Minería en los cerros pone en jaque al Alcalde de Cali

default: Minería en los cerros pone en jaque al Alcalde de Cali

Jorge Iván Ospina incumplió tres fallos judiciales que le ordenan terminar la explotación ilegal. La Administración Municipal sólo se ocupó de ellas, pero en el papel, ad portas de terminar el presente gobierno.

Minería en los cerros pone en jaque al Alcalde de Cali

Diciembre 19, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa de El País
Minería en los cerros pone en jaque al Alcalde de Cali

El sector minero según las perspectivas crecerá en el 2012.

Jorge Iván Ospina incumplió tres fallos judiciales que le ordenan terminar la explotación ilegal. La Administración Municipal sólo se ocupó de ellas, pero en el papel, ad portas de terminar el presente gobierno.

No atender tres fallos judiciales que suspenden de tajo la explotación minera en los cerros tutelares y ordenan recuperar el medio ambiente local, tiene en jaque al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, a sólo trece días de finalizar su mandato.Aunque las órdenes judiciales datan de hace varios años y los demandantes y juzgadores han dado tiempo para que el Mandatario pueda acatarlas, la Administración Municipal les ha dado largas y sólo se ocupó de ellas, pero en el papel, ad portas de terminar el presente período.Significa que sólo se han producido los actos administrativos en los que se consigna documentalmente que en esos sitios no puede haber explotación minera.En la práctica, la recuperación del cerro de La Bandera en Los Chorros; la del sector de la mina del Socorro en el corregimiento de Pichindé, en jurisdicción del Parque Natural Los Farallones, y la de Altos de Normandía en el cerro de Las Tres Cruces, no se ha iniciado.El sellamiento técnico impediría que en esos tres sitios se siga realizando dicha actividad ilegal, en tanto que el desalojo de los asentamientos humanos localizados en esas zonas no se ha puesto en práctica por parte de la Alcaldía, responsable del cuidado de los sitios mencionados.Se pretende que la minería ilegal, que conlleva usos de sustancias como cianuro y mercurio, no sigan atentando contra la vida, la salud y el medio ambiente.Por estas razones organismos como la Procuraduría Ambiental y Agraria del Valle y fundaciones que velan por el entorno local iniciaron incidentes de desacato contra Ospina. Como consecuencia, el más reciente lo emitió el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle el 9 de diciembre pasado, sancionando con dos días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales a Ospina porque este no acató el fallo de tutela del organismo, que le ordenaba el cierre técnico de las minas de El Socorro, en el Parque Natural Los Farallones.La decisión acogió la inquietud planteada por la Procuraduría Ambiental y Agraria a la renuencia del Mandatario a cumplir la tutela de mayo 12 pasado interpuesta por ese despacho, en la que se dio 48 horas al Alcalde para proceder a cerrar las minas y efectuar el desalojo.Sin embargo, medio año después poco o nada se ha concretado al respecto.“... evidencia un diligenciamiento renuente por parte de la Administración Municipal de Cali a la orden judicial contenida en el fallo de tutela aludido pues después de seis meses no ha ejecutado el cierre de las minas...”, reza uno de los apartes del fallo del Tribunal.La Procuraduría en su petición insistió -según el Tribunal- en que la orden de cierre no fue acatada en los términos consagrados en la misma. “Así se establece en la respuesta de la Señora Subsecretaria de Policía y Justicia quien en su escrito del 26 de de octubre del 2011 relata en forma pormenorizada las actividades adelantadas por la Administración Municipal y reconoce que no se ha realizado el cierre definitivo...”., advirtió el fallo.Precisamente, El País buscó, previo a la decisión del Tribunal, al Alcalde para conocer las razones que impedían cumplir las órdenes de cierre y dado que las mismas cobijan y afectan al Mandatario. La solicitud se le hizo personalmente, pero el Alcalde aplazó la respuesta, la que hasta ahora él no ha entregado.Este diario contactó entonces a Patricia Inés Corina Rojas, funcionaria de Policía y Justicia citada en el fallo.“Falta terminar el procedimiento de las apropiaciones presupuestales”, precisó la funcionaria y reconoció que se requieren $306 millones para el cierre definitivo de las explotaciones mineras ilegales que azotan los cerros caleños, incluyendo el de Altos de Normandía y el del cerro de La Bandera.Sobre este último incluso el Consejo de Estado ya se pronunció confirmando un fallo del Tribunal, organismo que el 16 de noviembre pasado dio un plazo de 48 horas al alcalde Ospina para realizar el cierre técnico en ese sector, a pesar de que negó abrir un incidente de desacato.Sin embargo, la decisión anticipó que de no hacerlo en el tiempo estipulado procedería a dar curso al desacato, un plazo que evidentemente hace más de tres semanas expiró, por lo que Ospina está ad portas de ser cobijado con arresto similar o mayor al ya proferido.A esto se suma el incidente de desacato iniciado hace unos tres meses por Corpocerros, entidad que acometió la defensa de las Tres Cruces. Allí también el Tribunal Contencioso ordenó a la Alcaldía y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, recuperar el sector de Altos de Normandía. Empero, tampoco se ha dado cumplimiento a dicha orden judicial.Al respecto, María Jazmín Osorio, directora de la CVC, precisó: “Es un tema de acatamiento imperativo a un fallo judicial, su incumplimiento puede generar una responsabilidad penal y disciplinaria traducida en el desacato. Es de gran importancia para poder cumplir la orden del juez en lo que respecta a la Corporación, en primer lugar, la materialización policiva de la suspensión ilegal de minería que debe mantener en el tiempo la Alcaldía Municipal, libre de actividades mineras, para poder en segundo lugar, realizar la orden de recuperación ambiental”.Entre tanto, la Subsecretaria de Policía y Justicia transfirió la responsabilidad a la Policía al indicar que luego del cierre administrativo no se ha mantenido vigilancia en esos sectores para evitar la ilegalidad. “La Policía es temorosa para actuar porque tiene encima a los órganos de control”, indicó al referirse a las comunidades asentadas en los alrededores y que reclaman trabajo, entre otros derechos.Empero, el general Miguel Ángel Bojacá, comandante de la Policía Metropolitana, salió al corte al precisar que “estamos prontos a atender las solicitudes, pero no hemos recibido ningún requerimiento de apoyo y acompañamiento de cierre. Se han hecho visitas de inspección, pero nada más”.Costos de recuperaciónEn el cerro de la Bandera se contempla un proyecto de recuperación ambiental que implica una inversión superior a los $700 millones.Todo el proceso de la recuperación que hay que desarrollar en las Tres Cruces está valorado en $3.500 millones.Empero, a la CVC, que fue involucrada en el fallo del Tribunal como responsable, sólo le compete la recuperación del sector urbano, que corresponde a una extensión de dos hectáreas.Esa área corresponde al sendero entre las Tres Cruces y Normandía.El mismo se recuperaría a un costo de $757 millones, cifra que la entidad ambiental ya presupuestó.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad