Pensiones, el nuevo escollo de las Empresas Municipales de Cali

La Contraloría de Cali envió a Ingrid Ospina, gerente encargada de Emcali, una acción preventiva mediante la que le pide explicaciones por lo sucedido con 360 demandas que puso la misma empresa contra igual número de pensionados.

La Contraloría de Cali envió a Íngrid Ospina, gerente encargada de Emcali, una acción preventiva mediante la que le pide explicaciones por lo sucedido con 360 demandas que puso la misma empresa contra igual número de pensionados, que no cumplirían los requisitos legales para cobrar sus mesadas.Si Emcali gana esas demandas en los tribunales dará un paso vital en el proceso de salvamento, ya que dejaría de pagar $14.851 millones, monto que le genera un considerable impacto económico cada mes a sus finanzas.La historia de este reclamo comenzó en el año 2009 cuando la multinacional Deloitte, especializada en auditoría financiera, entregó los resultados de un estudio sobre el pasivo pensional de la empresa de servicios.Allí se relacionaron inconsistencias en la documentación que soporta algunas pensiones y en la clasificación de las mismas.Por esta razón Emcali contrató la revisión exhaustiva de las 3.970 pensiones que tiene a su cargo con otra firma especializada, esta vez fue Holl & Holl International.El nuevo análisis dio como resultado presuntas falsedades documentales y mala categorización de los tipos de pensión, que fueron la base para que Emcali radicara 360 demandadas ante el Tribunal Administrativo del Valle en 2010.Los procesos buscan que los jueces declaren la nulidad de las pensiones bajo sospecha y que ordenen reclasificar el tipo de pensión, lo cual genera el ajuste de los valores que hoy paga.Entre los argumentos presentados a los jueces sobresale el hecho de que antes de 1997 todo el personal de Emcali era público, razón por la cual al pensionarse no lo podía cobijar los beneficios de la convención colectiva, ya que sólo los trabajadores oficiales, (de mantenimiento y construcción de obra pública) eran los beneficiarios de dichos regímenes especiales.Además, muchos de los pensionados que hoy cobran su mesada a Emcali lo hacen apoyados en una resolución de la gerencia general, la GG-104 de octubre de 1983, la cual por orden expresa de la Junta Directiva de esa época, autorizó que se extendieran los derechos pensionales de la convención colectiva a todo el personal.Como esa resolución fue declarada nula por el Consejo de Estado, a todos los actos administrativos basados en ella, incluidas las pensiones, se les configuró el decaimiento, lo que significa que quedaron sin efecto.¿Estrategia o improvisación?Teniendo en cuenta el impacto económico que genera el pago de las pensiones cuestionadas, Emcali incluyó en las demandas la solicitud de suspensión provisional para detener los pagos.La medida fue negada en primera y segunda instancia en 43 de los 360 procesos, los restantes 317 están pendientes por resolver la apelación que puso Emcali ante la negativa de los jueces a ordenar la cesación provisional de los pagos.Con la llegada de Ingrid Ospina como gerente de Emcali, se da un viraje en la estrategia jurídica y, en palabras de la propia gerente, “la empresa decidió no seguir apelando ni en primera ni en segunda instancia, y en los casos donde ya corría la apelación dimos orden de no consignar las expensas ($20.000) para tramitar las apelaciones con el fin de que fueran declaradas desiertas”.Hubo casos en que los jueces ordenaron seguir adelante con la apelación pese al no pago de las expensas, entonces Emcali, de manera incomprensible según considera la Contraloría, puso recursos de reposición contra las apelaciones que le favorecían, actuaciones que hoy generan dudas.“Esa actitud no salvaguarda los intereses económicos de la empresa, permite que se sigan pagando pensiones que a juicio de la misma Emcali fueron otorgadas de manera irregular y pone en riesgo los recursos financieros de la entidad”, dice la Acción Preventiva.Cuestionada sobre el tema Ospina dice que “en su momento vimos innecesario el gasto a sabiendas, o ante el alto grado de probabilidad, de que la negativa de las suspensiones fuera confirmadas por los jueces de segunda instancia, situación que hacía inocuo nuestro esfuerzo”.No obstante lo anterior Ospina acepta que, con el ánimo de insistir en la posición inicialmente tomada de obtener la suspensión provisional de los pagos, ordenó persistir con las apelaciones. Será la Contraloría la que determine si esta evidente contradicción generó un detrimento patrimonial o si las explicaciones de la gerente son suficientes para archivar el proceso.Descargue la respuesta de Emcali frente al problema con las pensiones.