Norte de Cali está acosado por explotación de canteras

Norte de Cali está acosado por explotación de canteras

Julio 09, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Norte de Cali está acosado por explotación de canteras

La explotación de material como grava y piedra que se hace en el corregimiento de Golondrinas, dicen los vecinos de la Comuna 2, les genera problemas de ruido, polvo y hasta daños en las vías de barrio.

Problemas como el polvo y el ruido que producen las detonaciones de los explosivos para sacar el material de construcción, además de daños de vías e inundaciones, entre las denuncias de la comunidad. CVC dice que hace vigilancia.

Los impactos de la explotación de dos canteras de material de construcción (roca y grava) tienen preocupados a los habitantes de barrios como Santa Mónica Residencial, El Bosque, La Flora, Vipasa, La Campiña y La Merced, todos de la Comuna 2, al norte de Cali.

Líderes de la zona manifestaron que dicha explotación causa problemas como el polvo y el ruido que producen  las detonaciones de los explosivos para sacar el material de construcción.

Jorge Villegas, presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Mónica Residencial, indicó que el conjunto residencial Altos de Santa Mónica, ubicado detrás del centro comercial Chipichape, padece de las explosiones que se hacen producto de la explotación de roca que hace una trituradora de agregados en el corregimiento de Golondrinas.

Asimismo, adujo el líder comunal, se registran daños en las vías barriales porque por allí circulan las volquetas con el material en calles cuyas especificaciones son para la circulación de vehículos de transporte de las familias, no para carga pesada.

Martha Peña, vicepresidenta de la Junta Administradora Local de la Comuna 2, dijo que además del deterioro de las calles, se está afectando el sistema de alcantarillado, cuyas tuberías se dañan por el peso de los vehículos de carga.

A eso se suma, aseguró Villegas, el deslave de la loma, que en invierno provoca las inundaciones de las casas o del sector del puente de Chipichape.

Martha Peña indicó que si bien las dos explotaciones cuentan con los permisos de las autoridades (Agencia Nacional de Minería y la CVC), “no se entiende como se permitió la explotación cuando esas canteras estaban  colindantes con la zona urbana”.

Dijo que la comunidad ha denunciado el incumplimiento de los planes de manejo ambiental, pero aún así, “sigue la explotación del material”.

Según la edil, son 180.000 habitantes los que se encuentran afectados por los impactos ambientales que genera la explotación minera, “sin contar la población flotante, que puede ser unas 40.000 personas más”.

Los casos

En el caso de la mina que está ubicada en la parte baja de La Betulia, el título minero fue otorgado por Minercol (hoy Agencia Nacional de Minería) en 1999, pero solo hasta el 2006 el Municipio de Cali le entrega el uso de suelo para hacer la explotación minera.

Tras las denuncias de la comunidad, la CVC le impuso una medida sancionatoria  el 4 de marzo del 2013 por encontrar que estaban contaminando dos nacimientos de agua y haciendo mala disposición de los sobrantes de la explotación de roca.

 Sin embargo, informaron en la CVC, la medida fue levantada en diciembre del mismo año, por lo cual pueden operar “sin problema”.

La edil Martha Peña sostuvo que los problemas ambientales continúan y que lo que la comunidad exige es que cierren “una mina que fue autorizada desde un escritorio en Bogotá”.

Dijo que primero llegaron las personas a residir en los barrios, que la operación de la mina. “El barrio El Bosque existe desde 1969, La Campiña desde 1950, La Merced desde 1973 y la mina obtuvo el título minero en 1999. Eso no tiene presentación”, anotó.

En el caso de la trituradora de agregados de Golondrinas, el director de la CVC, Rubén Darío Materón, informó que la cantera tiene permiso para hacer una explotación sectorizada y que según informes de la Agencia Nacional de Minería, están haciendo la extracción de material dentro del polígono autorizado por la entidad.

“Ellos están solicitando un permiso para ampliar la explotación en tres hectáreas, pero la CVC está revisando muy cuidadosamente el tema debido a las quejas de la comunidad y a que la mina está muy cerca de la zona urbana”, aseguró el Director de la CVC.

Materón indicó que en una reciente visita hecha por funcionarios de la entidad, se evidenció que se deben hacer unos ajustes a la forma como se hace la labor de minería. “Deben instalar aspersores de agua para mitigar el polvo y mejorar la red de drenaje superficial, que evidenció deficiencias”, explicó.

El presidente de la JAC de Santa Mónica Residencial dijo que “la gente no está en contra de la actividad, pero esta requiere modernizarse. Allí trabajan con equipos de la década del 50”, sostuvo.

El País intentó conocer la posición de los representantes legales de la dos empresas de explotación minera, pero en los teléfonos que aparecen en la documentación de las firmas no contestaron.

Falta control

La edil Martha Peña  indicó que  la CVC, no hace control a la explotación minera.”Solo cuando la comunidad empieza a presionar  y a denunciar en la Procuraduría Ambiental inician las inspecciones”, dijo la señora Peña.Pero el director de la CVC, Rubén Darío Materón,  aseguró que se hacen las visitas de vigilancia y además se solicita a los encargados de las minas que se realicen mediciones de ruido, aire y agua con laboratorios acreditados por el Ideam. Estas mediciones están dentro de los registros de contaminación permitidos.

La CVC anunció que se hará un convenio  con la Universidad Javeriana para que las mediciones de calidad de aire y de contaminación auditiva las haga directamente la CVC.

"Pedirle a los mineros  que ellos mismos contraten y paguen los análisis ambientales es como poner a cuidar al ratón el queso. Es apenas obvio que los análisis saldrán favorables a su actividad minera”, Martha Peña, vicepresidenta de la JAL de la Comuna 2.

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