Los escombros le quedaron grandes a la Alcaldía de Cali

Más de 40 meses lleva el Gobierno de Jorge Iván Ospina sin encontrar la salida al problema de los escombros en la ciudad, una situación que afecta al medio ambiente y a los recicladores y carretilleros.

Más de 40 meses lleva el Gobierno de Jorge Iván Ospina sin encontrar la salida al problema de los escombros en la ciudad, una situación que no sólo afecta al medio ambiente, pues proliferan los botaderos ilegales, sino que tiene consecuencias nefastas que van desde la violación del derecho al trabajo de unos 3.000 recicladores y carretilleros, hasta el incremento en los precios de las obras civiles en la capital del Valle.El 26 de enero pasado Carlos Rojas, actual secretario de Cultura de Cali y en ese entonces director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, reconoció que la ciudad no contaba con una escombrera oficial, pese a que se estaban abriendo múltiples frentes de obra civil por el inicio de las Megaobras.La confesión de Rojas fue compensada con un anuncio positivo, “trabajamos en la licitación para construir una planta de tratamiento de residuos especiales. Los prepliegos están en revisión por nuestra oficina jurídica y esperamos que en 45 días la planta esté adjudicada, ya hay cuatro empresas interesadas en participar e invertir en el proyecto”.Tres meses después de esa promesa la solución para la falta de una escombrera oficial en la ciudad sigue en el limbo y la cantidad de escombros que generan las Megaobras va en aumento.El País habló con Efraín Sierra, actual director del Dagma, quien explicó que “ya tenemos listo el pliego para abrir la licitación, pero estamos definiendo con la oficina jurídica cuál será la modalidad de selección de la empresa que construya la planta integral de escombros”.El atraso de este proyecto agrava el problema, así como la parálisis de varios proyectos complementarios a esta iniciativa, como una estación de transferencia y un centro de aprovechamiento de residuos, que se contrataron a través de un convenio de asociación con la Sociedad de Mejoras Públicas desde diciembre de 2009 por un valor cercano a los $1.600 millones (ver nota anexa).Como si esto no fuera suficiente, el centro de investigación de escombros, residuos sólidos y lodos activados que se iba a construir a través de otro convenio, esta vez de cooperación técnica, operativa y económica entre el Dagma y Emcali, está suspendido debido a una Acción Preventiva de la Contraloría de Cali.El ente de control considera que “Emcali al utilizar o facilitar el uso de bienes inmuebles de su propiedad para el desarrollo de actividades que funcionalmente no le corresponden, como el aprovechamiento de residuos sólidos y escombros, por tratarse de acciones complementarias del servicio público de aseo, en las que se involucran actuaciones de terceros (recicladores y carretilleros) y se generan beneficios económicos a favor de personas ajenas al Municipio, pone en riesgo los activos de la empresa”.Costosas consecuencias“La falta de una escombrera ha facilitado la disposición ilegal en distintos sectores de la ciudad, como el jarillón del río Cauca, y también pone en riesgo el sustento de unas 3.000 familias que viven del reciclaje y el transporte de dichos residuos”, explicó a este diario la Procuraduría Regional Ambiental y Agraria.La entidad ambiental recuerda que existen tres sentencias, incluida la T-291 de la Corte Constitucional, que conminan al Municipio a dar una respuesta integral al problema de la disposición de los residuos especiales en la ciudad y a vincular a los recicladores y carretilleros como empresarios en el negocio del reciclaje, una actividad que según cifras de la Alcaldía de Bogotá mueve anualmente $60.000 millones en la capital del país y que en Cali puede generar la tercera parte, unos $20.000 millones.Pero las críticas por la negligencia del Municipio en solucionar la ausencia de una escombrera también provienen del gremio de la construcción. María Claudia Álvarez, directora regional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, señaló que “es una necesidad imperiosa de la ciudad que la Administración defina no sólo el lugar o lugares en que se hará la disposición de escombros, sino un plan de manejo integral de dichos elementos”.La directora de la CCI manifestó que esa entidad está dispuesta a prestar su acompañamiento al Municipio hasta la etapa de los prepliegos para dicho negocio. “No vemos suficiente coordinación de las distintas entidades que tiene responsabilidad en el tema y eso es preocupante porque terminan siendo los constructores, grandes y pequeños, los que deben solucionar en la medida de sus posibilidades la disposición, lo cual encarece las obras civiles que se construyen en Cali y, por ende, los recursos de los caleños se ven comprometidos en estos mayores costos”, concluyó Álvarez.El País conversó con los consorcios que construyen las Megaobras, pero no quisieron pronunciarse de manera oficial sobre el tema, aunque en privado aceptaron que si bien ellos presentaron sus ofertas con precios fijos globales, que incluyen el movimiento de tierras y escombros, esos valores podrían ser menores si la ciudad contara con una escombrera en su perímetro urbano.En dichas concesiones se incluyó el valor del transporte de los escombros hasta los sitios de disposición que están autorizados en municipios vecinos como Candelaria, Palmira y Jamundí, eso equivale a unos 20 ó 25 kilómetros que se deben pagar de más por el transporte de cada metro cúbico de escombros, lo cual si bien va incluido en el costo global de cada concesionario, lo terminan pagando los caleños a través de la valorización.Otro punto que genera polémica se relaciona con los lotes que supuestamente están habilitados en los Municipios vecinos para recibir escombros.Según la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, esos permisos están en revisión y de un total de 29 predios ubicados en Candelaria, 12 se han cerrado en el último mes, pues estaban recibiendo materiales no permitidos.Voceros de la entidad explicaron que “si bien en Candelaria no existe una escombrera oficial, que debe ser definida por la Alcaldía, la CVC emitió conceptos de viabilidad a varios predios impactados por la explotación de arcilla para que realicen la recuperación geomorfológica”.Los controles que viene ejerciendo la autoridad ambiental de la región y el invierno que arrecia (que dificulta la disposición de los escombros), agrava la presión sobre los constructores de las Megaobras, el MIO y otras obras civiles que se adelantan en Cali, pues ellos están llevando sus escombros a los predios que están en revisión y que podrían ver disminuida su capacidad de recibir residuos, lo que obligaría a llevar ese material mucho más lejos, con un aumento del costo de transporte por metro cúbico.El Dagma respondeEfraín Sierra, director del Dagma, le dijo a este diario que “en el marco de la urgencia manifiesta por la ola invernal, vamos a despejar y limpiar los escombros que se han acumulados en los sitios provisionales, labor en la que el Dagma invertirá un total de $800 millones, para garantizar que estos operen de forma adecuada el resto del año o mientras se define quien será el operador de la planta integral de residuos especiales”. El funcionario fue enfático al señalar que la entidad ambiental continúa ejerciendo los controles a los concesionarios de las Megaobras en relación con el manejo y disposición final de los escombros, principalmente tierras de excavación, de acuerdo con el plan ambiental que el mismo Dagma les aprobó.El País intentó conocer la fecha tentativa en que la ciudad podrá contar con la planta integral de residuos especiales, pero nadie en la Administración supo dar una razón definitiva. Tampoco se informó una estrategia para destrabar las obras complementarias que adelantan la Sociedad de Mejoras Públicas y Emcali.Convenios sin fecha de entregaLa Administración Municipal no entrega información de cuándo estarán listas las obras que por un valor de $1.636 millones contrató el Dagma con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, SMP, en diciembre de 2009.Las obras son la materialización de un convenio de asociación, modalidad de contratación en la que el Municipio no tiene que abrir licitación o concurso de méritos, que buscaba darle una rápida respuesta a la sentencia T-291 del 23 de abril de 2009, en la que la Corte Constitucional ordena al Municipio ejecutar acciones urgentes para atender a los recicladores y carretilleros que vieron afectado su ingreso tras la clausura del basurero ubicado en Navarro.Sin embargo, dos años después de conocerse el fallo, Cali no cuenta con una infraestructura que permita desarrollar labores de reciclaje, además, no ha vinculado como empresarios de ese negocio a los 680 recicladores que salieron de Navarro y otros 1.300 que estaban en la ciudad y se vieron afectados por la entrega a empresas privadas de las rutas de aseo.El Municipio también tiene descuidados a los 1.400 carretilleros que viven del transporte de escombros, ya que no ha construido un sitio oficial de disposición en el perímetro urbano, como se lo manda otro fallo judicial.Y allí radica la importancia de las dos obras que le fueron adjudicadas a la Sociedad de Mejoras Públicas, SMP, y que esa entidad debió tener listas en febrero de 2010. Debido al atraso, que ya alcanza los 14 meses, y a que la totalidad de los recursos fueron girados por el Dagma a la SMP desde diciembre de 2009, la Contraloría de Cali inició varios procesos fiscales para determinar qué ha pasado con los cuantiosos recursos, después de que en una visita de los investigadores a la sede de la SMP, su directora ejecutiva, Sandra Collazos, se negara a entregar la información contable.Las investigaciones surtieron la etapa de pruebas y controversia por el Municipio y el contratista, se esperan decisiones en los próximos días.