Carvajal que diagnosticó la forma como viven los habitantes de la zona alta de la Comuna 18, encontró que el 17% de los hogares de ese sector viven con menos de $200.000 mensuales, es decir, están en la pobreza extrema, según los indicadores del Dane y el Departamento Nacional de Planeación.El 29 % de las familias tiene ingresos mensuales entre los $201.000 y $408.000, o sea están en la pobreza. El 45 % de los hogares tienen ingresos mensuales entre los $410.000 y $800.000, nivel de ingresos que no supera ni siquiera los dos salarios mínimos.Los bajos ingresos se deben a que el sustento viene del rebusque y los empleos de baja calidad. Sandra Majín, de la Junta de Acción Comunal de La Choclona, cuenta que los hombres del sector trabajan en ventas ambulantes, la construcción o “lo que salga”. Y las mujeres que trabajan lo hacen lavando ropa o haciendo oficio por horas en casas de familia.La escolaridad también es baja. En el caso de los jefe de hogar, seis de cada diez padres solo hicieron algún grado de la primaria. El 15 % terminaron la secundaria, el 1,4 % tienen estudios técnicos y el 0,5 % fue a la universidad. En el caso de los niños y adolescentes, la tasa neta de asistencia escolar (entre los 5 a 17 años) es del 82 %. El 90 % de los jóvenes no están estudiando y la mitad de este porcentaje no terminó la primaria o el bachillerato por falta de recursos económicos o porque debió iniciar a trabajar para ayudar a sostener a su familia.

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