Mujeres desplazadas de El Charco, Nariño, piden ser reubicadas ante inseguridad en Cali

Son 27 afrocolombianas que permanecen a las afueras de la Secretaría de Vivienda a la espera de ser escuchadas por el Gobierno. Dicen seguir siendo víctimas de la violencia en la ciudad.

Reubicación a una vivienda segura exigen 27 mujeres desplazadas de El Charco, Nariño, que se encuentran instaladas a las afueras de la Secretaría de Vivienda de Cali con el propósito de ser escuchadas por el Gobierno Nacional. Estas mujeres tuvieron que desplazarse forzosamente, desde el 22 de marzo de 2007, por las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de las que fueron víctimas durante los operativos militares de la Infantería de Marina en supuestos combates con las Farc.Dicha situación las obligó a huir de sus hogares hacia diferentes zonas del país, entre ellas Cali, en busca de un mejor entorno para subsistir. Se establecieron de manera temporal en el Distrito de Aguablanca, al oriente de Cali, de donde aseguran tuvieron que salir al ser nuevamente víctimas de la violencia, al estar en medio de constantes enfrentamientos entre pandillas. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte y extorsiones. Las mujeres denuncian “un abandono por parte del Estado” a pesar de haber recurrido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, que solicitó al Gobierno adoptar medidas tutelares para garantizar la vida y la integridad física de las 27 afrocolombianas y sus familias. “Buscamos la reubicación porque para retornar a nuestros lugares de origen no hay garantías, pues sigue la misma guerra allá y a nosotros nos da miedo regresar”, indicó Maria Tirza Paz, desplazada de El Charco, Nariño. La lucha de estas 27 afrocolombianas comenzó en febrero de este año cuando se tomaron las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en voz de protesta. Al no ser escuchadas se trasladaron, en julio, a las instalaciones de la Unidad de Atención y Orientación de Desplazados, UAO. Ahora duermen, cocinan y realizan sus actividades rutinarias en las afueras de la Secretaría de Vivienda Municipal.“Hemos estado haciendo el acompañamiento de este proceso y se logró hacer una reunión con la Secretaría de Vivienda para el tema de los subsidios. El resultado fue positivo porque el municipio aforó el dinero para entregar un subsidio por $3 millones. Sin embargo, aunque el presupuesto está asignado, no se puede entregar hasta que no se entregue el presupuesto nacional de casi $14 millones. Las ayudas se entregan en Cali pero las avala Bogotá”, explicó Sonia Guerreo Brand, personera delegada de derechos humanos que trabaja con población desplazada y víctimas.Igualmente, según la personera, se logró por intermedio de una mesa de paz, donde intervinieron diferentes autoridades locales, que la Cancillería viniera a Cali para escuchar las peticiones de las mujeres. “Pese a ello, no hubo una solución puntual teniendo en cuenta que la comisión es clara en la protección integral de las mujeres pero no en la asignación de vivienda. Aunque se debe considerar que estas mujeres están en alto grado de vulnerabilidad y requieren un lugar seguro para vivir”, indicó. Según la Personería, la Defensoría del Pueblo regional logró una reunión en Bogotá con la Unidad de Protección y Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior para analizar el caso. Se espera que este sábado, una comisión venga a Cali para evaluar la situación.